“Familiares del Dolor” piden que no sea aceptada la renuncia del Juez Pablo Iribarren
Ante esta situación los integrantes del grupo autodenominado “Familiares del Dolor” se expresaron a través de una carta, en donde expresión su “formal oposición a la aceptación de la misma” y dieron a conocer una serie de fundamentos.
Puntualmente la causa hacia el magistrado es por su accionar en el primer triple crimen que ocurriera en el año 1997 en Cipolletti.
Fundamentos
1) A nadie escapa que luego de más de 11 años de investigación, nos encontramos con que finalmente este Consejo se encuentra próximo a decidir si el citado magistrado ha incurrido en la causal de mal desempeño durante la instrucción del juicio en el que se debió investigar quienes fueron los autores materiales, intelectuales y encubridores del homicidio de María Emilia González, Paula González y Verónica Villar.
Durante ese tiempo, el magistrado investigado ha gozado de la protección necesaria que le ha permitido continuar en su cargo, a pesar de las gravísimas irregularidades incurridas, las que incluso justificaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual la actuación judicial en la investigación de dicho delito no sólo ha sido una vergüenza municipal, provincial y nacional, sino también internacional.
Es necesario entonces, para la adecuada salud del sistema judicial, e dictado de una resolución por parte de este Consejo que determine si el Dr. Iribarren ha sido o no responsable de que no se hayan encontrado a todos los culpables, o por lo menos de que los familiares de las chicas cruelmente asesinadas no hubieran tenido chances de saber quiénes fueron.
2) Entendemos que resulta sumamente contradictoria la conducta asumida por el Dr. Iribarren, quien por un lado tiene el deber de administrar la justicia por su calidad de magistrado, y por el otro y cuando ya se encuentra en juicio en la etapa final, opta por renunciar, cercenando así a quiénes perjudicó con su accionar, del derecho de obtener un pronunciamiento.
Estamos desconcertados entonces respecto del sentimiento de justicia que tiene el Dr. Iribarren, y mucho más cuando últimamente no le ha quedado recurso por interponer, con la única y exclusiva finalidad de dilatar aún más el trámite de este proceso.
Tal proceder no resiste el mínimo cuestionamiento ético, moral y jurídico, y pone de resalto una vez más la enorme ineptitud del Dr. Iribarren para desempeñar el cargo de juez que actualmente ostenta. En efecto, ha sido anteriormente sancionado por su errónea actuación en la liberación del ginecólogo Paita, que le valió una sanción de suspensión de 60 días. Claro que además de ello, posee otros 5 sumarios en trámite, en donde se lo acusa de gravísimas irregularidades, incluso de brindarle protección judicial al poder político.
3) Por otra parte, no debe perderse de vista que la renuncia al cargo pone de manifiesto una clara demostración de falta de valores democráticos e incumplimiento de los deberes del cargo, en particular el de rendir permanentemente cuentas de la gestión, que es de la esencia del sistema representativo que establece nuestra Constitución. Tal proceder del Dr. Iribarren no nos sorprende en absoluto, si tenemos en consideración que anteriormente intentó amedrentar a los Sres. Pablo y González intimándolos mediante carta documento a rectificarse de ciertas declaraciones, bajo apercibimiento de iniciar acciones civiles y penales, las que por supuesto hasta la fecha no interpuso, en virtud de su manifestada improcedencia.
Y además, de aceptarse la renuncia, se configuraría un acto a todas luces discriminatorio, ya que si cualquier ciudadano debe ser juzgado cuando no ha cumplido con la ley (llámese delito, ilícito civil, contravención, etc), no entendemos por el Dr. Iribarren puede tener el semejante privilegio de no ser juzgado.
En este sentido, es sabido que para preservar las instituciones de la República, nadie debe gozar de privilegios que irritan a la población en su conjunto, ni eludir el juicio que se le realiza, ni mucho menos y lo que resultaría aún más grave, ello deber ser permitido por este Consejo, ya que si así fuera, la aceptación de la renuncia – entre otras cosas- habilitaría al Dr. Iribarren a presentarse a cualquier concurso para juez, camarista o algún otro cargo del Ministerio Público, como ya lo ha hecho, aumentando así el deterioro institucional que atraviesa el Poder Judicial de Río Negro principalmente en su área penal, acrecentando su descrédito y la mayor desconfianza pública en el Servicio de Administración de Justicia de la Provincia.
4) Finalmente, solicitamos a este Consejo que al momento de evaluar la renuncia presentada por el Dr. Iribarren, tenga en consideración no sólo cuestiones que hacen al citado magistrado (Quién ahora resuelta que sorpresivamente se considera víctima de un sistema al que voluntariamente se sometió-pues de lo contrario debería haber renunciado al inicio del proceso-, y cuyo cargo de juez usufructúo durante todos estos años perjudicando notablemente a aquellas personas que acuden al servicio de justicia), sino que es necesario e imprescindible que este Consejo garantice los derechos de todas aquellas personas que han sido afectadas por el mal desempeño del Dr. Iribarren.
Si así no fuera, una vez más las familiar Villar y González, y la ciudadanía en su conjunto -pues el mal desempeño de un magistrado penal trasciende el interés de las víctimas-, dejarán de tener justicia, lo que resultaría indignante e inadmisible.
Familiares del Dolor
