La situación de la fruticultura regional
Cipolletti.- Está plenamente demostrado que las elevadas cargas impositivas impiden hacer rentable la actividad frutícola en los últimos años.
Al elaborarse la plataforma electoral de la UCR de Río Negro, de la que participé en el tema de la fruticultura, con respecto al Estado nacional decía textualmente: “Gestiones y acciones a nivel nacional. Permanente interacción con el gobierno nacional que posibilite reglas de juego claras y no distorsivas, promoviendo la reducción de cargas impositivas excesivas, requiriendo a su vez acompañamiento en el esfuerzo que lleva adelante la región en el mantenimiento y apertura de mercados”.
Esto fue lo que votó la mayoría de los ciudadanos rionegrinos. Pero al poco tiempo, y a espaldas del electorado, el gobierno adhiere a la Concertación Plural y, por ende, al modelo económico de los “K” que paulatinamente fue destruyendo al pequeño y mediano productor.
Hoy se dice que la fruticultura está en crisis. Desde mi punto de vista no es así. Viendo lo que el consumidor paga por un kilo de fruta, la crisis es de gestión.
No puede ser que la variable de ajuste sea el productor, y eso es lo que hay que revertir; el cómo es fácil con verdadera política de Estado. En Río Negro, hay dos leyes muy importantes: la de Contractualización y la de Transparencia, pero requieren alguna reforma para hacerlas aplicables.
En cuanto a la primera, hay que hacerla obligatoria, pero con una ventaja impositiva; eso quedó demostrado que no da resultado. Siendo integrante de la Mesa de Contractualización en representación de la Cámara de Cipolletti, propuse que toda venta de fruta debe realizarse por contrato de compra-venta o por consignación como lo establece el Código de Comercio y no la de resignación que se aplica hoy.
Modificaciones
¿Cómo se lo hace obligatorio al contrato? Muy sencillo. Todo contrato debería registrarse en la secretaría de Fruticultura, otorgándole un número a cada productor que debe ir impreso en cada bulto y el que no lleva ese número, no pasa por la aduana. También la Cámara de Cipolletti confeccionó un contrato tipo para ser analizado con los empresarios del empaque. Todo contrato debe tener un precio para la fruta antes de que salga de la chacra. ¿Cómo se determina el precio? Se propuso que al quedar determinado el costo de producción y el costo de empaque, si el precio de venta cubre esos dos costos no hay problema, pero si el precio de mercado no da para cubrir esos dos costos, debe intervenir el Estado nacional porque es el que da las pautas económicas. Y su intervención puede ser mediante reembolsos, reintegros, rebaja de impuestos excesivos, baja de retenciones, actualización cambiaria, etc. Pero nunca mediante subsidios que debe pagar el resto de la población y que no solucionan el problema de fondo.
Rentabilidad
En los últimos años, se dijo primero que la rentabilidad del productor se solucionaba con la reconversión, luego con la asociación, más tarde se crea el Plan Frutícola Integral, donde no participa el 50 por ciento del complejo frutícola, ni el Estado. Sólo se creó para justificar las retenciones. El resultado lo tenemos a la vista con medidas dilatorias, sin atacar el verdadero problema, que es la transparencia en el complejo frutícola.
Los intentos de transparencia que se realizaron, incluido el proyecto presentado en el Congreso Nacional, sólo contemplan la transparencia en el empacador, cuando una verdadera transparencia debe analizarse en el empaque, los insumos, el transporte terrestre y marítimo, la energía, los frigoríficos, etc. Pero en especial el Estado nacional en sus cargas impositivas.
Hoy por un kilo de fruta en góndola el Estado, solamente en concepto de IVA, recauda 1,5 pesos sin contar otros impuestos, y el productor recibe 0,80 centavos.
El Estado provincial no puede resolver el problema por sí pero es su obligación gestionar la solución. Aunque para ello debe dejar de ser dependiente del modelo “K”. Si miramos hacia el futuro, de todos los precandidatos a gobernador de los distintos partidos, solamente hay uno de la UCR que siempre luchó contra ese modelo que va destruyendo aceleradamente al pequeño y mediano productor, modelo este que pretende que sólo existan concentradores de riquezas para que les financien las campañas y pobres para poderles comprar el voto. Por supuesto que en los discursos de los funcionarios pareciera que no fuese así, pero para ello deben demostrarlo con hechos, de lo contrario se hace merecedor a lo que el profeta Isaías en nombre de Dios sentenciaba al referirse a los pobres: “Me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí”.
Federación
También la gestión es responsabilidad de las instituciones de la fruticultura, especialmente la Federación de Productores, pero para que ella funcione es fundamental la reforma de su estatuto que tiene más de 50 años, en dos puntos fundamentales. Uno, la participación de los productores en la elección de sus representantes que hoy los eligen los dirigentes. Y otro punto que debe ser por lista completa con participación de la mayoría y minoría, de manera que exista una conducción homogénea. Hoy se elige el presidente y luego los dirigentes conforman el resto, donde de diez integrantes surgen siete u ocho propuestas distintas quedando atado el presidente sin poder obtener una postura razonable para luego peticionar ante las autoridades.
El proyecto de reforma fue elaborado por un grupo de productores, falta la decisión de la Federación para que lo ponga a consideración de los productores a fin de que lo aprueben, lo reformen o lo rechacen, pero que sean los productores y no los dirigentes.
Piquetes
En cuanto a los piquetes no deberían existir en un sistema democrático porque los reclamos deberían hacerse ante los representantes del pueblo que son los legisladores. Pero la nueva política lo ha distorsionado porque el pueblo solo vota pero no elige, los representantes los eligen los dirigentes y por ello responden a sus dirigentes y no al pueblo. En el ’83 no era así, y las campañas se financiaban con aportes personales y no con dinero del pueblo.
(*) Legislador provincial mandato cumplido.
