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Sin avances en pesquisas por crimen de José Maciel

Tras el atentado a la Escuela de Policía en 2010, la Justicia Federal continúa con la investigación.

Se aguardan informes de peritos que podrían derivar en alguna novedad importante en relación a la muerte del trabajador municipal.
 
A escasos meses de cumplirse dos años del atentado a la Escuela de Policía de Cipolletti, la Justicia avanza en forma muy lenta en la búsqueda de los autores del hecho que derivó en la muerte del trabajador municipal José Maciel. De manera concreta, todavía no hay sospechosos ni imputados y se esperan los resultados de una serie de pericias.
Fuentes ligadas a la delicada investigación resaltaron que en 2012 se deberían producir novedades importantes y por lo menos, uno o más pedidos de detención. Pero todo depende de los informes que se entreguen a los nuevos funcionarios del Juzgado Federal de General Roca y que serán comparados con las diversas hipótesis que se manejan.
 
Pelos y mapeos
La actividad durante la actual Feria judicial de verano es casi nula en los pasillos del edificio de la Justicia Federal y el reemplazante del ex juez subrogante Santiago Inchausti deberá definir qué camino tomar ante la ausencia de novedades destacadas en el último tiempo.
En este marco, las fuentes volvieron a reiterar que la intervención primigenia de la Justicia provincial y su posterior declaración de incompetencia implicaron una demora fundamental en las pesquisas.
Los únicos elementos que, en forma inicial, podrían arrojar algunos datos certeros son pelos secuestrados y que son objeto de estudios en distintos laboratorios forenses. También hay expectativas en relación a material biológico y “mapeos” solicitados por los investigadores.
“Es una causa muy compleja”, confiaron las fuentes a este diario, que rescataron la contención brindada a la familia de la única víctima, el cipoleño José Maciel.
Otros indicios que se investigan tienen vinculación a amenazas previas al atentado y que podrían orientar a la Justicia sobre los posibles responsables de la colocación de las bombas en esta ciudad.
Maciel murió luego de manipular un artefacto explosivo que fue colocado frente a la Escuela de Policía, el 13 de julio de 2010.

Una tardía declaración de incompetencia de la Justicia local

Desde el ámbito federal no se oculta que la falta de resultados en la investigación del atentado se relaciona con demoras iniciales.
 
Tras el atentado en la Escuela de Policía de esta ciudad y la muerte de José Maciel, la investigación quedó a cargo del Juzgado de turno de Cipolletti. En un primer momento, el trabajo fue llevado adelante por Gustavo Herrera y luego, por Sonia Martín, quien finalmente declaró su incompetencia.
Antes, el Juzgado Federal de Roca habría manifestado que lo ocurrido frente al edificio situado en calle Fernández Oro era de su incumbencia.
Así fue que la causa penal se abrió en las oficinas cipoleñas de Urquiza y España y se avanzó con la recolección de distintas pruebas.
Se manejó una serie de hipótesis, pero las pesquisas se encaminaron a la autoría de personas ligadas a grupos extremistas.
A la hora de mencionar los posibles motivos del ataque explosivo contra la Escuela, se deslizó el asesinato del adolescente Diego Bonnefoi en San Carlos de Bariloche. Asimismo, se apuntó contra una célula terrorista chilena conocida como la “Logia Lautaro” y que, en la región, ganó relevancia por la detención de dos de sus supuestos integrantes: Marcelo Villarroel Sepúlveda y Freddy Fuentevilla Saa. De acuerdo a fuentes policiales, otra presunta representante del grupo clandestino trasandino, Andrea Urzúa Cid, estuvo en la zona valletana el día del atentado.
Sin embargo, las sospechas nunca derivaron en una citación para declarar.
Transcurrido casi medio año del incidente, en forma sucesiva, la Fiscal Silvana García, y luego, la responsable del Juzgado de Instrucción Nº 2, Sonia Martín, declararon su incompetencia y fundamentaron su apartamiento en que “los hechos encuentran su encuadre legal en la figura prevista por el artículo 189 bis, 1º Párrafo, del Código Penal, el que conforme lo dispuesto en el artículo 33 inciso e) del Código Procesal Penal de la Nación, es de competencia federal”.
Por este motivo, el Juzgado que estaba a cargo de Inchausti tomó la responsabilidad de la investigación.
Los familiares de Maciel, casi en solitario, vienen reclamando justicia desde hace tiempo. Su reclamo es llevado adelante por los abogados querellantes.
En tanto y en el transcurso del año pasado, se pidió apoyo al gobierno provincial para el esclarecimiento del crimen.

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