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Ocupantes no han sido notificados

Pese a que el fallo de desalojo del Barrio Obrero A se conoció a fines de mayo, todavía no ha sido comunicado oficialmente a los involucrados.

Existe la decisión de apelar y de resistir un eventual uso de la fuerza para echarlos del lugar. Pero se quiere conocer antes la resolución.

En la toma Barrio Obrero A, los habitantes están muy preocupados porque todavía no han sido notificados legalmente del fallo de la Cámara de Apelaciones local que los conmina al desalojo. Los días corren y la resolución tomó estado público a fines de mayo.
Para las comunicaciones oficiales de la Justicia, los ocupantes han habilitado para su recepción el domicilio de Lilia Calderón, referente del asentamiento, y el de la abogada Ana Calafat.
Sin embargo, hasta ayer los inquietos pobladores del barrio irregular seguían sin tener conocimiento del contenido preciso de la decisión de la Justicia. Calderón atribuyó a “problemas administrativos” la llamativa demora, situación que no deja de ser sorprendente.
 
Plazos que corren
El fallo de los jueces Edgardo Albrieu, Alfredo Pozo y Jorge Douglas Price se conoció el miércoles 30 de mayo. Para la apelación de los involucrados existe un plazo de cinco días hábiles, que ya se ha cumplido largamente. Pero como no ha se ha producido la notificación oficial, la decisión de apelar que tienen los ocupantes no ha podido cumplimentarse.
“Nosotros nos hemos enterado de la decisión judicial por los medios. Ni yo ni la doctora Calafat hemos sido notificadas. No nos ha llegado la documentación como para poder evaluar todos sus alcances”, expresó Calderón.
“Lo que sí podemos decir es que vamos a apelar la sentencia, pero ésta nos tiene que llegar primero. No podemos apelar algo que todavía no nos llegó”, enfatizó.
 
Más de 460 familias

Los tiempos son trascendentes en este caso porque están involucradas más de 460 familias, gran parte de las cuales ya ha levantado una vivienda en el lugar.
En la decisión conocida de la Cámara se establece un período de 15 días, renovable por otras dos semanas, para una negociación entre las partes. Si no hay acuerdo transcurridos los tiempos dispuestos, la sentencia quedará firme y se deberá proceder al desalojo.
En la resolución se reconocen las dificultades económicas y sociales que llevan a muchas personas a no acceder a todos sus necesidades básicas, como la de la vivienda. Y se menciona el papel que deben cumplir los Estados nacional, provincial y municipal en la solución de los problemas de los vecinos.
En este marco, Calderón expresó que los ocupantes están gestionando una audiencia con el gobernador Alberto Weretilneck, para que intervenga en el caso y dé respuestas a los reclamos y requerimientos de los habitantes del asentamiento irregular. “Que quede claro: si va a haber un desalojo, va a ser un desalojo violento”, enfatizó la dirigente, que con ello dejó en claro que los residentes del Barrio Obrero A resistirán y no se irán si se los intenta expulsar.
La toma data de abril de 2009. Sus participantes ocuparon tierras ubicadas al norte de Circunvalación Presidente Illia  y que no estaban en producción. El propietario que reclamó ante la Justicia su devolución se llama Carlos Romero.
Por la cantidad de familias residentes, es el asentamiento irregular más grande que hay en Cipolletti. No obstante, son muchas más las ocupaciones existentes, que totalizan según algunos cálculos los 3.500 grupos familiares. Un número más que considerable y que obliga a repensar las políticas en boga.

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