Un proyecto propone una asignación vitalicia para personas travestis y trans mayores de 50 años en Río Negro. “La locura de los kukas es total”, criticaron.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro encendió en las últimas horas un nuevo cruce político entre sectores. La iniciativa propone crear una asignación económica mensual, vitalicia y no contributiva destinada a personas travestis y trans mayores de 50 años que residan en la provincia.
El objetivo central, según argumentan sus impulsores, es garantizar condiciones dignas de vida y avanzar en una reparación histórica hacia un colectivo que ha sufrido exclusión estructural durante décadas.
La propuesta establece que un beneficio equivalente al monto de un Salario Mínimo, Vital y Móvil y, además, incluye el acceso a una cobertura integral de salud garantizada por el Estado provincial. El proyecto fue impulsado por los legisladores peronistas, Daniel Belloso, José Luis Berros, Alejandra Mas, Ayelén Spósito, Leandro García, Fabián Pilquinao, Luis Ivancich, Luciano Delgado Sempé y Magdalena Odarda.
Según explicaron en los fundamentos del texto, la iniciativa busca abordar una problemática social que se arrastra desde hace años. Allí se advierte que la expectativa de vida de las personas travestis y trans en Argentina se ubica entre los 35 y 40 años, una cifra significativamente inferior al promedio de la población general.
Los legisladores sostienen que esa realidad responde a una “cadena de violencias” que comienza desde la niñez y se profundiza en la adultez, atravesada por la discriminación, la exclusión del sistema educativo, la dificultad para acceder al empleo formal y la falta de cobertura social.
“El colectivo travesti trans ha sido históricamente el sector más excluido, estigmatizado y desprotegido, con derechos humanos vulnerados de manera sistemática”, señala el documento presentado en la Legislatura. En ese sentido, la propuesta plantea iniciar “un proceso de reparación hacia la comunidad de personas travestis trans de la provincia de Río Negro”.
De acuerdo al proyecto, quienes soliciten el beneficio deberán cumplir con algunos requisitos específicos. Entre ellos, haber realizado el cambio registral en el Documento Nacional de Identidad y acreditar una residencia efectiva en Río Negro durante al menos tres años previos a la solicitud.
La asignación tendría carácter vitalicio y no contributivo, es decir, no dependería de aportes previos al sistema previsional. Sin embargo, el beneficio sería incompatible con actividades laborales registradas o con pensiones contributivas.
El texto sí contempla la compatibilidad con el régimen de Monotributo Social, una herramienta que permite a trabajadores de la economía popular acceder a un esquema formal de facturación y cobertura básica.
Los autores del proyecto también vincularon la iniciativa con el contexto político nacional. En los fundamentos advierten que algunas políticas del ámbito nacional “tienden a profundizar las condiciones de vulnerabilidad” de este colectivo, lo que, según sostienen, vuelve urgente que las provincias adopten medidas específicas para garantizar derechos básicos.
Aunque la iniciativa recién comienza su recorrido parlamentario, ya generó las primeras reacciones críticas dentro del propio ámbito legislativo. El presidente del bloque PRO, Juan Martín, cuestionó duramente el proyecto a través de sus redes sociales. En una publicación breve pero contundente, el legislador escribió: “ Todo esto con la tuya”, y agregó: “La locura de los kuka es total”.
Posteriormente, en diálogo con LM Cipolletti, amplió su postura y sostuvo que la propuesta se encuentra alejada de las prioridades que, a su entender, reclaman los rionegrinos. “Me parece una locura total, absolutamente alejada de la agenda que reclaman los rionegrinos. Lo que se propone es que el dinero de los contribuyentes vaya a pagarle un sueldo o un subsidio a un pequeñísimo número de personas por el simple hecho de que pertenecen a un grupo ideológicamente afín al kirchnerismo”, expresó.
El legislador agregó además que, desde su perspectiva, la iniciativa implicaría un uso inadecuado de recursos públicos. “Claramente, esto no sólo busca dilapidar los recursos públicos, sino que también va en contra del principio de igualdad ante la ley, que debería ser lo más importante en una democracia”, afirmó.
Más allá de las primeras críticas, el proyecto todavía deberá atravesar el debate en comisiones dentro de la Legislatura provincial antes de llegar al recinto. Allí se abrirá una discusión que promete ser intensa y que probablemente incluya la participación de organizaciones sociales, especialistas en derechos humanos y distintos sectores políticos.
Mientras los impulsores sostienen que se trata de una política de reparación histórica frente a décadas de exclusión, desde la oposición advierten sobre el impacto fiscal y cuestionan el criterio de asignar beneficios a grupos específicos.
Con ese escenario, la iniciativa ya comenzó a instalar un nuevo debate en la agenda política de Río Negro, donde el eje de la discusión gira entre el reconocimiento de derechos, la reparación histórica y el uso de recursos públicos en un contexto económico complejo.