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Polémico desalojo en Fernández Oro: hicieron una donación al hospital y resolvieron el conflicto

¿Qué pasó con las personas que se resistieron al desalojo en el Loteo Social 3 de Fernández Oro? Detalles de la decisión judicial.

La fiscalía de Cipolletti, luego de una conciliación exitosa y de buscar una solución alternativa al conflicto, pidió el sobreseimiento de las personas que resistieron la orden de desalojo de un juez civil. Entre ese grupo que resistió la medida judicial estaba la concejala Beatriz Rodríguez. Cumplieron pautas e hicieron una donación al hospital.

El Poder Judicial de Cipolletti resolvió el sobreseimiento de los imputados en el caso de resistencia a la autoridad durante un desalojo en la localidad de Fernández Oro El mes pasado un fallo declaró extinguida la acción penal contra Beatriz Nancy Rodríguez, Natali del Carmen Mulchi y Eduardo Rodolfo Díaz, quienes habían cumplido con las pautas impuestas tras la suspensión de juicio a prueba.

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El incidente ocurrió el 29 de septiembre de 2022, cuando varias personas se resistieron a una orden de desalojo en el Loteo Social III. Durante el operativo, los involucrados gritaron, cortaron calles, prendieron fuego a neumáticos y forcejearon con la policía. La jueza Amorina Sánchez Merlo determinó que los acusados cumplieron con las condiciones establecidas, por lo que declaró extinguida la acción penal en su contra.

Además, se sobreseyó a Héctor Hernán Salamanca, debido a su fallecimiento el 5 de diciembre de 2022, conforme al artículo 59 del Código Penal. También se resolvió el sobreseimiento de Mulchi Graciela Susana, Muñoz Dina Irene, Sánchez Virgilio Gabriel, Fernández Aldo Rubén, Díaz Héctor Horacio, Rioseco Jaime Arcadio, Oviedo Marcos Antonio y Pavez Juan Carlos. Estos imputados llegaron a un acuerdo conciliatorio con el fiscal, realizando una contribución económica al Hospital de Cipolletti, lo que permitió evitar el proceso penal.

El fiscal destacó que la solución alternativa mediante la conciliación es una vía más satisfactoria que la continuidad del proceso punitivo, ya que no compromete el interés público. Este acuerdo es parte del principio de desformalización del proceso, promovido por el Código Procesal Penal, que busca soluciones eficientes y rápidas a los conflictos penales, se explicó.

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La concejala Rodríguez durante el procedimiento.

La concejala Rodríguez durante el procedimiento.

La jueza señaló que la implementación de estas salidas alternativas permite una resolución pacífica del conflicto penal, en línea con la política de resolución de conflictos del Ministerio Público Fiscal. La acción penal fue declarada extinguida bajo el artículo 59 del Código Penal y el artículo 96 del Código Procesal Penal, lo que habilita a la fiscalía a prescindir de la acción penal en función de criterios de oportunidad.

El 29 de septiembre de 2022, el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos a las once personas que se resistieron al desalojo en el Loteo Social 3 de Fernández Oro. El violento hecho ocurrió cuando la Policía de Río Negro intentó efectivizar la orden del juez civil Marcel Gutiérrez.

Un desalojo promovido por la Municipalidad de Fernández Oro

El desalojo fue promovido por el municipio de Fernández Oro. En un primer momento hubo una instancia administrativa y -como la comuna no pudo recuperar el lote en conflicto- recurrió a la instancia judicial. En el fuero Civil, las personas demandadas ejercieron su defensa, aunque finalmente en febrero de ese año, la Cámara de Apelaciones dictó una orden de desalojo, que quedó firme.

La parte demandada fue notificada del desalojo, que inicialmente tenía fecha el 16 de mayo. Ese día, un grupo de personas protagonizó una acción de resistencia e impidieron el desalojo.

El desalojo con sentencia de febrero fue reprogramado y nuevamente se desplegó una acción de resistencia. “Cortaron las calles y prendieron fuego cubiertas”, relató el Ministerio Público Fiscal.

A pesar de todo, la Policía tomó posesión del lote en conflicto. En ese contexto arrestó a un grupo de ocho hombres que participaron de la audiencia en condición de detenidos. Otras tres mujeres que fueron liberadas también fueron acusadas en la audiencia de formulación de cargos. Se les atribuyó el delito de resistencia a la autoridad previsto en el artículo 239 del Código Penal de la Nación.

La jueza de garantías que condujo la audiencia dio por formulados los cargos, fijó la prohibición de acercamiento e ingreso al predio y presentaciones periódicas para los imputados ante la comisaría u organismo judicial. Los detenidos fueron liberados con esas restricciones.

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