La Fiscalía dispuso operativos en los domicilios de los trabajadores que tenían la llave del depósito. El sector donde estaban las armas no tenía cámaras.
La causa judicial que investiga el robo de 102 armas del depósito del Poder Judicial de General Roca sumó un nuevo capítulo esta mañana. La Fiscalía dispuso los allanamientos en las viviendas de dos trabajadores judiciales que tenían a su cargo la llave del sector donde se almacenaban el armamento y eran responsables del ingreso de armas secuestradas en procedimientos judiciales.
La investigación que surgió por el faltante de armas detectado en los tribunales de General Roca realizó los dos procedimientos esta mañana y llevó adelante el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para su análisis.
El dato surgió de las respuestas remitidas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Legislatura de Río Negro ante un pedido de informes sobre el caso. Los informes indican que los agentes investigados eran trabajadores responsables del ingreso de armas secuestradas.
Según la investigación oficial, ambos empleados eran los encargados de custodiar las armas secuestradas y tenían en su poder la llave de ingreso al sector de resguardo, es decir, cada elemento colocado en el depósito judicial, pasaba por la intervención de estos dos trabajadores.
Los informes también revelaron un importante dato sobre las condiciones de seguridad existentes cuando se detectó el faltante. El sector de ingreso al depósito no contaba con cámaras de vigilancia y las más cercanas al sector, en el ingreso al edificio judicial no estaban en funcionamiento, según la información remitida a la Legislatura.
Esto significa que no hay imágenes que reflejen los movimientos en el depósito de armas ni tampoco se puede crear una línea de tiempo entre las personas que ingresaron y salieron del inmueble.
En ese sentido, las medidas impulsadas por el Ministerio Público incluyó el relevamiento de huellas, análisis de registros vinculados al ingreso y egreso de elementos secuestrados, extracción de información pertinente de dispositivos electrónicos y la difusión del pedido de secuestro de las armas a toda la red policial.
Incluso, una línea de investigación apuntó contra un trabajador del área de mantenimiento del Poder Judicial. Sin embargo, el informe no encontró pruebas que le atribuyan responsabilidades en el robo de armas, ni informa imputaciones respecto de esa persona.
El escándalo por la desaparición de armas del depósito del Poder Judicial de Roca sumó un nuevo capítulo ante la difusión de un listado parcial del armamento faltante en los tribunales. La lista detalla las características de las 85 armas ausentes en el espacio de almacenamiento judicial.
La investigación incorporó una lista que describe que la mayor parte del material faltante son armas de puño, con una fuerte presencia de revólveres, pistolas y calibres bajos. Este registro permite identificar el tipo de armamento involucrado en el caso.
Dentro de ese listado, 55 de las 85 armas faltantes fueron identificadas como revólveres, como la que dio origen a la investigación a partir del hallazgo de un revólver durante un procedimiento judicial en una vivienda de Tiro Federal.
También se identificaron 17 pistolas, 5 escopetas, 5 rifles, una carabina y dos armas de puño sin una descripción precisa, pero trascendió que la mayoría de las armas serían calibres 22, 32 y 38. Ese detalle permite entender qué tipo de armas forman parte de la investigación, aunque no representa la totalidad del material bajo análisis.
El punto más sensible no radica por el tipo de armamento, sino por la falta de información sobre el número final del armamento faltante. La investigación trabaja con una cifra preliminar de 119 armas en faltante, mientras el listado reúne 85 armas que pudieron ser identificadas, lo que refleja que aún hay armas bajo análisis o que no fueron individualizadas.
Esa diferencia de cifras refleja el interrogante sobre cuántas armas faltan realmente, desde cuándo no están bajo control judicial y qué fue lo que pasó en el circuito de custodio.
Además, surgieron otras líneas de investigación vinculadas al destino del armamento. El abogado Oscar Pineda, en declaraciones a Canal 10, confirmó que defiende a dos personas investigadas que no pertenecen al ámbito judicial, sino que estarían vinculadas a etapas posteriores del hecho, como la posible distribución o venta de armas.
Hasta la actualidad, no hay imputaciones formales y la causa continúa en etapa de investigación.
En paralelo, se tomaron medidas dentro del Poder Judicial. Al menos tres empleados fueron apartados de sus funciones de manera preventiva, mientras avanza un sumario administrativo a cargo del Auditor General Juan Manuel Montoto Guerrero.