El clima en Cipolletti

icon
30° Temp
30% Hum
LMCipolletti

Discurso del Diputado Nacional Herman Avoscan

El Diputado cipoleño, tomó la palabra alrededor de las 10,15 horas de la mañana de hoy.

Sr. Presidente:

- El proyecto de expropiación del 51 % de las acciones de YPF tiene un alto valor simbólico para todos los argentinos. Lo tuvo cuando se privatizó, y cuando se desnacionalizó: incluso un periodista de mi provincia se animó a calificar al hecho como “la segunda colonización española”. Y tiene mucho sentido hablar de “colonización” cuando los números nos demuestran que la lógica de Repsol para gerenciar YPF fue la de una empresa colonial. O, si se prefiere, la de una economía de “enclave”: Concentración en una única actividad económica, sin transferencia de recursos ni tecnologías, mientras duren las condiciones de privilegio, con escasa inversión y giro de ganancias extraordinarias a las casas matrices. Como fue el caso de La Forestal, por citar un ejemplo mencionado ayer en esta Cámara.

- Y así como fue alto el valor simbólico de esa privatización, también es alto el valor de su recuperación. Estamos dando un paso enorme en el proceso anunciado por nuestra presidenta Cristina Kirchner, cuando el primero de marzo destacó la necesidad de desmontar los mecanismos de la Argentina de la Convertibilidad.

- La recuperación del control de YPF para el Estado Nacional tiene quizá el mismo peso que la transformación del Banco Central, pero su valor simbólico para el pueblo argentino es mucho mayor. Por historia, por significado, por las expectativas que despierta, esta nueva YPF se visualiza como el paso más firme en la definitiva consolidación de una nueva independencia económica, con soberanía política y justicia social. La nueva YPF que estamos gestando a partir de esta discusión tiene algunas características diferenciadoras de experiencias pasadas, que nos permitirán – estimo -, salvar algunas polémicas que terminaron paralizando el accionar concreto.

En primer lugar, sobre la posibilidad de la participación del capital privado en la actividad petrolera. La nueva YPF contará en su composición accionaria con el capital privado y permanecerá o se sumará aquel que se sienta en condiciones de realizar las inversiones necesarias para desarrollar la actividad petrolera. Que es una actividad de largo plazo y no de rentabilidad inmediata. Y teniendo en cuenta, fundamentalmente, que la conducción estratégica, el establecimiento de los objetivos y el funcionamiento de la empresa estarán a cargo del sector estatal. Pero hay otro paradigma inherente a esta formulación de la nueva YPF que me interesa resaltar: la inclusión del federalismo dentro de la definición de la política petrolera, mediante dos caminos: la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos, donde estarán representadas todas las provincias; y la participación del 25 % del total de las acciones de YPF a las provincias productoras. Quiero resaltar dos aspectos de este principio federal: en primer lugar, el reconocimiento a los estados provinciales como protagonistas en la explotación de un recurso no renovable, que en muchas oportunidades ha dejado más pasivos ambientales que ganancias; y por otro, la búsqueda del equilibrio entre el interés de la Nación como totalidad y el de las provincias productoras.

Existe un sector que viene insistiendo en la necesidad de devolver al Estado Nacional la propiedad absoluta de los recursos del subsuelo, y afirma que las provincias productoras, con apenas el 15 % de la población, tienen en sus manos la política petrolera del país. Confunden “provincialización” con “privatización”, y advierten sobre los riesgos de un falso federalismo que sólo beneficia a algunas oligarquías provinciales. Aquí deberíamos ser más precisos en los términos y reconocer que existen diferentes modelos de federalismo. Así como tenemos un nacionalismo popular y un nacionalismo autoritario, que se oponen antitéticamente, tenemos un federalismo popular y un federalismo de las élites.

Un federalismo vivo, que nace y se desarrolla en las prácticas políticas del pueblo, y un federalismo de cartón de algunas dirigencias conservadoras que lo toman como excusa para aferrarse al poder. Un bueno ejemplo de este federalismo popular es el de Facundo Quiroga. En 1826 el caudillo riojano se levantó contra el atropello del gobierno central de Bernardino Rivadavia, por la propiedad de la mina de plata del cerro Famatina. Rivadavia pretendía ponerla bajo la órbita nacional mientras que Quiroga prefería afirmar la autoridad provincial. Ese fue el primer antecedente de un reclamo federal sobre los recursos del subsuelo. Fue una lucha entre un poder que empezaba a pretenderse hegemónico (el puerto) contra un interior que buscaba un desarrollo independiente. Un ejemplo de “Federalismo de cartón”: en 1920, provincias productoras del Norte (caso Salta), evitaron sumarse a la experiencia de YPF y prefirieron negociar con multinacionales como Standard Oil. Intereses que contribuyeron al golpe de 1930 contra Yrigoyen. Un golpe con olor a petróleo.

La experiencia histórica posterior – especialmente la historia reciente -, nos debe permitir sacar algunas enseñanzas que potencien el desarrollo equilibrado del país, sin subalternizar a ninguna región en beneficio de otras. La reforma de la Constitución de 1994, en su artículo 124, estableció que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Recogía así un viejo anhelo de las provincias. Y así como hablaba de “economía de enclave” para definir la política instrumentada por Repsol en YPF, también podemos definir como “economía de enclave” la que dispuso la vieja YPF sobre los territorios nacionales – especialmente en la Patagonia -, y en las provincias. El modelo centralizado y radial de la YPF anterior a la privatización ya estaba mostrando sus limitaciones en la década del ’80. Había sido de gran utilidad y fue un ejemplo internacional hasta los ’70, por su capacidad de acción, la generación de recursos y la capacitación de su personal.

Pero hacia dentro de las provincias empezaban a verse algunas limitaciones: los pasivos ambientales, la dificultad para hacerse escuchar por las autoridades nacionales, la priorización de trabajos según las necesidades de las áreas más pobladas del país y no del desarrollo regional, el olvido por generar economías sustentables en conjunto con los estados provinciales. Desde su creación, en 1957, las nuevas provincias de Río Negro y Neuquén asentaron en sus constituciones la propiedad provincial del subsuelo y los recursos naturales. Pero dejaban en claro – lo que quedó a salvo en las distintas reformas constitucionales -, que la explotación de los hidrocarburos debía realizarse en conjunto con el Estado Nacional. Esa búsqueda de equilibrio no fue el común denominador en otros estados provinciales: en sus constituciones hay pocas menciones a la participación de la Nación, y en un caso se establece el principio de “subsidiaridad” del Estado en la explotación. Un digno testimonio del paradigma privatizador de los ’90 y que, estimo, sería importante empezar a salvar a partir de la aprobación de este proyecto que estamos tratando.

Este proyecto nos lleva a la consolidación del federalismo por dos vías:

- Para las provincias productoras, la posibilidad de participar en las decisiones al ser parte de la empresa YPF;

- Para todas las provincias, la posibilidad de definir las políticas petroleras en el ámbito del Consejo Federal de Hidrocarburos. Creo que se confunde – en algunos casos involuntariamente; otras veces, a propósito -, la situación de los estados productores de hidrocarburos. Hay quienes pretenden compararlos a una renta natural de la tierra, como la de la soja. Y prefieren olvidar que en realidad, los hidrocarburos son recursos no renovables y lo que las provincias productoras quieren es una oportunidad para preparar sus economías en vista de esa posibilidad futura. Y hay otros que afirman que por contar con destilerías, sistemas de almacenamiento o transporte, deben también ser parte de esta renta petrolera extraordinaria.

Esto es un error porque en un caso estamos hablando de una retribución a la propiedad del recurso. Y en el otro, los servicios, tienen diferentes gravámenes que le permiten también participar de la renta petrolera. Sr. Presidente: considero que este proyecto que estamos tratando hoy en la cámara, es superador de experiencias pasadas; que establece un claro equilibrio entre el necesario federalismo y las necesidades de la Nación contemplada como un todo; que nos permitirá mantener el desarrollo autosustentable y con inclusión social que caracteriza a este modelo que comenzó en mayo de 2003.

Por todo ello, adelanto mi voto positivo.

Dejá tu comentario