Buscan modificar el Estatuto Docente en Río Negro con más puntaje a egresados locales y nuevos requisitos. Apuntan a fortalecer el arraigo y la continuidad pedagógica. ¿De qué se tratan los cambios?
El sistema educativo de Río Negro se encuentra en el centro de un nuevo debate político y pedagógico a partir de una serie de proyectos legislativos que apuntan a modificar el Estatuto del Personal Docente y redefinir los criterios de ingreso, permanencia y puntaje dentro de la carrera.
Las iniciativas, impulsadas desde distintos bloques, coinciden en un eje común: priorizar el arraigo territorial y la formación local como elementos clave para fortalecer la calidad educativa en la provincia.
En ese marco, una de las propuestas que comenzó a tomar impulso en la Legislatura rionegrina es la presentada por la legisladora Soraya Yauhar (JSRN), que plantea una modificación al artículo 143 de la Ley L N° 391. El proyecto busca incorporar un esquema de puntaje diferencial para docentes formados en instituciones de la provincia, con el objetivo de favorecer su inserción en el sistema educativo.
La iniciativa propone otorgar cuatro puntos a quienes hayan egresado de Institutos de Formación Docente Continua provinciales y a aquellos que acrediten domicilio en Río Negro. A su vez, establece tres puntos para graduados de la Universidad Nacional de Río Negro y de carreras dictadas en territorio provincial por la Universidad Nacional del Comahue.
Según los fundamentos del proyecto, la medida apunta a reconocer el valor de una formación vinculada al contexto local. “Los años de residencia en la provincia del personal docente, sin dudas facilita el conocimiento del contexto cultural y socioproductivo de los alumnos”, sostiene el texto, que remarca la importancia de planificar propuestas pedagógicas adaptadas a la realidad de cada comunidad.
El planteo de Yauhar no solo se limita a una cuestión administrativa de puntajes, sino que introduce una mirada más amplia sobre el rol de la educación en el desarrollo provincial. La legisladora fundamenta su propuesta en la necesidad de consolidar políticas públicas con identidad rionegrina, en un contexto marcado por la caída de la matrícula escolar, asociada a la baja en las tasas de natalidad.
En ese sentido, el proyecto destaca que el currículum educativo debe ser una herramienta dinámica, capaz de dialogar con el perfil socioproductivo de cada región. La formación docente, sostiene, es el primer eslabón para garantizar que ese vínculo se construya de manera efectiva.
“La apropiación de los diseños curriculares debe iniciarse durante la formación docente para poder atender y entender la complejidad del aula”, indica el documento, que pone el foco en la necesidad de contextualizar la enseñanza y responder a los desafíos sociales, culturales y económicos del territorio.
De aprobarse, la modificación buscará fortalecer el arraigo de los docentes en la provincia y promover una enseñanza más cercana, motivadora y transformadora para los estudiantes rionegrinos.
El debate no se agota en esta iniciativa. En las últimas semanas ingresaron otros proyectos que, desde diferentes enfoques, también proponen revisar el sistema de puntajes y condiciones de acceso a la docencia.
Uno de ellos fue presentado por los legisladores Juan Martín y María Laura Frei (PRO), quienes advierten sobre lo que consideran una “paradoja institucional”: la provincia forma a sus docentes, pero muchos de ellos encuentran dificultades para acceder a cargos frente a profesionales de otras jurisdicciones con mayor puntaje.
Para revertir esta situación, la propuesta establece un esquema de reconocimiento de la residencia efectiva en Río Negro, otorgando una base de cuatro puntos, a la que se sumaría un puntaje progresivo por cada año de permanencia en el sistema educativo provincial.
Además, introduce incentivos específicos para quienes se desempeñen en zonas rurales o inhóspitas, con el objetivo de fomentar la continuidad pedagógica y desalentar el denominado “turismo docente”. “No cerramos puertas, sino que abrimos oportunidades para aquellos que han sido postergados durante décadas”, argumentaron los autores del proyecto.
La iniciativa también incorpora un punto sensible vinculado a la seguridad en los entornos escolares: la obligatoriedad de presentar el Certificado de Antecedentes Penales a nivel nacional, requisito que se extendería tanto a docentes como al Personal de Servicio de Apoyo (PSA).
En paralelo, otra propuesta con estado parlamentario, impulsada por los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene (UCR), plantea un cambio aún más restrictivo en los requisitos de ingreso a la docencia. El proyecto propone modificar el artículo 12 del Estatuto Docente para exigir, como condición excluyente, al menos dos años de residencia continua e inmediata en la provincia.
Este planteo profundiza la discusión sobre el equilibrio entre garantizar oportunidades laborales para los docentes locales y mantener un sistema abierto que permita la circulación de profesionales de otras jurisdicciones.
Las tres iniciativas reflejan un consenso creciente en torno a la necesidad de revisar el esquema actual, pero también exponen matices sobre cómo hacerlo. Mientras algunos proyectos apuntan a incentivos mediante puntaje adicional, otros avanzan hacia requisitos más estrictos para el ingreso.
El tratamiento legislativo de estas propuestas abrirá un debate que no solo involucra a los actores políticos, sino también a los gremios docentes, instituciones formadoras y la comunidad educativa en su conjunto, en un escenario donde la calidad educativa y la equidad en el acceso a los cargos aparecen como desafíos clave para el futuro de la provincia.