Escándalo por desaparición de armas en Río Negro: la mira está puesta en la Justicia de Roca

Aunque el arqueo general ordenado por el auditor del Poder Judicial, Juan Manuel Montoto Guerrero, llevó algo de alivio a las autoridades, la tranquilidad está lejos de ser total. Según fuentes oficiales, no se detectaron faltantes de armas en las circunscripciones de Viedma, Bariloche y Cipolletti. Sin embargo, ese dato no alcanza para disipar la preocupación: el escándalo ya tiene una dimensión demasiado grande.

El foco de la crisis sigue firme en General Roca. Allí, dentro de la Segunda Circunscripción, se confirmó que al menos 106 armas desaparecieron del circuito legal en los últimos meses. Pero el número podría ser aún mayor, según informaron funcionario judiciales al medio Literal. Los relevamientos continúan en toda la región judicial —que abarca desde Allen hasta Río Colorado— y en la Justicia nadie se anima a asegurar que la cifra final ya esté cerrada.

El último arqueo de armas

¿Desde cuándo está ocurriendo esta “fuga” de armas desde los depósitos judiciales? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero sí hay un punto de partida para la investigación penal, que está a cargo de la fiscal jefa, Teresa Giuffrida. El último arqueo general se hizo a fines de 2023, entonces desde allí arrancan las miradas sobre la cadena de custodia de los elementos secuestrados en diferentes allanamientos realizados en el Alto Valle y el Valle Medio.

Como se informó, la grave falla de los controles internos se detectó hace pocos días, luego de un operativo realizado en el barrio Tiro Federal de Roca. Allí se incautó un arma y cuando se ingresaron los datos de numeración al Sistema de Oficinas Judiciales, donde funciona la Unidad de Control de Efectos Secuestrados (UCES), surgió el aviso que indicaba que un revólver con esa numeración ya estaba bajo custodia del Poder Judicial.

La posibilidad de que se trate de un arma gemela obligó a dar un segundo paso de control. Dentro de la misma Ciudad Judicial, alguien recorrió desde el octavo piso hasta el subsuelo, donde permanecen los elementos secuestrados dentro de cajas cerradas, y en cuestión de minutos confirmó la peor de las sospechas: el arma no estaba y lo que habían traído desde el barrio Tiro Federal era lo mismo que alguien había sacado a escondidas del edificio judicial.

Denuncia penal y auditoría

La respuesta fue inmediata y contundente: se presentó una denuncia penal y, en paralelo, se ordenó una auditoría interna con un arqueo en toda la provincia. El resultado trajo algo de claridad en medio del escándalo: en las otras tres circunscripciones había 122 armas bajo custodia —68 en Bariloche, 27 en Viedma y 27 en Cipolletti— y todas estaban en su lugar.

Pero ese dato, lejos de cerrar el caso, terminó de acotar el problema. La investigación empezó a cerrarse sobre un punto específico: General Roca. Y más precisamente, sobre los movimientos dentro de la Oficina Judicial, donde funciona la Unidad de Control de Efectos Secuestrados (UCES), el área encargada de resguardar las armas bajo un protocolo vigente desde 2021.

Imputados y sumariados

Con el avance de la investigación, comenzaron a aparecer responsabilidades concretas. Por ahora, hay dos empleados imputados en la causa penal y una tercera persona alcanzada por el sumario administrativo impulsado por el auditor general.

Según fuentes oficiales, los imputados ocupan cargos medios dentro de la Oficina Judicial, un dato clave que pone el foco en la estructura interna del organismo.

En paralelo, uno de los ejes centrales de la pesquisa es el control de accesos: quiénes podían entrar al sector donde se guardaban las armas. Hasta el momento, se sabe que al menos tres personas tenían llaves para abrir una de las puertas. Sin embargo, aún no está claro si todos podían llegar hasta el área exacta donde estaban los elementos desaparecidos.