Son dos jovenes de 28 y 20 años de edad que se entregaron tras mantenerse prófugos. Testigos e imágenes de cámaras de seguridad los involucran con el hecho.
Facundo Exequiel “Petaca” Melo, de 28 años de edad, y Jorge Luis Aguilera Martínez, de 20, fueron imputados y quedaron en prisión preventiva por el lapso de cuatro meses por el homicidio de Emannuel Uriel Aguilera, el joven también de 20 años que murió de un balazo durante la madrugada del 1 de marzo en el barrio Antártida Argentina de Cipolletti.
Ambos fueron acusados como de haber cometido el delito de “homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas, y por el uso de arma de fuego, en concurso real, con portación de arma de fuego de guerra”, a título de co-autores.
Por este caso hay un tercer detenido. Se trata de Alejandro Adrián Aguilera, de 30 años de edad, hermano de Jorge Luis. Ese hombre fue arrestado pocas horas después del hecho en un allanamiento realizado en su casa del barrio Anai Mapu, donde secuestraron una pistola calibre 45.
La audiencia de formulación de cargos se realizó la mañana de este martes en los tribunales locales, en la que el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna hizo una reconstrucción de los hechos de acuerdo a la prueba reunida hasta el momento.
La acusación describe que la víctima se había reunido con un grupo de amigos en el patio de una vivienda ubicada en la esquina de la avenida Circunvalación y la calle Serafín Gonzáles. Pero alrededor de la 1 pasó una camioneta blanca tipo S10, con al menos cuatro personas a bordo, desde la que efectuaron al menos 15 disparos con dos armas de fuego de distintas, calibre 9 mm y y la otra 40. Uno de los balazos impactó en Emmanuel, provocando su muerte.
El representante fiscal destacó que el dueño del inmueble declaró que reconoció a los dos acusados como los autores de los disparos. También mencionó que una transeúnte ocasional -que por temor pidió reserva de identidad- también identificó el rodado y describió en forma similar a los ocupantes.
A esos indicios sumó que cuentan con imágenes de cámaras de seguridad privadas y públicas (270 horas de grabaciones, dijo) que aportan información que ratifica lo señalado por los testigos.
Los abogados defensores, Juan Luis Vincenti de Aguilera Martínez y Michel Rischmann de Melo, se opusieron a la formulación de cargos al advertir “debilidad en las pruebas”.
No obstante, la jueza Amorina Sánchez Merlo avaló lo requerido por la Fiscalía y resolvió imputar a los dos hombres.
Con posterioridad, el Fiscal requirió que les impusieran cuatro meses de prisión preventiva al advertir la existencia de riesgos procesales. Por un lado, dijo que podían escapar, dado que habían estado dos días prófugos y no estaban en su casa cuando fueron allanadas, hasta que se entregaron con los abogados. Pero además remarcó que se deben proteger los testigos. Fundamentalmente el propietario de la casa donde ocurrió el hecho, considerado relevante por los datos que brindó.
Los defensores también se opusieron a esa medida. Rischmann sostuvo que su defendido es ajeno al crimen y que el testigo que lo ubicó como responsable se confundió con otro sujeto parecido físicamente. El abogado pidió que Petaca Melo -quien posee antecedentes por robo y encubrimiento- quedara en prisión domiciliaria. Pero también fueron desestimados por la magistrada.
De acuerdo a lo que se mencionó en la audiencia, el ataque a balazos no tenía como blanco a Emmanuel, sino a otro sujeto de apellido Castillo que se encontraba en el lugar. La investigación indica que era un conflicto entre bandas que había tenido un capítulo anterior, en el que también se registraron disparos de armas de fuego, y en el que la víctima era ajena.
Márquez Gauna mencionó que aún faltan medidas de prueba para reincorporar al expediente. Puntualmente se refirió a las pericias ordenadas a la bala extraída del cuerpo de Emmanuel. El examen del trozo de proyectil deberá determinar a qué arma pertenece y quién de los dos fue el responsable del balazo mortal.
En los momentos previos al inicio de la audiencia se vio a un grupo de personas numeroso dentro del edificio judicial. Ocurrió que familiares y amigos de la víctima coincidieron con allegados de los acusados. Los empleados del Poder Judicial debieron ordenar los pocos bancos dispuestos en la sala para que pudieran acomodarse. Incluso acomodaron de manera tal que no estuvieron cerca, mientras que también se observó un refuerzo policial como medida preventiva. Pero todo se desarrolló con normalidad y sin incidentes.