Cortaron la ruta a Vaca Muerta por la escuela de sus hijos y los imputaron en una causa judicial

Tres vecinos de localidad rionegrina de San Isidro que participaron en un bloqueo de la Ruta Provincial 69, que conduce a Vaca Muerta, en reclamo por la construcción de un nuevo edificio escolar, fueron sobreseídos tras cumplir las pautas fijadas en un criterio de oportunidad, el mecanismo previsto en el Código Penal que permite solucionar conflictos de manera alternativa para no llegar a un juicio.

La protesta se realizó durante la madrugada del 26 de julio de 2023 y se extendió durante varias horas generando un caos en la circulación vial, que es intensa por la industria petrolera.

Los manifestantes, en su mayoría padres y familiares de alumnos de la escuela 300 que exigían las obras, fueron imputados por los delitos de “Entorpecimiento de Transporte y Servicios” en concurso real con el “Amenazas coactivas agravadas”.

Ocho acusados

En el piquete participaron decenas de personas, pero en este expediente involucró a ocho: Daniel Pontet, Romina Cascallares, Marcos Zibana, Vanesa Sánchez, Raín Victor, Carlos Fuentes, Miguel Ángel Maritrú y José Vázquez. Los tres últimos aparecen en la reciente resolución.

En la acusación formulada por la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, representada por Judith Saccomandi, sostuvo que la interrupción del tránsito vehicular provocó un daño “incalculable” a la industria hidrocarburífera, dado que la Ruta 69 conecta con la jugosa área petrolera de relevancia mundial.

Pero además consideró que los integrantes de la movilización habían actuado “coordinadamente” con el fin de “doblegar la voluntad” del intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, y al entonces ministro de Educación provincial, Pablo Núñez, para acceder a sus requerimientos.

San Isidro

Sostuvo que recurrieron a la presión ejercida por los “kilómetros de cola de camiones parados durante largas horas”, que frenó el transporte de instrumentos y materiales requeridos en los yacimientos.

“Este es el mal que atemorizó a las autoridades que se vieron obligadas a responder a las exigencias de los manifestantes más allá de toda razonabilidad, siendo que los reclamos pretendidos debían ser encarrilados a través de los trámites administrativos correspondientes, asumiendo dolorosos costos para su implementación…”, expresó la acusación.

Plata para escuelas

La causa judicial contra los tres vecinos se encaminó, durante la tramitación del proceso, hacia un criterio de oportunidad que estableció que los imputados debían realizar un aporte económico a “establecimientos educativos” de Villa Manzano y San Isidro, localidades que pertenecen al municipio de Campo Grande. El fallo judicial no especifica cuánto tuvieron que desembolsar ni tampoco a qué instituciones fue el dinero.

Pero cumplieron con los pagos, porque en una audiencia realizada recientemente la fiscal Saccomandi pidió el sobreseimiento de los tres porque habían hecho efectivo el compromiso.

Como era de esperar, el defensor Oficial Rodrigo Martínez no objetó el requerimiento fiscal.

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Puntualizó que “luego de realizada la audiencia de formulación de cargos, tratándose de una causa con varios imputados fueron trabajando con cada uno de ellos puesto que se trata de una causa compleja y la fiscalía estuvo siempre propensa a hacer acuerdos por considerar que era la forma razonable de solucionar el conflicto objeto de investigación del presente legajo”.

La jueza Rita Lucía, ante el planteo coincidente de las partes, dispuso la desvinculación definitiva de los acusados y dictó el sobreseimiento de los tres.

Respecto a los otros cinco vecinos que figuran en la causa, no fueron incluidos en este fallo.

Qué pasó con la escuela

Los padres de los alumnos querían que se construyera una nueva escuela, dado que su edificio presentaba múltiples falencias. Había un terreno cedido por privados para realizar la obra, dada la carencia de tierras fiscales en Campo Grande.

Ese comienzo de 2023 realizaron múltiples manifestaciones para dar a conocer el reclamo, que incluyó cortes de ruta.

Educación no accedió a realizar un nuevo establecimiento, pero ese año dispuso una serie de arreglos en el edificio original.

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Los trabajos consistieron en el sellado de filtraciones, reparación de revoque interior, impermeabilización de cubierta, reparación de canaletas, colocación de cielorrasos con nuevas luminarias y revisión completa de instalación eléctrica.

Además, se colocaron puertas nuevas y se realizó la construcción de nuevo contrapiso y colocación de pisos, entre otros trabajos.

La obra la realizó la empresa Valle Constructora y tuvo un costo de $27.275.903,16. Quedaron concluidas en noviembre de ese año.