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¿Qué pasa si fracasa la propuesta económica del presidente Javier Milei?

Pareciera que la apuesta de Javier Milei es a todo a nada. Para el Gobierno -no queda claro si para la República- sería un triunfo quedarse con todo.

El presidente Javier Milei está jugando a fondo. Sin pasos intermedios busca revertir el déficit fiscal, desregular la economía y ajustar el gasto con una fuerte reestructuración del Estado. Todo de una vez y sin escalas.

Con esta agresiva estrategia intenta gestar una nueva correlación de fuerzas políticas, lo cual implica modificar los equilibrios institucionales que, sin duda, tendrán influencia en el funcionamiento del Gobierno y la administración pública, a partir de la nueva relación de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Congreso de la Nación. Pareciera que es una apuesta a todo a nada. Para el Gobierno -no queda claro si también para la República- sería un enorme triunfo quedarse con todo. Podría ser un juego peligroso desde el punto de vista económico e institucional. Pero, ¿Qué pasa si ocurre lo contrario?

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Probablemente ingresaríamos en un escenario de mucha incertidumbre ya que las medidas quedarían a medio camino en un país a la deriva con una inflación acelerándose a tasas arriba del 25% mensual, pobreza rompiendo el techo del 50%, economía en franco retroceso y trabajadores con salarios que profundizarán peligrosamente su pérdida de poder de compra.

¿Esto quiere decir que deben aprobarse a libro cerrado el DNU y las leyes enviadas por el Ejecutivo para no ingresar en una crisis económica y social? Categóricamente no. Diputados y senadores deben cumplir con sus funciones para preservar el rol institucional del Congreso. Pero el presidente Milei juega con la posibilidad de ocurrencia de este escenario o, por lo menos, lo deja trascender para que sus principales alfiles lo repitan. Lo que no se sabe, es cuan consciente es para comprender que, si emerge la crisis, a él también lo puede llegar a arrastrar.

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Ya se debate la Ley Ómnibus impulsada por Javier Milei.

Ya se debate la Ley Ómnibus impulsada por Javier Milei.

Sí esta claro es que hay dos planos bien definidos en la estrategia de Milei en esta primera parte de su gestión. Uno de ellos es su lucha política para impulsar esta nueva correlación de fuerzas. El otro plano es el económico, que comprende su contrato con el 56% de la sociedad y cuyo principal tema de agenda es la inflación.

En esta línea, un reciente trabajo de la Consultora Escenarios, cuyos directores son los Licenciados Federico Zapata y Pablo Touzon, destaca que “la principal duda social frente a la figura de Milei será medida en función de su capacidad gubernamental para lograr una baja consistente de la inflación a partir de mayo-junio-julio de 2024 y no en el abuso de decretos de necesidad y urgencia en el que incurra para lograrlo”. Estos conceptos terminan de confirmar que la sociedad argentina, tradicionalmente, privilegió el bienestar económico por sobre lo institucional.

El tiempo, en este escenario, es un factor clave. Si a partir de mayo no hay algún tipo de señal que muestre una mejora económica (baja de inflación, recuperación del salario real o repunte de la actividad, entre otras) es probable que la población comience a perder la paciencia y el ajuste, que hasta ahora había tenido una baja resistencia, comience a ser rechazado por la sociedad.

Sin grandes cambios

Pasado un mes de gestión, pocos son los avances estructurales que se observan sobre la desregulación de la economía argentina. Hasta ahora solo se vio una recomposición parcial de los precios relativos de la economía, tomando al salario como factor de ajuste. No mucho más.

Las señales que llegan desde la cartera liderada por Luis Caputo son contradictorias. Por un lado las propuestas hablan de sacarle el pie al privado para que el país pueda generar riqueza y, paralelamente, aumenta impuestos para poder llegar a las metas fiscales proyectadas. Los empresarios no terminan de comprender este tipo de lógica y ajustan sus proyecciones de inversión, preventivamente, de cara a un 2024 incierto.

El Gobierno habla del éxito de la inflación de diciembre, que superó el 25% mensual, con una proyección en los mismos niveles -para ciertos analistas, en algunos casos más- en enero y febrero. Para el trimestre en cuestión, distintas consultoras estiman un salto del índice de precios (IPC) entre 50% y 70%. Difícil será predecir si esto también será motivo de festejo por parte del Ejecutivo.

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Luis Caputo, durante la conferencia en la que anunció el acuerdo con el FMI.

Luis Caputo, durante la conferencia en la que anunció el acuerdo con el FMI.

El ministro Caputo también se sube al relato que defiende la necesidad de la aprobación del DNU y las leyes que envío el Ejecutivo al Congreso para poder hacer las modificaciones estructurales que necesita el país. “En la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más”, respondió el funcionario esta semana tras anunciar el acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acuerdo que le dio algo de oxígeno al Gobierno.

Si bien el espíritu del proyecto apunta a reformar los cimientos de la economía, el texto contiene medidas centrales para alcanzar ambiciosos objetivos fiscales: el aumento de retenciones y el blanqueo impositivo, entre otros. Ambas cuestiones están contempladas en los cálculos oficiales como nuevas fuentes de ingresos que complementarán la poda del gasto público para lograr los 2% del producto bruto interno (PBI) de superávit primario. Pero el ajuste total es de 5% del PBI y se complementa con otras medidas que no deben pasar por el Congreso. De acuerdo a los cálculos del economista Fernando Marull, sólo el 40% de ese ajuste requiere de la Ley Ómnibus, lo que hace suponer que aún en el caso de que no se aprobaran la totalidad de las medidas de corte fiscal, Caputo tendría cierto margen de maniobra. Probablemente, como él mismo advirtió, con la implementación de recortes aún más duros.

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