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El fallo de la Corte puede beneficiar a 13 represores

Son condenados por crímenes de lesa humanidad en el Alto Valle que podrían pedir el 2x1.

De acuerdo con un listado provisorio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, serían 13 los represores de la región que podrían aprovecharse del fallo de la Corte Suprema que otorgó el miércoles pasado el beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad.

Son 275 los nombres de represores que aparecen en el listado provisorio confeccionado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). La confección definitiva del listado requiere de una revisión de todas las causas con condenas por delitos de lesa humanidad, incluidas aquellas en las que hay imputados con prisión preventiva pero aún sin condena. Este listado abarca una muestra de 136 sentencias dictadas entre 2006 y 2016, que incluye tanto secuestros y homicidios como robos de bebés. La lista, hasta el momento, representa el 52 por ciento de los imputados condenados bajo arresto.

Entre los represores beneficiados que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar se encuentra el ex general Enrique Braulio Olea, jefe del Batallón de Ingenieros 181 de Neuquén, en cuyo predio funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita, que en el primer juicio realizado en 2008 fue condenado con 25 años de prisión y a 21 años en el segundo proceso judicial.

El ex oficial del destacamento de Inteligencia 182, Eduardo Molina Ezcurra, también integra este listado. Ezcurra recibió en 2008 y 2012 una pena de 21 años de prisión y la misma cantidad (oficial del destacamento de Inteligencia 182), a 21 años y 6 meses. Los demás represores que podrían beneficiarse del 2x1 son Mario Gómez Arenas, Oscar Reinhold, Sergio San Martín, Antonio Camarelli, Gustavo Vitón, Jorge Héctor Di Pasquale, Néstor Castelli, Antonio Laurella Crippa, Raúl Guglielminetti, Luis Alberto Farias Barrera y Jorge Alberto Soza.

Varios de ellos estuvieron vinculados a las detenciones clandestinas en la ex comisaría 24 de Cipolletti, que funcionó en el edificio que actualmente ocupa la Cuarta. Los sobrevivientes cipoleños fueron testigos claves en los distintos juicios por La Escuelita.

Un juez, a favor

Héctor Leguizamón Pondal, presidente del colegio de Magistrados de Río Negro, fue uno de los primeros jueces del país en apoyar públicamente la decisión de la Corte Suprema. El juez barilochense aseguró a Radio 6: “Cualquiera puede pedir el beneficio del dos por uno. Lo que la Corte ha sintetizado en ese fallo es: ‘señores, a partir de cierto momento, el tiempo tiene un valor distinto. Eso no significa impunidad ni imprescriptibilidad”.

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