Crisis, fugas y una cárcel que perdió su objetivo

La pésima situación del sistema carcelario de la provincia generó el arribo de reclusos de peligrosidad. Las malas conducciones también fueron un condicionante. 
 
Frente a la crisis carcelaria que atraviesa Río Negro, el gobierno provincial dispuso el mes pasado que se interviniera el Penal de Ejecución 5 de esta ciudad. La decisión habría sido tomada ante la falta de conducción, los motines y las fugas masivas que se registraron en los últimos meses. 
A pocas horas de que Fabiana Sandoval quedara a cargo de la institución, debió resolver el atrincheramiento de un grupo de penitenciarios, quienes le exigieron seguridad y el equipamiento necesario para poder afrontar situaciones de riesgo.
A dos semanas de esta última denuncia que hicieron empleados del Servicio Penitenciario Provincial, parecería que la calma regresó al penal.
La cárcel cipoleña fue inaugurada en diciembre de 2010. Tenía como finalidad alojar presos de buena conducta y aquellos que contaran con condenas bajas o que estuvieran a punto de terminarlas. Pero la realidad que se vive hoy es muy diferente a la planteada tres años atrás.
En el penal conviven internos de todo tipo de conducta, algunos condenados por delitos graves y otros que recibieron sentencias de períodos cortos. A esto se suma que hay pabellones que son inhabitables por los daños que causaron los reclusos en los últimos dos motines. Las instalaciones aún no fueron reparadas, por lo que en algunos sectores hay más internos de los que podrían ser alojados.
La cárcel local terminó evidenciando las falencias dentro del sistema carcelario provincial, que con el paso del tiempo se fueron profundizando. Es que al no haber otras penitenciarias que contaran con espacio, se dispuso que muchos presos peligrosos fueran trasladados a Cipolletti.
“Las causas de la crisis son múltiples. Una fue la falta de previsibilidad, la ausencia de una política criminal, la falta de una mayor infraestructura para el sistema carcelario y en el caso del penal de nuestra ciudad, en este último año, afectó las malas conducciones que tuvo. Tal es así que debió ser intervenido”, manifestó Guillermo Baquero Lazcano, presidente de la Cámara Segunda y postulante a ocupar una de las tres vacantes en el Superior Tribunal de Justicia rionegrino.
 
Trato inhumano
La cárcel de San Carlos de Bariloche es la que presenta los mayores problemas. El pésimo estado en el que se encuentra el edificio obligó a que más de una veintena de reclusos, de buena y mala conducta, debieran ser trasladados a la penitenciaria cipoleña.
En una oportunidad, Baquero Lazcano visitó la sede cordillerana y según su visión es lo más parecido a un “campo de concentración”. Ante esta situación, el magistrado aseguró que “el penal de esta ciudad comenzó funcionando de manera óptima pero la situación que se vivía en Bariloche influyó directamente”.
“Se terminó transformando en el único lugar donde se podían trasladar internos”, acotó.
Y agregó que no es casualidad que la crisis haya coincidido con las fugas masivas.
 
Violación
El artículo 18 de la Constitución Nacional expresa en su último párrafo que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.
La falta de estructura, equipamiento y capacitación para que los presos puedan reinsertarse socialmente y dejar atrás el pasado que los puso tras las rejas conspiran en forma constante para que se pueda cumplir esta norma.

El traslado, una odisea

Una verdadera odisea viven a diario los penitenciarios que deben trasladar a los internos de diferentes penales a los Tribunales de esta ciudad para que sean juzgados. Muestra de esto son los debates que se han retrasado por más de dos horas porque los imputados no llegaban.
En la mayoría de los casos, los problemas se deben a que no cuentan con combustible suficiente o directamente ni siquiera tienen un móvil a su disposición para trasladarlos.
El año pasado, el juez Guillermo Baquero Lazcano fue un testigo directo de esta situación. Cuando los presos que salían de la sala de audiencia donde fueron juzgados, y debían regresar al penal donde estaban alojados, y los penitenciarios que estaban a su cuidado se encontraron con la cruda la realidad: la trafic no arrancaba.
“Cuando salí del juzgado y vi que los agentes empujaban para poder encender el vehículo no lo podía creer. Terminé pidiéndoles disculpas y entendí a lo que se enfrentan”, recalcó Baquero Lazcano.
El penal cipoleño tiene un móvil que fue secuestrado por la Policía y que a veces no funciona. Se está a la espera de la entrega de uno nuevo, que fue prometido desde el Servicio Penitenciario.