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Defensora del Pueblo podría solicitar la intervención del Poder Judicial

Ana Piccinini lo anticipó hoy, porque el Superior Tribunal “está apañando y protegiendo la corrupción en la provincia de Río Negro”.
Cipolletti.- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, anticipó hoy que podría solicitar  a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervenga el Poder Judicial de  rionegrino porque el Superior Tribunal “está apañando y protegiendo la corrupción en la provincia de Río Negro”.
También ratificó que iniciará juicio político al juez Juan Bernardi porque considera que no conoce el derecho al  no  permitirle vindicarse. Criticó además el fallo que dictó la falta de mérito a cuatro funcionarios y tres empresarios de la firma Flavors por la resonante causa de los alimentos sociales.
”Hay sobradas pruebas para condenar por falta de control”, aseveró Piccinini, quien dijo sentirse “destruida” por los alcances del fallo.
Señaló también que “Bernardi es un juez al que se lo manipula” desde el poder y remarcó que “es un fallo político, no jurídico”, aludiendo al dictado de falta de mérito a involucrados –inicialmente- en la causa Flavors.
En otro momento de una extensa rueda de prensa, Piccinini aseguró que “en Río Negro hay un gran corrupción” y reiteró que “el Superior Tribunal de Justicia protege a funcionarios corruptos”.
Inicialmente, la defensora detalló que son 24 las causas interpuestas en los Tribunales y 50 apelaciones y derivaciones a la Justicia sobre “casos emblemáticos” de presunta corrupción.
Comentó que se reunirá con los integrantes de la Corte Suprema Carmen Argibay y Juan Maqueda para exponer la situación que denunció hoy y que también llevará el caso a los Tribunales Internacionales. Dijo que los jueces le pidieron una síntesis de los puntos que vamos a tratar en la reunión y reconoció que está pensando que puede haber causales para intervenir el Poder Judicial.  
Dijo que acompañará la presentación del pedido de juicio político que realizarán  los colegios de abogados a STJ y que aportará  la mayor cantidad de pruebas documéntales posibles  para  demostrar que estos jueces  deben ser juzgados por su conducta (Fuente: ADN).