Cómo sigue el escándalo en la ANDIS: allanamientos, teléfonos peritados y determinaciones judiciales

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) escaló este jueves a un nuevo nivel judicial y político, con la intervención del juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó prohibir la salida del país a cinco imputados, entre ellos el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y empresarios vinculados a la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del Estado en materia de medicamentos.

La medida judicial fue dispuesta a pedido del fiscal Franco Picardi, luego de la difusión de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo, donde se describe un presunto sistema de retornos ilegales dentro del Estado. En las grabaciones, que ya están en manos de la Justicia, el exfuncionario menciona directamente a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem, a quienes involucra en el cobro de porcentajes por contratos con laboratorios y droguerías.

“Vos sabés que tu hermana está choreando”, se escucha decir a Spagnuolo en uno de los fragmentos más resonantes, en el que asegura haber hablado personalmente con el presidente Javier Milei sobre las maniobras irregulares.

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El avance judicial

Además de Spagnuolo, la prohibición para salir del país alcanza a Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y a los hermanos Kovalipker, propietarios de la droguería Suizo Argentina. Este viernes, la Policía de la Ciudad allanó la sede del programa Incluir Salud, ubicada en avenida Rivadavia al 875, y secuestró documentación y dispositivos electrónicos que podrían respaldar las denuncias de corrupción.

En un procedimiento paralelo, los efectivos localizaron a Spagnuolo en su casa de Pilar, donde se incautaron dos celulares, una suma no significativa de dinero y una máquina de contar billetes. Por el momento, no hay detenidos ni acusaciones formales, pero la causa avanza con fuerza sobre los posibles circuitos de recaudación ilegal en un área especialmente sensible del Estado.

Un sistema de “retornos” con epicentro en la salud

Las transcripciones difundidas por medios nacionales muestran a Spagnuolo relatando con crudeza la supuesta lógica del sistema: aumentos porcentuales exigidos a proveedores (“ya no es más el cinco, ahora tenés que poner el ocho”), reparto de comisiones entre funcionarios y operadores, y operaciones políticas a través de designaciones estratégicas en áreas sensibles.

Según sus dichos, Karina Milei recibiría un 3% del retorno, mientras que el resto se repartiría en la “operatoria”. También acusa a “Lule” Menem de haber intentado ubicar personal propio en direcciones clave del organismo.

La respuesta del Gobierno: distancia, dudas y silencios

El presidente Milei no se refirió públicamente al tema. Dio un discurso público y no mencionó la situación y tuvo su día de menor actividad en las redes sociales desde que es jefe de Estado.

La primera voz oficial fue la del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien aseguró no tener “ninguna constancia” de un sistema de retornos y relativizó el contenido de los audios. En declaraciones radiales, Francos dijo que no conoce a Spagnuolo, aunque admitió que fue abogado del Presidente en causas anteriores.

“No sé si la grabación está editada o cortada, ni si fue en un lugar público”, deslizó el funcionario, intentando sembrar dudas sobre la autenticidad del material. Aun así, reconoció que será la Justicia quien deberá “acreditar o desacreditar” los hechos denunciados.

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Cómo sigue

El escándalo pone en jaque no solo a parte del gabinete sino también al relato de transparencia del gobierno libertario. La mención directa a Karina Milei, figura central del dispositivo presidencial, eleva la temperatura del caso. Y si bien no hay pruebas concluyentes de los delitos denunciados, el impacto político es inmediato y corrosivo, especialmente cuando se trata de un área tan sensible como la atención a personas con discapacidad.

El caso también reaviva tensiones dentro del oficialismo. Varios actores apuntados provienen del esquema político heredado del PRO, lo que refuerza las fricciones en el armado nacional de La Libertad Avanza.

La investigación judicial continúa con foco en las comunicaciones, los contratos y los flujos financieros vinculados a la compra de medicamentos. En paralelo, crece la presión sobre el Gobierno para que dé explicaciones más firmes y transparentes.

Por ahora, la causa se mueve entre los tribunales de Comodoro Py y los pasillos de la Casa Rosada. Pero el tono de los audios, el peso de los nombres involucrados y la velocidad de las medidas judiciales sugieren que este no será un episodio más, sino uno que puede condicionar seriamente la narrativa oficialista de lucha contra la “casta”.