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La tragedia de Sol, a un paso de prescribir sin condena ni verdad

Si la Justicia no llama a indagatoria a los directivos del vuelo donde murieron 22 pasajeros antes del 18 de mayo próximo, la causa prescribe sin conocer la verdad. El reclamo desesperado de las víctimas.

En un caso paradigmático, el desajuste de expectativas entre lo que espera la gente de la Justicia y lo que hacen los magistrados y funcionarios judiciales puede ser tan abismal como esperar 12 años una respuesta a la mayor tragedia área que conmocionó a la región en la última década.

Parece increíble que se pueda demorar tanto. Pero ya pasaron 12 años desde que el avión de la empresa Sol Líneas Aéreas se precipitó a tierra en el paraje Prahuaniyeu, en pleno desierto de la Línea Sur rionegrina, a 35 kilómetros de Los Menucos.

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El vuelo había partido de Córdoba con nueve pasajeros a bordo y realizó una escala previa en Mendoza antes de aterrizar en la capital neuquina donde embarcaron ocho pasajeros, entre ellos el neuquino Juan Manuel Ruiz, de 29 años, en lo que era su primer viaje a Comodoro Rivadavia como gerente interino de Recursos Humanos en una empresa petrolera.

Algunos habitantes del pueblo lo vieron sobrevolar casi "sobre el techo de las casas". Tan bajo que pudieron distinguir sus ventanitas. Minutos más tarde, se estrellaría en el campo, a unos 600 metros de la estancia de Alberto Martín, más conocido en la zona como el “Negro Tatai”. Ocurrió el 18 de mayo de 2011.

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Entonces, mucha gente se preguntó qué había pasado en ese vuelo. Pero la causa judicial tuvo que sortear grandes obstáculos durante estos años para responder ese interrogante, tanto que el propio dictamen del Ministerio Público Fiscal Federal -representante de los intereses de la sociedad- llamativamente tomó distancia de los querellantes y desestimó la responsabilidad de los directivos en el desastre aéreo. Consideró que el resultado no fue causado ni tuvo relación con los incumplimientos de Sol a ciertas normas aeronáuticas.

Por ejemplo, que no hubiese pronóstico actualizado sobre las condiciones meteorológicas del área a volar antes de emprender el vuelo; o que la ruta donde operó la aeronave careciera de comunicación y la empresa Sol incumpliera algunas directivas de aeronavegabilidad.

A su turno, el juez federal Leónidas Moldes avaló el planteo de la fiscalía y dijo que "no existió una conducta generadora de un peligro concreto". Agregó que "todas las irregularidades detectadas fueron, en efecto, eso: irregularidades”.

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Vista aérea de la zona de Los Menucos donde hace 5 años se precipitó el avión de la empresa Sol.
Vista aérea de la zona de Los Menucos donde hace 5 años se precipitó el avión de la empresa Sol.

Es decir que para el juez esos incumplimientos no fueron una violación a la norma prevista por el Código Penal. "No causaron un peligro concreto que hubiese puesto en peligro a la aeronave", sostuvo. La responsabilidad, en todo caso, fue del piloto (fallecido) que no respondió ante el engelamiento severo que sufrió la nave.

Moldes fue el juez que también desestimó la denuncia de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) al advertir sobre el ocultamiento de restos humanos y piezas de la aeronave en un pozo cavado a pocos metros del lugar donde impactó el vuelo 5.428 de la empresa Sol Líneas Aéreas.

En su dictamen consideró que la acción penal se encontraba prescripta y dispuso sobreseer a los imputados (Horacio Angeli, Juan Nyffenegger y Danilo Pojamevich). Pero la querella apeló dos veces tal decisión.

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La primera vez, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó el fallo de Moldes. Advirtió que, si bien hubo irregularidades de índole administrativo, ninguna provocó el desastre aéreo, ya que la única causa para que se lamentara tal desenlace fue "el obrar negligente del piloto", quien, ante la evidencia de un engelamiento severo en las hélices del avión, tomó decisiones erradas, según se desprende del fallo.

Pero al recurrir la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, el 6 de marzo los jueces le dieron la razón a la querella, por lo que la causa dio un giro de 360 grados. El fallo apoya el planteo de las víctimas y es interpretado como una luz de esperanza para llegar a la verdad.

"La Cámara no sólo revocó la decisión de prescripción de la causa, sino que caratula al expediente con la calificación de pena máxima -25 años de cárcel- por el artículo 190 del Código Penal. Es que poner en riesgo un medio de transporte ya es delito, y acá además hubo una tragedia", sostuvo el querellante Juan Carlos Ruiz, en diálogo con LMNeuquén.

Y agregó: "La Cámara también insta con la mayor celeridad a que el Juzgado Federal de Bariloche tome indagatoria a los directivos antes del 18 mayo". El temor de las víctimas es que no lo haga antes de ese plazo, porque en ese caso prescribiría la causa.

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El reciente fallo es una posibilidad de averiguar la verdad. Para la querella, no hay dudas de que el avión no estaba en condiciones de partir. "El avión no estaba en condiciones. Su lugar era la tierra, nunca tendría que haber partido", sostuvo Ruiz.

Incluso sobre la responsabilidad del piloto, advirtió que no hizo lo que tendría que hacer por negligencia, sino porque no tenía capacitación suficiente.

"No sabía, no tenía las horas de entrenamiento y simulación que debería haber tenido para actualizar los procedimientos. Había ajustes de la nueva versión del manual que no fueron tenidos en cuenta. La empresa lo sabía y no hizo nada. Había ciertas exigencias de la ANAC y la Secretaría de Transporte que no cumplió, como el sistema de comunicación. Fue una sumatoria de cosas que hicieron que el avión no esté en condiciones de que salga del aeropuerto", contó.

En el derrotero judicial, los querellantes resaltaron que los directivos de la empresa desobedecieron normas regulatorias que debían cumplir y con esa conducta pusieron en peligro la seguridad de la aeronave. "La omisión deliberada de cumplimiento de esas normas fue la que creó el riesgo no permitido que, posteriormente, causó el resultado mortal", sostuvieron.

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Por lo tanto, consideraron errado afirmar -tal como hicieron los magistrados- que las irregularidades detectadas no tuvieron incidencia en el desastre aéreo en tanto obedeció a un obrar negligente del piloto. Y solicitaron que la cuestión se resuelva atendiendo a la calificación más gravosa aplicable en el hecho. Es decir, la pena máxima de 25 años de prisión por la creación de peligro para transportes acuáticos y aéreos, agravado por el resultado mortal.

Pues bien, eso tendrá que hacer ahora el Juzgado Federal de Bariloche, porque así lo ordenó un tribunal superior y con la mayor celeridad para indagar a los presuntos responsables. El sólo hecho de que los llame a indagatoria reavivará la causa por 12 años más.

"Busco la realidad de lo que paso en ese vuelo, porque en ese vuelo hay responsabilidad sobre el estado de la aeronave, que le quepa a quién sea para que no vuelva a suceder. Yo no quisiera otra tragedia. Quiero que se investigue y salga la verdad. Porque todo se tiene que pagar en la Justicia y en la tierra", concluyó.

Se despistó un avión de Sol con rumbo a Neuquén.

Para los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, no corresponde que prescriba una causa por la expectativa de pena que tiene -25 años de prisión- para los imputados. Y resaltaron su trascendencia: "Es una causa que versa nada más ni nada menos que sobre una de las recordadas catástrofes de la aviación en nuestro país". Ponderaron también el derecho de los familiares de las 22 personas que perdieron la vida en ese vuelo a "conocer la verdad de lo sucedido y a tener el juzgamiento de quienes, eventualmente, podrían tener responsabilidad en tal fatal acontecimiento".

Por tal motivo, exhortaron a que el proceso continúe de manera urgente. Hicieron lugar a los recursos interpuestos por la querella, anularon la resolución impugnada y remitieron las actuaciones con la urgencia que requiere el caso al Juzgado Federal de Bariloche.

"No me puedo quedar quieto y decir ya está, no hay más nada que hacer. Esto es grave y la persona que va a un aeropuerto debería tener la seguridad de volver a ver a sus seres queridos. No podemos estar desprotegidos." Juan Carlos Ruiz, querellante.
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