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Aumenta la tensión por detenciones de menores

El Gobierno ordenó a la Policía que ignore la prohibición judicial.
Las detenciones de menores de edad por averiguación de antecedentes enfrenta duramente al Ejecutivo rionegrino y la Justicia. Con un fallo vigente que impide a los agentes demorar adolescentes que les resulten sospechosos, el Gobierno ordenó a la Policía "continuar haciendo su tarea como lo realizó hasta el momento" y en Tribunales hay bronca por la determinación.

La polémica comenzó hace meses cuando la defensoría de menores de Viedma presentó un amparo para impedir que se demore a jóvenes si no son sorprendidos in fraganti.

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El amparo tuvo respuesta favorable y la apelación del Ejecutivo llegó al Superior Tribunal de Justicia. Esta semana, la procuradora general Silvia Baquero Lazcano recomendó oficializar la prohibición y el Gobierno reaccionó con dureza: "La Policía de Río Negro no viola ninguna ley de protección de menores", se advirtió oficialmente tras admitir que se exigió a los policías intervenir ante cualquier sosechoso.
"El dictamen de la procuradora general es parcial y absolutamente técnico, y no posee un correlato con la realidad cotidiana y lo que sucede en terreno", cuestionaron desde el Ejecutivo encabezado por Alberto Weretilneck, en un documento oficial.

Desde la Justicia, en tanto, aseguran que las detenciones efectuadas en la vía pública son discriminatorias y responden a prejuicios de los efectivos, lo que vulnera los derechos de los menores.
"Las demoras de los niños no deben ser justificadas por condiciones fácticas, a las que añado cuestiones de clase social o apariencia física", explicó Baquero Lazcano y agregó "que el error conceptual en el que incurre tanto la Policía como la Fiscalía de Estado es confundir reiteradamente lo que es la tarea de prevención y de seguridad, con lo que es protección de menores".

"El dictamen de la procuradora general (Baquero Lazcano) es parcial y absolutamente técnico, y no posee un correlato con la realidad cotidiana y lo que sucede en terreno. Un fallo de estas características le quita a las fuerzas de seguridad realizar una de sus tareas básicas". Documento oficial. El Gobierno respondió a la Justicia con un duro comunicado.

"Las demoras de los niños no deben ser justificadas por condiciones fácticas o cuestiones de clase social o apariencia física. Pretenden direccionar el debate a la actuación policial una vez realizada la detención sin una orden, sobre un sector con acentuada marginalidad". Silvia Baquero Lazcano Procuradora general.

La disputa, al parecer, no tendrá freno hasta que el Superior Tribunal de Justicia se expida respecto del amparo, por la fuerte contradicción entre la ley que prohíbe demorar a menores de edad y "la realidad cotidiana" a la que alude el Ejecutivo, en defensa de los procedimientos.

"Un fallo de estas características le quita a la fuerza de seguridad la posibilidad de realizar una de las tareas básicas de su labor, como lo es la prevención del delito, debiendo pasar a actuar –en el caso de menores involucrados– cuando el ilícito ya haya sido cometido", manifestó el Gobierno, dejando en claro que resistirá hasta las últimas consecuencias ante los límites impuestos por la Justicia, que cuentan con el apoyo de gremios y organizaciones intermedias.

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