Río Negro sancionó a más de 400 empleados públicos desde 2024 hasta la actualidad

Desde enero de 2024, el Gobierno de Río Negro aplicó un total de 428 sanciones a empleados públicos por diferentes incumplimientos laborales. Las medidas, que se enmarcan en lo establecido por la Ley Nº 3487 del Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública, incluyeron 74 cesantías, 4 exoneraciones y 350 suspensiones de entre 1 y 30 días, según informó la Secretaría de la Función Pública.

Estas sanciones forman parte de “una política activa que apunta a ordenar la administración pública, optimizar el uso de los recursos del Estado y respaldar a quienes cumplen con responsabilidad sus tareas”. Así lo expresó la secretaria del área, Tania Lastra, al señalar que “las sanciones son necesarias para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los miles de trabajadores que cumplen con responsabilidad su tarea cada día. Un Estado eficiente también se construye reconociendo a quienes sostienen el funcionamiento de los servicios y actuando con firmeza ante quienes incumplen”.

En ese marco, también se iniciaron 144 sumarios administrativos y se dictaron 71 suspensiones preventivas, una medida provisoria que se aplica cuando la permanencia del agente podría interferir en el desarrollo de una investigación. Además, se emitieron 21 apercibimientos y 37 sumarios concluyeron con el sobreseimiento de los agentes involucrados.

Reloj fichaje

Inasistencias y llegadas tardes, son las faltas más recurrentes entre los empleados estatales.

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Faltas recurrentes e infracciones graves

Entre las irregularidades más frecuentes se destacan inasistencias reiteradas, llegadas tarde y conflictos entre compañeros de trabajo. En los casos más graves, que derivaron en cesantías o incluso exoneraciones, se registraron situaciones como el abandono de servicio y condenas judiciales por causas penales.

El régimen disciplinario está diseñado para actuar con criterios de justicia y transparencia, de acuerdo con lo que estipula la normativa vigente. “La Junta Disciplinaria actúa con criterios claros, garantizando procesos justos y decisiones fundadas”, afirmó Lastra.

Cuando se detecta una falta, se inicia un sumario administrativo. Este proceso está a cargo de instructores especializados, quienes investigan los hechos, recolectan pruebas y elaboran un informe que se eleva a la Junta de Disciplina. Este organismo está compuesto por un presidente, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, en representación de los sindicatos ATE y UPCN.

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Tania Lastra, secretaria Función Pública Río Negro.

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Qué tipo de sanciones existen

La Ley Nº 3487 establece varios tipos de sanciones disciplinarias según la gravedad de la falta:

• Apercibimiento: es una advertencia formal por faltas leves como inasistencias sin justificar o incumplimiento de horarios.
• Suspensiones: pueden extenderse hasta 30 días sin goce de sueldo. Se aplican en casos de negligencia, inconducta o reiteración de faltas.
• Cesantía: implica la desvinculación del agente, con posibilidad de reingreso a la administración luego de cinco años. Se aplica por acumulación de sanciones o faltas graves como el abandono del servicio.
• Exoneración: es la sanción más severa. Significa la expulsión definitiva del agente y se aplica en casos de delitos dolosos con pena de prisión efectiva o delitos contra la administración pública.

Eficiencia y transparencia en la gestión

Desde el inicio de la actual gestión provincial, la Secretaría de la Función Pública viene impulsando un fortalecimiento institucional basado en la eficiencia, el control y el reconocimiento a los buenos desempeños. Según Lastra, “corregir lo que está mal también es rendir cuentas a cada rionegrino y rionegrina que, con esfuerzo, paga sus impuestos para que el Estado pueda pagar los sueldos en tiempo y forma. Y ese salario tiene que ser el resultado de un trabajo real, de una tarea bien hecha”.

El objetivo de estas acciones no solo es disciplinar, sino también mejorar la calidad del servicio público, previniendo irregularidades y premiando la responsabilidad de los agentes que diariamente sostienen el funcionamiento del Estado provincial.