Registro provincial de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales
La entidad dependerá del Ministerio de Producción provincial, que será la autoridad de aplicación. La Dirección General de Catastro e Información Territorial deberá instrumentar el intercambio de información de forma regular, completa y accesible.
Los titulares de inmuebles rurales existentes al inicio de la vigencia de la ley, contarán con un plazo de seis meses para comunicar a la autoridad de aplicación la cantidad de áreas rurales bajo su órbita, los que así no lo hicieran serán pasibles de multa.
Los escribanos actuantes en las operaciones de compra-venta de inmuebles rurales deberán informar a la autoridad de aplicación los datos en un plazo de 72 horas.
La autora del proyecto, Magdalena Odarda, explicó en su fundamentación que el registro busca realizar un mayor seguimiento sobre las operaciones de compra-venta de tierras (privadas y fiscales) para prever y poder detener los procesos de desruralización y paulatina concentración y extranjerización de la tierra, para elaborar políticas de Estado que permitan parar “esta sangría de productores que estamos sufriendo”.
La legisladora del ARI explicó que en Río Negro ya han desaparecido más de mil productores en sólo 6 años y que el proceso ha avanzado no solamente en lugares emblemáticos, como la Cordillera, sino también en la Línea Sur, en la Costa Atlántica y en los valles de la provincia.
Por otro lado, la Cámara respaldó por unanimidad una iniciativa que establece procedimientos para que el juez competente en ejecuciones hipotecarias judiciales o extrajudiciales realice la liquidación del total adeudado antes de la subasta o del desapoderamiento del deudor, a fin de cancelar la deuda sin la pérdida de la vivienda única familiar.
Con esta ley se incorporan tres artículos al Código Procesal Penal Civil y Comercial. El impulsor del proyecto, Enrique Muena, explicó en el recinto que con esta ley los jueces ejercerán sus facultades sobre la base de los derechos constitucionales de propiedad y de acceso a una vivienda única y la protección integral de la familia.
El legislador de Concertación Victoria Popular definió a la propuesta como un “resguardo de la vivienda única y familiar de muchos rionegrinos que vieron y creyeron con toda ilusión que el sueño de la casa propia se concretaría en 20 ó 30 años pagando todos los meses, con mucho esfuerzo, la cuota de su casa”.
