La dirigencia de los barrios populares de la ciudad y el país protagonizarán protestas en lo que resta del año en reclamo de obras públicas del Estado nacional.
La dirigencia local y nacional de los barrios populares se prepara para volver a sentar presencia en las calles y reclamar por la paralización de las obras públicas y de distintas iniciativas de regularización que alguna vez impulsó el Estado. Será un fin de año agitado, con movilizaciones que harán hincapié también en el deterioro socio-económico de los hogares.
Desde el inicio de la actual gestión del presidente Javier Milei, se redujeron drásticamente, casi al mínimo absoluto, los aportes del gobierno nacional para el desarrollo de las barriadas de Cipolletti y de toda la Argentina. Pese a la vigencia de la ley 27.453 de Integración Socio Urbana, aprobada en 2018 en el Congreso, la remisión de fondos para diversas iniciativas prácticamente se detuvo, dejando un tendal de proyectos fallidos, sin comenzar o a medio hacer.
Por eso, durante la semana se reunieron en Buenos Aires los dirigentes de la Mesa Nacional de Barrios Populares, quienes expresaron su inquietud sobre las condiciones de subsistencia que viven y sufren millones de argentinos de los sectores urbanos y sociales más empobrecidos del país.
El abandono del Estado es hoy una realidad totalizadora, que se vuelve más compleja a medida que pasan los días y no se observa un cambio de rumbo. En cambio, lo que se avizora para el futuro próximo es un acelerado empeoramiento de los indicadores básicos de calidad de vida y mayores dificultades para el acceso a la salud y la educación, vedando perspectivas de progreso y desarrollo tanto a nivel individual como comunitario.
Otra consecuencia de la ausencia estatal es tremendamente grave y preocupante, y tiene que ver con la proliferación del negocio del narco, que arrasa cuerpos y almas.
Concientes del desolador panorama y de la falta de respuesta por parte del gobierno nacional, la dirigencia barrial junto a integrantes de otras organizaciones populares se movilizaron este miércoles a la sede del Ministerio de Economía de la Nación, en la Capital Federal.
Los referentes de los barrios compartieron la manifestación con integrantes de organizaciones tales como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y de agrupaciones como la Dignidad Rebelde y el Movimiento Evita.
Por Cipolletti y la región, estuvo presente en la movilización, entre otros militantes, la dirigente local Lilia Calderón, quien, al término del evento, aseguró que la Mesa Nacional retomará las protestas callejeras y acentuará su agenda de reclamos en lo que resta del año. Lo hará tras concretarse en los meses previos numerosos trámites y gestiones ante funcionarios de Nación, con nulos resultados y con expectativas que terminaron con pena y sin gloria.
En particular, los contactos que pudieron materializarse fueron con Sebastián Pareja, titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU), la instancia degradada en rango y poder de actuación y resolución de lo que fuera la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) de la pasada administración nacional.
En términos institucionales, se pasó de la hiperactividad, el alto compromiso y la reconocida eficacia de la SISU al profundo letargo, sopor e inoperancia de la SSISU actual, que demostró que los cambios de nombre y jerarquía en el Estado no siempre obedecen al mero deseo de diferenciarse políticamente. Al contrario, suelen vincularse a intenciones ocultas y muchas veces egoístas, como parece haberse demostrado palmariamente en este caso.
Los ínfimos aportes que otorgó el Estado en esta época permitieron algunos acotadísimos avances de obras, aunque sin desentonar del vigente horizonte gris. Así, por ejemplo, la Cooperativa de Trabajo Barrio Obrero, de Cipolletti, pudo construir algunos metros más de veredas en Nuevo Ferri y reanudar la ejecución de cordón cuneta en el Barrio Obrero A, sin que, en ninguno de los dos casos, se pueda vislumbrar la finalización de lo proyectado inicialmente.
Vale recordar que la Cooperativa de Trabajo Barrio Obrero llegó a contar, en su mejor momento, antes de la actual gestión gubernamental de Milei, con 200 socios que se encargaban del diseño y también la realización, como operarios, de diversas propuestas de obras en barrios populares cipoleños y de otras localidades. Hoy, el plantel no pasa de las 15 personas, con perspectivas laborales harto limitadas. No más allá de fin de año.
Calderón enfatizó que los fondos remitidos por Nación "han venido como en cuentagotas" y solamente como consecuencia de denuncias penales efectuadas en su momento por la Mesa Nacional de Barrios Populares. En todas las circunstancias, han resultado partidas insuficientes y, en conjunto, no responden a las necesidades de la región y del país.
Para peor, en el seno del gobierno "hay disputas internas" que tornan más complicada la situación y más aún en estos momentos, a escasos días de las elecciones legislativas nacionales, que tanto preocupan al oficialismo de La Libertad Avanza tras el reciente y duro revés electoral que debió soportar en la provincia de Buenos Aires.
El propio subsecretario Sebastián Pareja es candidato a diputado nacional y seguramente resultará electo en los próximos comicios, con lo que muy posiblemente abandonará su cargo en la SSISU en diciembre. Su actual segundo en la repartición, Pablo Morillo, también se alejará de su puesto, ya que fue elegido diputado provincial bonaerense en las legislativas del 7 de septiembre pasado en el principal distrito electoral del país.
Todo esto no hace más que añadir más incertidumbre a las relaciones de la dirigencia barrial del país con el Estado, relaciones en las que no se vislumbran mejoras que redunden en provecho de la gente de a pie.
Además, el hecho de que la Subsecretaría esté en órbita del Ministerio de Economía, le agrega más confusión e indefinición a todo el conjunto. Ocurre que es, justamente, el ministerio que conduce Luis Caputo el responsable de cuidar que no se gaste un peso de más y que se mantenga el equilibrio de las cuentas del Estado, evitando cualquier posibilidad de déficit. De allí el vaciamiento casi completo de la SSISU y el abandono de sus propósitos institucionales.
En la Argentina, se contabilizan casi 6.500 barrios populares, de los cuales unos 240 están repartidos en localidades de la provincia de Río Negro. Lilia Calderón indicó que solamente en Cipolletti son alrededor de 55 las barriadas que constan en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Es decir que son más numerosas que los propios barrios constituidos y regulares que existen en la ciudad.
La urgencia con que se plantea la reactivación de obras públicas, para disponer de más infraestructura urbana y más viviendas, no es antojadiza. Investigaciones y estudios científicos han determinado que los vecinos de los barrios populares tienen, en promedio, una expectativa de vida once años menor a la de vecinos que disponen en sus hogares de servicios adecuados de agua, electricidad, gas y cloacas, entre las prestaciones más esenciales.
Así las cosas, en la Mesa Nacional no se quedarán quietos, esperando que la realidad socio urbana cambie milagrosamente sola para felicidad de la gente. Por eso, se aprestan para lanzar un plan de lucha, con movilizaciones en todo el país, a efectos de ser escuchados por el gobierno, con las soluciones pertinentes. En cada localidad se evaluarán las acciones concretas. Y será clave lo que se resuelva en consenso en una reunión a concretarse a mediados de noviembre, hasta ahora, según se espera, en La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Como pinta el panorama, los últimos meses del año pueden resultar más agitados de lo pensado, por la incorporación a las luchas callejeras de las amplias masas que habitan los barrios del pueblo.