La Justicia ordenó restituir las pensiones por discapacidad suspendidas en Río Negro
La resolución reconoce el carácter esencial de las pensiones por discapacidad y establece sanciones económicas si no se restablecen en cinco días.
La Justicia Federal en Viedma emitió un fallo clave que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restituir las pensiones no contributivas a personas con discapacidad que habían sido suspendidas sin previo aviso. La resolución establece un plazo de cinco días hábiles para cumplir con la medida y fija un apercibimiento de $35.000 por cada día de demora en caso de incumplimiento.
La decisión judicial reconoce el carácter alimentario y esencial de estas pensiones, al tiempo que protege a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes se habían visto de un día para otro privados de un beneficio fundamental para su subsistencia.
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Desde el bloque legislativo Vamos con Todos celebraron el fallo como “una victoria de la dignidad y de la defensa de derechos básicos”. Fueron sus abogados quienes promovieron amparos colectivos y brindaron asesoramiento a los damnificados.
El legislador José Luis Berros destacó la tarea de los asesores legales Manuel Castañeda y Ernesto Montecino Odarda, quienes acompañaron a las organizaciones en la presentación judicial.
“Vamos con Todos se puso al hombro esta causa, porque no vamos a mirar para otro lado mientras se aplican medidas inhumanas que dejan a miles de personas en la absoluta indefensión. La motosierra brutal de Milei no puede cortar derechos esenciales. Este triunfo judicial es un triunfo de la dignidad”, expresó Berros.
Alcance federal
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es su alcance más allá de Río Negro. El fallo dispuso vincular la causa con otro expediente colectivo que tramita en Catamarca. Este movimiento, explicaron los legisladores, contribuye a construir un criterio uniforme a nivel nacional frente a la suspensión masiva de pensiones.
La legisladora Magdalena Odarda resaltó: “Al reconocerse la conexidad con la causa de Catamarca se unifican criterios y se suspende el avance de un decreto regresivo e inconstitucional. Este es un paso enorme para frenar la suspensión masiva de pensiones y devolver esperanza a las familias más vulnerables”.
Organizaciones sociales, un actor clave
El fallo también reconoció el rol de las organizaciones de la sociedad civil, que en ciudades como Bariloche y otras localidades de la provincia se presentaron como actoras en la causa. Su compromiso y movilización fueron determinantes para visibilizar la problemática y sostener la lucha en los tribunales.
Odarda felicitó a las asociaciones locales: “Queremos destacar la valentía de defender a todas las personas con discapacidad. Este fallo demuestra que cuando el pueblo se organiza y cuenta con respaldo político y jurídico, los derechos pueden ser defendidos y recuperados”.
“Cada vez que se intente avasallar derechos, vamos a estar presentes, defendiendo a quienes más lo necesitan. No vamos a permitir que el ajuste se haga sobre las espaldas de las personas con discapacidad, de los jubilados ni de los trabajadores”, concluyó Berros.
Río Negro garantizó asistencia con fondos propios
Según el último informe de la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, se trabaja en asesoramiento legal personalizado, acompañamiento a instituciones, categorizaciones y articulación con los Consejos Locales.
La titular del área, Dolores Eyheraguibel, explicó que “la Provincia ha tomado la iniciativa de reemplazar lo que Nación no cubre. Reforzamos el programa Gestos, revisamos las suspensiones de pensiones no contributivas para que vuelvan a darse de alta, y sumamos profesionales para agilizar las certificaciones, todo con presupuesto provincial”.
En cuanto a la certificación, Río Negro dispone de 15 Juntas Evaluadoras distribuidas en Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta, Sierra Grande, Luis Beltrán, General Roca, Villa Regina, Cipolletti, Allen, Río Colorado, El Bolsón y Bariloche. Además, se habilitaron juntas virtuales e itinerantes para responder a situaciones urgentes y evitar largas demoras en la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Actualmente se registran 9.000 certificados en Bariloche, 4.700 en Roca, 4.550 en Viedma y 3.800 en Cipolletti, las localidades con mayor demanda. “Queremos que el trámite sea ágil y accesible en cada rincón de la Provincia”, subrayó Eyheraguibel.
Paralelamente, equipos técnicos capacitan y asesoran a más de 60 instituciones vinculadas a la temática, promoviendo la autogestión y el trabajo en red. Para fortalecerlas, la Provincia evalúa sus proyectos anuales y brinda aportes económicos. En lo que va de 2025 ya se autorizaron 20 apoyos por un total de $72.500.000, de los cuales $49.500.000 ya fueron abonados.
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