Imputaron a los dueños de la agencia de viajes que dejaron varados a turistas en Escocia

La jueza Rita Lucía imputó e impuso medidas cautelares a Liliana Beatriz Silva y Sergio Nibaldo Silva por el delito de estafas, por un viaje realizado a Escocia en julio de 2024, donde quedó varado un contingente de 58 turistas de distintas localidades de la región, que habían pagado montos de entre 4.500 hasta 7.000 dólares por persona, aunque una clienta desembolsó más de 44 mil dólares. De allí que se presuma que la maniobra involucró millones de pesos.

La magistrada además declaró al trámite judicial como “causa compleja” y dispuso un año de plazo para concluir la investigación.

Asimismo rechazó dictarles la prisión preventiva a los acusados, como había solicitado el abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco.

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En cambio accedió a retirarle el pasaporte a la mujer y prohibirle la salida del país, salvo por viajes laborales, más una caución por 70 mil dólares.

Ambas hermanos aparecen como responsables de la empresa Live Up Trips , con sede en Catriel, que organizó y comercializó las excursiones a distintos destinos europeos y cursos de inglés.

Sin embargo cuando llegaron a Edimburgo, la capital escocesa, advirtieron que no tenían pasajes de vuelta, conexiones internas y ni estadías, entre otros servicios que no cumplieron.

La causa primero había sido archivada por la fiscal Adjunta Marcela Marchetti, quien consideró que no habían cometido delito, sino un incumplimiento contractual. Pero luego se reunieron nuevas pruebas y el fiscal Jefe Gustavo Herrera dispuso el desarchivo.

Cuatro hechos y se sumarían más

En la audiencia realizada este lunes por la mañana, que se extendió poco más de cuatro horas, el fiscal Herrera explicó que requería la formulación de cargos de cuatro hechos denunciados por residentes de Villa Regina, aunque se podrían sumar otros en los próximos días, según aseguró.

Herrera explicó que los acusados “desplegaron una fachada ardidosamente” en la que “simulaban tener la agencia de viajes Live Up Trips” que ofrecía los paquetes turísticos y educativos.

En la operatoria incluyó la escuela de idiomas “Target English” de Catriel, a cargo de Liliana Silva -es profesora de inglés-, y también la plataforma Simply English, radicada en Escocia, propiedad de Lorraine Weston, a quien la imputada responsabilizó de haber causado el conflicto.

En la mecánica de la maniobra, según el Fiscal, participaron los dos hermanos. La mujer promocionaba los planes de viaje en redes sociales, mientras que Sergio Silva, quien vive en General Roca, se encargaba de recibir pagos periódicos, una parte en efectivo y otros mediante transferencias a la plataforma Simply Englis, aunque ese dinero nunca se aplicó a los servicios prometidos.

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El fiscal indicó que al verse varados en el país europeo los damnificados debieron conseguir dinero entre familiares y conocidos para alojarse, alimentarse y poder regresar.

Previamente Liliana Silva, que los había acompañado, firmó un acta en la que asumió su responsabilidad en el frustrado viaje. “Después se desentendió”, sostuvo Herrera, quien mencionó un caso similar ocurrido anteriormente en la que los acusados fueron condenados.

Herrera fue enfático al momento de describir los hechos y advirtió que las pruebas reunidas son firmes y los ubica como culpables. “Esto ya está resuelto”, manifestó y recalcó que la expectativa de pena es de entre 1 año y 24 años de prisión.

No obstante instó a los acusados a buscar acuerdos para saldar las deudas reclamadas, como ya sucedió con una decena de damnificados.

“Era una amiga, casi de la familia”

Liliana Silva le echó todas las culpas a Lorraine Weston, quien es propietaria de un establecimiento educativo y su nexo en Escocia. Dijo que “eran amigas” y hasta la consideró un familiar por su cercanía afectiva.

Reconoció que promocionaba los viajes, pero su función era dar clases de inglés a los grupos de viajeros.

Relató que cuando Weston era la encargada de proveer los pasajes y brindar alojamiento, y que ya habían advertido falencias en Ezeiza, antes de subir al avión, dado que faltaban cinco pasajes y que ella los pagó.

Pero que cuando llegaron a Edimburgo, le preguntó a la anfitriona qué había pasado, pero que “desapareció” y que después le dijeron que estaba internado en una clínica psiquiátrica porque “se había querido matar”. Lamentó que quedaron abandonados y que sufrieron una estafa.

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“Nunca en todos estos años que llevamos cualquier cantidad de chicos de acá y de todo el país, siempre fueron hermosos los viajes”, subrayó.

Silva también denunció que fue maltratada por los viajeros cuando estallaron los problemas. Aseguró, con vos quebrada al borde del llanto, que la increparon, le gritaron y hasta una de las damnificadas, Carolina Apis -quien pagó más de 44 ml dólares- , la amenazó e invocó que era muy amiga del diputado Miguel Pichetto. “Fue horrible”, aseguró.

Ante ese escenario hostil, agregó que resolvió trasladarse a Portugal junto a familiares, dado que es más económica la estadía, hasta que se hizo la fecha de regreso. Negó que se hubiera ido de vacaciones con el dinero de los damnificados, como la acusaron.

Medidas cautelares

El querellante Marcelo Hertzriken Velasco, como lo había anticipado, pidió que le impongan severas medidas cautelares a los dos Silva. Entre ellas la prisión preventiva por el lapso de un año con el argumento de que existe el riesgo de interceder en la investigación dado que hay testigos que deben declarar y los podrían influir y también porque podrían escapar. Como alternativa requirió embargarle los bienes hasta totalizar 100 mil dólares y la prohibición de salir del país. Agregó la prohibición de acercamiento a cinco testigos de Regina -entre ellos una abogada y empleada judicial-, dado que podrían influir en sus declaraciones futuras.

El fiscal Herrera fue menos contundente. Solicitó una caución real sobre sus bienes por 100 mil dólares, la prohibición de salir del país, el retiro de sus pasaportes y presentaciones semanales en la policía.

El defensor Fernando Ramoa se opuso a la mayor parte de las exigencias. Sostuvo que no hay riesgo de fuga porque la mujer tiene arraigo en Catriel, donde vive y tiene sus instituto de enseñanza de inglés. Además consideró contradictorio deternerla y a la vez sugerir que busque arreglar un resarcimiento con los denunciantes, dado que de ese modo no podría trabajar para generar los recursos. Lo mismo que prohibirle salir del país, dado que siguen comercializando viajes. También se opuso al monto planteado por la parte acusatoria, ya que aclaró que los perjuicios alcanzar un total de 62.260 dólares.

La jueza Lucía rechazó el pedido de prisión preventiva y redujo el monto de caución a 72 mil dólares. Accedió a la prohibición de salir del país y el retiro del pasaporte de la mujer, aunque le concedió la posibilidad de viajar por cuestiones laborales informando donde y el total de días que estará en el extranjero. También fijar domicilio y presentarse cada semana en la policía. En el caso de la mujer en la comisaría de Catriel, y su hermano en la 21 de General Roca. También accedió a prohibirles todo tipo de contacto a los cinco testigos y que en caso de tener que entrevistarla su defensor, deberán requerir una audiencia.