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Cesión de tierras costeras: piden a Carreras intervenga

Es por el proyecto de un astillero que pretenden instalar con aprobación del Municipio local. Buscan frenar la cesión de una parcela costera cercana al Puerto.

La detención del viedmense Federico “Fred” Machado en Neuquén, con pedido de captura de Interpol por vínculos con el narcotráfico y lavado de activos, extiende más dudas sobre el proyecto de un astillero que se pretende instalar en SAE, con aprobación del Municipio local y el silencio de gobierno provincial. Polémica por la cesión de tierras.

El bloque del Frente de Todos reclamó a la Provincia que intervenga en la preservación del Área Natural Protegida Bahía de San Antonio e instrumente las acciones necesarias para poner freno a la cesión de una parcela costera cercana al Puerto de Ultramar por parte del Municipio de San Antonio Oeste, en beneficio de una empresa con oscuras vinculaciones.

En marzo pasado, el Municipio que gobierna Juntos Somos Río Negro cedió en comodato por diez años, prorrogables por un período similar, un lote de 20 mil metros cuadrados ubicado entre la estación marítima y la reserva faunística de Punta Villarino, con la supuesta intención de instalar un astillero.

“La decisión genera un serio riesgo para la comunidad sanantoniense porque, a pesar de que se promete una mínima generación de puestos de trabajo, se sabe que existen serios peligros ambientales y se transfieren valiosas tierras frente al mar a una firma sin antecedentes conocidos en el rubro, con presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero”, afirmaron desde esa bancada.

El legislador Luis Noale con el acompañamiento de la María Eugenia Martini, Pablo Barreno, Daniel Belloso, José Luis Berros, Ignacio Casamiquela y Daniela Salzotto elevó días atrás un pedido de informes al Ejecutivo Provincial para que aclare si se autorizó la afectación de tierra fiscal para el desarrollo de emprendimientos comerciales, productivos o industriales en la península Villarino, en el ejido de la municipalidad de San Antonio Oeste. En tal caso, pidió conocer si se exigió y aprobó el correspondiente estudio de impacto ambiental y si la Municipalidad de San Antonio Oeste intervino en los procedimientos administrativos para la afectación de la tierra, en los términos establecidos en la legislación vigente.

También pidió conocer el nombre o razón social de la empresa titular que resultó beneficiada en la afectación de la tierra y sus antecedentes en la actividad que desarrolla.

El sitio cedido se encuentra incluido por la ley K Nº 2216, en el Área Natural Protegida Bahía de San Antonio y es de enorme fragilidad, por ubicarse a pocos metros de la colonia de lobos marinos de Punta Villarino.

Las y los concejales del Frente de Todos de esa localidad Guillermo Masch, Marcela Dodero y Vanesa Carmona oportunamente se opusieron a la ratificación del convenio celebrado con la empresa Max Technology SRL, que propone la instalación allí de un taller naval.

Consideraron que el gobierno de Adrián Casadei “hipoteca el futuro de la ciudad debido a la falta total de precisiones sobre el proyecto, la sustentabilidad económico - financiera de la firma impulsora, los antecedentes empresariales y de sus directivos y, fundamentalmente, el posible impacto ambiental que cualquier intervención en ese espacio pudiera provocar”.

La firma que presentó el proyecto es Max Technology SRL, a través de su representante y apoderado, Diego Goñi. La desconocida sociedad desde junio de 2018 está registrada para el transporte aéreo de pasajeros y recién hace un año, en marzo de 2020, se inscribió para la construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte, no para barcos pesqueros o buques de altura, lo que sería importante para las actividades productivas regionales.

Diego Goñi es un piloto militar retirado y emprendedor naval fuertemente vinculado al viedmense radicado hace años en Miami, Federico “Fred” Machado.

Este sábado Machado fue detenido en Neuquén al tener pedido de captura de Interpol acusado por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico en gran escala, lavado de dinero y fraude electrónico. El sospechoso es dueño de una empresa de aviones y lo acusan de financiar campañas políticas de en algunos países, entre ellos Argentina.

Una investigación publicada en marzo por El Periódico de Guatemala señala que "Machado y otros habrían lavado al menos 350 millones de dólares de 2016 a diciembre de 2020, según las investigaciones de la fiscalía estadounidense. Por esto son acusados de cinco delitos: conspiración para manufacturar y distribuir cocaína, conspiración para fabricar y distribuir cocaína sabiendo que esta iba a ser llevada de manera ilegal a Estados Unidos, manufactura y distribución de cocaína con el conocimiento de que ésta sería ingresada de manera ilegal a Estados Unidos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico".

Frente a toda esta información que hace muy preocupante la cesión de un lote contiguo al puerto a una empresa con supuestos vínculos con el narcotráfico, el bloque que preside María Eugenia Martini pidió al gobierno de Arabela Carreras que instrumente las medidas necesarias para evitar estas negociaciones de consecuencias imprevisibles para la comunidad de San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto en particular y para el litoral marítimo rionegrino en general.

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