Mendioroz en desacuerdo a los remates de chacras
Esta modalidad ha sido sistemáticamente denunciada por el presidente de la Legislatura y por la presidenta del bloque ARI, Magdalena Odarda, y otros legisladores.
Preocupado por un nuevo remate de una chacra perteneciente a un productor de Río Colorado, el vicegobernador solicitó al ministro de Gobierno de la Provincia, Diego Larreguy, y al jefe de la Policía, Jorge Villanova, que den instrucciones para evitar la subasta, programada para mañana a las 10 en una comisaría local.
En las notas enviadas a los funcionarios, Mendioroz cuestiona la “insistencia de algunos jueces” en desconocer la normativa vigente que, a través de la ley P 4348, suspende los remates judiciales de inmuebles que constituyen unidades destinadas a la producción primaria.
En este marco, el titular del Poder Legislativo envió una nota al juez que ordenó el remate, Santiago Inchausti, advirtiéndole sobre la violación de la ley en el caso de llevar adelante la subasta.
Además, el presidente de la Legislatura advirtió sobre la relevancia del caso, ya que fue designado un destacamento policial para llevar a cabo el remate. “En primera instancia, parecería una acción intimidatoria hacia el propietario”, señaló.
El remate se produciría por una deuda que el fruticultor Pedro Pristupa mantiene con el Banco Nación desde hace unos años. Es la segunda vez que se intenta llevar a cabo la subasta.
El presidente de la Cámara de Productores de Río Colorado, Rubén Pérez, había solicitado la intervención en el caso del Vicegobernador y de los legisladores Magdalena Odarda y Graciela Grill.
Por un caso similar donde se pretendía rematar la propiedad de otro productor, en junio, Mendioroz mandó una carta documento a la sucursal de Villa Regina del Banco Nación pidiendo que se abstenga de realizar cualquier tipo de acto contra la normativa vigente.
Mendioroz recordó que como respuesta, el secretario del Directorio de Banco de la Nación Argentina, Luis Duna, manifestó que la entidad bancaria, “conocedora de las graves circunstancias económicas por la que atraviesan diferentes regiones del país, trata por todos los medios a su alcance de encontrar la forma para que los clientes en dificultades puedan regularizar sus obligaciones vencidas”.
En esa nota el Banco aclara que “se analiza el caso de cada cliente en particular para decidir si se avanza o no con las acciones judiciales, a fin de que no se vean perjudicados los intereses de la Institución en lo inherente a la prescripción de las causas judiciales”. (Prensa Legislatura)
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