Tráfíco y Trata de personas: Duro informe sobre Argentina
El informe da muestras que si bien el Estado ha hecho avances significativos, sus esfuerzos no son lo suficientemente efectivos para prevenir, combatir y asistir a víctimas del delito de la trata de personas, por lo cual, dichos esfuerzos han fracasado.
El informe sobre Argentina remarca 10 señalamientos a destacar sobre la situación del nuestro país:
1) Que aumentó la trata laboral y sexual en la Argentina;
2) Que la Argentina claramente se ha convertido en país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas;
3) Que es alarmante la impunidad con la que la trata de personas se lleva a cabo y los horribles abusos a las víctimas;
4) Que existe una pobre coordinación de las actividades contra el tráfico de personas entre organismos nacionales y provinciales del Estado y que se destinan «pocos recursos» a esta labor;
5) Que hay una inadecuada protección tanto las víctimas como las personas e instituciones involucradas en ofrecerles asistencia y apoyo;
6) Que aumentó la trata de niños, «especialmente para servidumbre por deudas y prostitución forzosa;
7) Que los inspectores laborales «no tienen la capacidad necesaria» para combatir la trata de personas para explotación laboral, que también ha aumentado, pero está «mucho más oculta» que la sexual;
8) Que parte de la impunidad de los tratantes se explica por la "corrupción" de la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad que "están directamente involucrados en implementar medidas contra este delito, especialmente a nivel provincial, donde reciben coimas y colaboran ilegalmente con tratantes";
9) Le aconsejó al Gobierno aumentar la cooperación con países vecinos de los que proceden mayoritariamente las víctimas en Argentina, en especial Bolivia, Paraguay y República Dominicana;
10) También le aconsejo al gobierno que destine mayores recursos para combatir la trata de personas y que aplique una política de «tolerancia cero» a la corrupción, para «asegurar que cualquier agente involucrado en el crimen de la trata de personas sea debidamente procesado y severamente castigos.
También el informe menciona la persecución existente a jueces que investigan el delito en nuestro país, donde se resaltó la situación del juez federal, Dr. Alejandro Rodolfo Cilluruello, quien por investigar al crimen organizado vinculado a la trata de personas se encuentra con custodia por Gendarmería por amenazas. También indicó en el informe sobre la situación de la Jueza rionegrina, Dra. Marisa Bosco, producto de la persecución que sufriera al investigar desde el 2007 el delito de trata de personas en el Valle Medio de la provincia.
CeDHCo insta al gobierno nacional y provincial a tomar diligencia debida sobre el informe de la Relatora Especial de la ONU, generando los mecanismos legislativos y jurídicos para mejorar los sistemas existentes en materia de prevención y persecución del delito –como así- trabajar seriamente y bajo los estándares internacionales de derechos humanos en materia de asistencia y reparación económica.
CeDHCo Insta a la provincia de Río Negro y Neuquén a:
a) tener [tolerancia cero] con aquellos funcionarios gubernamentales y judiciales que se encuentren directamente o indirectamente relacionados con el crimen organizado vinculados a la trata de personas, iniciando causas judiciales ejemplificadoras;
b) instar a prohibir todo inmueble donde se promueva o ejerza la prostitución ajena, siendo concordante a la legislación vigente en nuestro país en materia de prohibición he ir contra el proxenetismo, la esclavitud y la trata de personas, hechos que frecuentemente ocurren en estos lugares denominados cabaret, boite, casas de masajes o cualquier nombre de fantasía que se le dé al inmueble para ocultar la verdadera actividad ilícita que realiza. Se entenderá que no se persigue la prostitución propiamente dicha, contrario a eso, se debe perseguir los delitos de “proxenetismo” y “esclavitud” –como así- todas las prácticas que conlleva a la trata de personas , tal es el caso de la esclavitud laboral o por reducción a la servidumbre, hechos que se han visto reflejados en ambas provincias.
c) denunciar a cualquier funcionario(a), quien intentase legalizar la prostitución ajena por medio de una ley provincial o ordenanza, considerando que la misma se encuentra prohibido por la Ley Nacional 12.331 e instrumentos internacionales que gozan de jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico nacional;
d) capacitar [seriamente] y de forma periódica a los funcionarios(as) policiales para identificar el delito y prevenirlo desde sus diversas fases (captación, transporte/traslado y explotación). También a agentes de salud y de trabajo (entre otros) para identificar a sus potenciales víctimas. Capacitar periódicamente a los operadores judiciales para identificar el delito y ser eficaces en su persecución;
e) Que los agentes gubernamentales de la provincia de Neuquén tomen seriamente al Consejo de Actuación contra la Trata de Personas y que desde dicho espacio se diligencie mecanismos y protocolos para prevenir y combatir el delito y que dichas acciones sean de público conocimiento para una mayor transparencia de sus acciones;
f) Que la Legislatura de la provincia de Río Negro, apruebe de forma inmediata el Proyecto de Ley sobre “Consejo de Actuación contra la Tata de Personas”, para poder trabajar articuladamente entre las distintos estamentos gubernamentales y la sociedad civil contra el delito y prevenir la esclavitud sexual y laboral, considerando que la crónica ha demostrado el grado de complicidad existente dentro de la provincia con redes del crimen organizado vinculados a la trata de personas;
g) Que se apoye la acción de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que combaten la trata de personas, se generen mecanismos especiales de protección para los mismos y se sancione a los funcionarios y funcionarias que agredan, ataquen, amenacen, discriminen, pongan trabajas administrativas, realicen inteligencia o interfieran con la correspondencia, los teléfonos y los ordenadores de las ONGs que, respetando la constitución y las leyes, ejercen una labor “desinteresada” y necesaria en la temática de la trata de personas.
Germán Bernales Hinrichsen
Presidente
CeDHCo | CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DEL COMAHUE
