Claudio Kielmasz volvió a pedir beneficios y está más cerca de tener salidas transitorias

Claudio Rodolfo Kielmasz, el único condenado por el femicidio de María Emilia, Paula y Verónica ocurrido en Cipolletti en 1997 y conocido como el primer triple femicidio, volvió a presentar un reclamo para lograr beneficios que le permitan acceder a salidas transitorias.

El pedido lo formuló mediante un hábeas corpus que se tramitó el juzgado de Ejecución Penal a cargo de Fernando Romera, en el que alegó “abandono por parte de este juzgado, falta de atención medica, falta de atención psicológica y psiquiátrica”.

El recurso se trató en una audiencia realizada por zoom el 2 de julio, en la que Kielmasz, que cumple la pena a prisión perpetua en una cárcel de La Pampa, se quejó por la deficiente asistencia psicológica que recibe, que le permitiría acceder al privilegio.

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El magistrado, tras escuchar sus argumentos y también a su defensora Oficial, Victoria Marian Martínez, ordenó una serie de medidas que lo dejan más cerca de su pretensión.

En primer lugar, solicitó al Director de la Unidad Penitenciaria Federal N° 4 de Santa Rosa, que remita “un plan de tratamiento individual” sobre Kielmasz, con todos los objetivos que debe cumplir para “avanzar en la progresividad del régimen penitenciario”, de acuerdo a su condena.

Precisó que el informe deberá elaborarse “con visión de proyección a la reinserción social y posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios”, y también deberá contener precisiones “respecto a los familiares que puedan ser designados como tutores”.

Por otra parte, solicitó un examen físico del detenido para conocer su estado de salud en general y, de ser necesario, que sea derivado a un profesional en cardiología para su examen, diagnóstico y tratamiento en esa especialidad.

Asimismo pidió al responsable del penal que evalúe la posibilidad de incorporar al interno “a un sector de mayor autodisciplina”.

La comparación con Robledo Puch

Entre los reclamos expuestos, Kielmasz cuestionó el tratamiento psicológico que recibe. Dijo que comenzó a ser abordado por una profesional, pero que por cambios internos de la cárcel, ahora lo asiste un psicólogo, pero que solo lo visitó cuatro veces.

Remarcó que a pesar que fallecieron su hermana y su sobrina, no lo atendió, y que “ni siquiera agregaron los certificados de defunción para salir al sepelio”.

Además denunció que el psicólogo lo fue a ver a su área de trabajo (dentro del penal) y le informó que “como era una preso que cumplía prisión perpetua, la superioridad le dijo que tenía realizar informes negativos”.

Apelando a una sorprendente parábola, afirmó que las autoridades quieren “que sea un Robledo Puch” (el asesino serial más famoso de la historia penal argentina), pero aclaró que no lo es.

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Advirtió en su alocución que “No es un loco peligroso para él ni para terceros” y subrayó que si Robledo Pucho con informes negativos, le dijo la Corte Suprema que tenían que morigerar su pena, a él “que no tiene informes negativos, no sabe porque no le dan beneficios”.

Kielmasz admitió que “entiende que no lo quieren dejar salir mas”, ya que “si en 30 años no hicieron nada con él es culpa del Servicio Penitenciario y no de él. Por eso considera que el Juzgado abandonó la pena”.

En síntesis, pidió un plan de tratamiento y un régimen abierto. Porque se preguntó “¿Sino cuándo va a salir?” y recalcó que “su pena no es de toda la vida”.

Refirió que en estas tres décadas preso “algo debe haber aprendido” e insistió en que “no está loco, no intentó matarse, no intentó evadirse, la defensa no existe y un juez provincial tiene menos autoridad que un juez federal”.

Para la defensa en 30 años no tuvo beneficios

La defensora Martínez requirió información “para comenzar a trabajar con un plan de tratamiento”. Sabe que existen informes desfavorables de su asistido para ser incorporado al régimen de salidas transitorias, pero que dentro de muros de la cárcel “es un interno que no tiene problemas ni cuestionamientos”, pero que para las salidas transitorias “no se pueden hacer futurología” y que “no pueden asegurar que tenga buen desempeño”.

De todos modos aclaró que “no es una conclusión válida”, y lo adjudicó a que “no hay un profesional que le haga un tratamiento estable”. Destacó que sucede lo mismo cuando lo trasladan de Unidad.

La abogada pidió que se ordene al establecimiento penal cómo van a efectuar el seguimiento extramuros, “para que pueda acceder a los beneficios” y solicitó “un plan de tratamiento para lograr una reinserción social, con o sin supervisión de personal uniformado”.

“Lo que no es aceptable que digan que no va a salir; está purgando pena desde el año 1997. Estamos cerca de 30 años de prisión y aún no hay beneficios”, subrayó Martínez.

Además añadió que para elevar la confianza brindada, solicitó que se aloje a Kielmasz “en un régimen abierto para poder dar comienzo al tratamiento”.

La fiscal pidió informes y cuestionó los traslados

La Fiscalía representada por Susana Carrasco reconoció que la defensa “se expresó claramente” y planteó que debe existir en los informes una “orientación extramuros”.

Pero además subrayó que “le preocupa que no haya entrevistado a los familiares de Kielmasz y no se haya realizado el socio-ambiental. También, agregó, “es preocupante que falleciera la hermana” del condenado y que no fueron informados. Otro cuestionamiento señalado por la Fiscalía es que “el interno siempre anda de un Penal federal a otro”.