Presentarán el jueves el proyecto expropiador

Los ocupantes tienen previsto, por lo menos hasta ahora, concurrir el jueves al Concejo Deliberante para presentar formalmente su proyecto de expropiación de las tierras en que se encuentran varios de los asentamientos irregulares existentes en la ciudad.
La dirigente Lilia Calderón aseguró que el texto responderá a los requisitos técnicos que deben poseer las iniciativas parlamentarias y será acompañado con una cantidad muy numerosa de firmas, para asegurar su tratamiento parlamentario.
La referente indicó que hoy se reunirá el Foro por la Tierra y la Vivienda Digna, que ella integra, junto con representantes de algunas de las tomas de mayor envergadura que hay en Cipolletti en la actualidad.
En el encuentro se terminarán de ultimar los detalles de la presentación, en los que se resumirá el contenido de la lucha que vienen desplegando los ocupantes para hacer realidad los derechos constitucionales a la vivienda y los reclamos para que los estados, provincial y municipal, asuman su responsabilidad hacia los sectores más postergados de la sociedad.
Calderón adelantó, por otro lado, que para septiembre se está preparando efectuar en la ciudad un reunión provincial de representantes de asentamientos irregulares de todo Río Negro. En el encuentro se buscará consensuar estrategias de lucha y coordinar esfuerzos teniendo en cuenta que existen muchos problemas en común que enfrentar y resolver.
Además, manifestó el malestar que cunde entre la dirigencia de las tomas de Cipolletti por la reciente designación del abogado Ricardo Apcarián como nuevo vocal del Superior Tribunal de Justicia. La contrariedad se relaciona con el hecho de que el letrado, como asesor letrado de la Municipalidad, encabezó el rechazo legal a cada uno de los planteos que han ido haciendo los ocupantes en pos de sus necesidades.
La dirigente expresó el temor de los habitantes de tomas como el Barrio Obrero en cuanto a que la llegada de Apcarián al máximo tribunal provincial pueda apurar la aplicación de órdenes de desalojo, sin que se avance en el control del negocio inmobiliario.