“Descongelan” la causa del juez acusado de prostituir adolescentes

Los jueces de la Cámara en lo Criminal de Viedma lograron conformar el tribunal que analizará las apelaciones de los acusados por el escándalo de prostitución de menores en Viedma. Como el principal implicado es el juez Juan Bernardi, la mayoría de sus colegas se había excusado de intervenir en el proceso y el expediente estaba paralizado.

Ayer, la Cámara confirmó que Rolando Gaitán, María Luján Ignazi y Gustavo Guerra Labayén deberán evaluar la investigación de primera instancia y las quejas que presentaron Bernardi y uno de sus empleados, César Antueque. 

El caso sacudió al Poder Judicial de Viedma por la presunta participación del juez Bernardi en una red que prostituía adolescentes. Según la investigación preliminar, las menores eran trasladadas desde un centro infantil de la provincia hasta una chacra en la que eran obligadas a mantener relaciones sexuales con extraños. En principio, había trascendido que comerciantes y empresarios de Viedma estaban involucrados en el caso, pero hasta ahora Bernardi y Antueque son los únicos implicados.

Causa parada

Tras el procesamiento de ambos sospechosos, llegaron las apelaciones de la defensa y el expediente quedó congelado. Once jueces habían presentado diversas excusas para no intervenir en el proceso, argumentando distintos grados de relación personal con Bernardi. La medida generó fuerte rechazo de los empleados de los juzgados, que a través de su sindicato denunciaron que se trataba de una actitud corporativa que buscaba impedir el avance de la investigación contra el magistrado.

Finalmente, la Cámara rechazó por mayoría cuatro de las presentaciones y entre ellos conformó el tribunal de apelación.

Bernadi fue procesado por el delito de “promotor de actos corruptivos, en concurso real con promotor de la prostitución de una menor de edad, agravadas por abuso de una situación de vulnerabilidad y su calidad de funcionario público -juez- hechos repetidos en no menos dos oportunidades -en concurso real. A Antueque se lo acusa por los mismos delitos, sin el agravante de ser funcionario público. El sospechoso trabajaba como cuidador de la chacra de Bernardi, en la que habrían sido prostituidas varias adolescentes.