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Se reanuda la investigación por la web porno y allanaron dos viviendas

El fiscal jefe Rómulo Patti ordenó la reapertura de la causa tras el pedido de los abogados querellantes que representan a las víctimas. Delitos Sexuales secuestró tecnología a peritar.

La investigación de la web porno, en la que decenas de jóvenes del Alto Valle denunciaron haber encontrado fotos suyas publicadas sin su consentimiento, se reanudó por orden de la fiscalía, y las viviendas de dos supuestos "distribuidores" del contenido fueron allanadas como primera medida para avanzar.

El jueves por la mañana, alrededor de las 9, se realizaron dos allanamientos en simultáneo a cargo de la División Delitos Sexuales y Trata de Personas de la Policía provincial, en el marco de la investigación por presunta facilitación de material pornográfico.

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Cabe recordar que en mayo de 2020, LM Cipolletti y LM Neuquén dieron a conocer la pesadilla en la que se encontraron inmersas decenas de jóvenes de la región, al toparse con fotos suyas tomadas de sus perfiles en redes sociales, siendo replicadas en una página web pornográfica bajo el servidor Poringa.net.

“Son fotos que estaban en Facebook o Instagram que subieron ellas y alguien las copió y las subió al portal de distribución de pornografía”, detalló el fiscal del caso, Andrés Azar en ese entonces, cuando se iniciaron las primeras pesquisas para intentar dar con quienes robaron el material. Escudándose con perfiles truchos, los usuarios ofrecían en el sitio web las imágenes sin consentimiento de sus dueñas, en algunos casos brindando incluso información de contacto de la víctima y con una suscripción monetaria como filtro para acceder al material.

Sin embargo, poco duró la causa, dado que en julio Azar resolvió archivarla por la ausencia de delito.

El fiscal Rómulo Patti solicitó 12 años de prisión para el imputado.
Fiscal jefe Rómulo Patti

Fiscal jefe Rómulo Patti

"Se desestimó porque no es un delito penal, sí civil. El robo de datos se considera un delito civil", explicó el fiscal Andrés Azar al ser consultado por LMN al respecto y ante el enojo de las víctimas, que hicieron sentir su bronca a través de las redes sociales.

Este viernes, a siete meses de esa decisión, el fiscal jefe Rómulo Patti explicó a este medio lo que sucedió luego: "En realidad, nunca se cerró el tramite. La orden del doctor Azar en ese momento, con buen criterio a pesar de las criticas, fue revisada por pedido de los abogados querellantes de algunas de las denunciantes y decidí que se reanudara la investigación. A partir de ahí, Azar siguió trabajando con la producción de pruebas que proponía la querella y con otras ordenadas por la propia fiscalía; se completaron testimoniales, se pidió información a la policía, algunas pesquisas tecnológicas, y se dio con tres lugares donde estarían los equipos utilizados para hacer circular el material".

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Según se supo, la mayoría de los IP detectados fueron accedidos con teléfonos celulares, lo que hace más difícil llegar al usuario. Por esto, por el momento sólo se determinaron tres domicilios vinculados, dos de los cuales fueron allanados el jueves, ambos con resultados positivos.

Puntualmente, los efectivos allanaron una vivienda sobre calles San Martín y Combate de San Lorenzo, y otra en inmediaciones de Santa Fe y Basavilbaso. Como resultado de las diligencias, se logró el secuestro de un teléfono celular, una tablet, dos notebooks, dos CPU y una computadora integrada All in One. Aunque habían ocupantes en ambos lugares, no se demoró ni notificó a nadie por el momento, hasta tanto se periten los dispositivos y se determine la presencia (o no) del material buscado.

En este sentido, Patti indicó que la distribución del material de mujeres mayores de edad, aunque es sin duda una violación de su privacidad, no está contemplado aún como delito por la Justicia argentina. Aún así, se busca determinar, mediante las pesquisas actualmente en curso, si existe algún otro delito por el que sí pueda avanzar la causa, como por ejemplo, grooming.

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