La vecina lo denunció porque cuando consume se torna violento. Pero no quiere que le impongan sanciones, sino que lo ayuden a salir de la problemática. La Justicia de Paz dispuso medidas inmediatas.
Una mujer denunció por hechos de violencia familiar a su propio hijo y pidió ayuda para que le brinden contención debido a los graves problemas que padece a causa de sus adicciones.
Sostuvo que consume alcohol, marihuana y cocaína y que cuando se encuentra en ese estado “adquiere una conducta agresiva”.
La presentación la realizó el último 25 de junio en una dependencia policial de Cinco Saltos, y el relato revela detalles dramáticos por el sufrimiento de una mamá que ve como la vida de su hijo cae en picada y no quiere dejarlo solo. Porque aclaró que no pretende que le impongan sanciones al muchacho que lo alejen de su lado. Por el contrario, solicito la intervención de algún organismo que pueda brindarle asistencia tanto a él como a ella.
"No quiero que lo saquen; que no quiero que lo excluyan de mi casa, yo le quiero dar contención, sé que en la calle puede estar peor, sólo quiero que me ayuden a que sea atendido en el Hospital local por personal psicológico y que él pueda salir de esto...", expresó la mamá en su planteo.
La declaración de la vecina dio lugar a la apertura de una causa comprendida en lo que establece la Ley 3040, que regula la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”, por lo que fue elevada al Juzgado de Paz local.
Al analizar el caso, el magistrado subrogante Mariano Larrasolo, tuvo en cuenta que, pese a describir conductas agresivas de su hijo, la vecina no pedía medidas protectorias, como la exclusión del hogar o prohibición de acercamiento.
Pero consideró “prudente”, ante la problemática planteada, enviar el expediente al Juzgado de Familia de Cipolletti, para que el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del tribunal realice una evaluación de riesgos y determinar las acciones a seguir.
Asimismo, contempló la problemática provocada por el consumo de drogas y alcohol, por lo que requirió la intervención del Servicio de Salud Mental del hospital de Cinco Saltos y de la delegación Cipolletti de la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA), dependiente del Ministerio de Salud provincial.
La resolución destaca que requiere un tratamiento que “disponga un abordaje integral” del denunciado, “desde un paradigma de derechos y salud integral”. Le informaron a la mamá los teléfonos del organismo ante la posibilidad de que necesite comunicarse.
También le puntualizaron que, para la continuidad del proceso en el ámbito del juzgado de Familia, deberá contar con el “patrocinio legal obligatorio”, y que deberá designar un abogado particular o en caso de falta de recursos podrá requerir la asistencia gratuita de la Defensoría de Pobres y Ausentes.
A fines del año pasado se registró un caso similar en Ingeniero Huergo, la localidad del Alto Valle rionegrino ubicada a casi 20 kilómetros de Villa Regina, donde también una mamá denunció que su hijo tiene graves problemas con el consumo marihuana y cocaína y pidió ayuda para que le brinden asistencia. El comportamiento que reveló es casi calcado: dijo que cuando se droga se exalta y se “torna muy agresivo”. Pero además advirtió que el joven se encontraba al borde de la indigencia, en riesgo de que se vuelva a cometer hechos delictivos. Del mismo modo la causa se tramitó en el Juzgado de Paz local, cuya titular Silvana Petris dictó unaresoluciónen la que le ordena al muchacho que “inicie, sostenga y lleve adelante un tratamiento socio psicoterapéutico respecto al consumo de sustancias”.
La magistrada le aclaró que el procedimiento lo podrá realizar con profesionales del ámbito privado u otra organización especializada o recurrir al sistema público de salud. También le advirtió que deberá presentar los certificados que acrediten el cumplimiento de esa pauta.
Pero la actuación de la jueza no quedó ahí, porque también requirió la intervención del hospital de Huergo para que evalúe y aborde el caso del joven, y que lo incorpore los espacios de contención. Todo dentro de lo que dicta la Ley Nacional 26934, que establece el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (PIACOP), que citó la magistrada.
Además dispuso que ambos, madre e hijo, asistan a la Fundación Proyecto Esperanza para abordar la problemática del consumo. Incluso les indicó con quien tendrán que comunicarse y los días y horarios en los que se tendrán que presentar.