Proponen entregar un módulo de alimentos por mes a cada alumno de nivel inicial y primario en Río Negro

La iniciativa busca garantizar una entrega mensual a estudiantes de jardines y escuelas primarias, sin reemplazar el servicio de alimentación escolar.

Un proyecto en la Legislatura busca que sea obligatorio la entrega de un modulo alimentario para estudiantes de jardín de infantes y primaria de manera mensual.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca garantizar la entrega mensual de módulos alimentarios a las familias con niños y niñas que asisten a establecimientos educativos de nivel inicial y primario. La iniciativa apunta a fortalecer la seguridad alimentaria infantil, sin modificar ni reemplazar las prestaciones que actualmente reciben los estudiantes dentro de las escuelas.

La propuesta fue impulsada por los legisladores del bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro, Leandro García, Alejandra Mas, Daniel Belloso, Luis Ivancich y Pedro Dantas, quienes plantearon la necesidad de establecer una política pública permanente para acompañar a las familias rionegrinas.

El proyecto contempla la creación del Programa Provincial de Seguridad Alimentaria para las Infancias, mediante el cual se distribuiría un módulo de alimentos por mes y por estudiante. Su implementación dependerá del tratamiento legislativo y de una eventual aprobación.

Cómo funcionaría la entrega de alimentos en Río Negro

Según establece la iniciativa, cada estudiante de nivel inicial y primario tendría derecho a recibir un módulo alimentario mensual destinado al consumo familiar. Los productos incluidos deberán respetar una composición mínima establecida en el Anexo I del proyecto.

Además, se contempla que los alimentos puedan adaptarse a las necesidades particulares de cada estudiante, especialmente cuando existan condiciones médicas como celiaquía, diabetes o alergias alimentarias, que requieren dietas específicas y cuidados especiales.

Uno de los aspectos centrales es que el programa funcionaría de manera complementaria al Servicio de Alimentación Escolar (SAE). Esto significa que su puesta en marcha no podría justificar reducciones, suspensiones ni reemplazos de las prestaciones alimentarias escolares existentes.

La propuesta también establece que el contenido de los módulos podrá ampliarse, pero nunca reducirse por debajo del mínimo fijado. De esta manera, los legisladores buscan garantizar condiciones uniformes para los beneficiarios del programa.

Financiamiento y controles para garantizar la continuidad

En materia presupuestaria, el proyecto dispone que el Presupuesto General de Río Negro deberá incorporar una partida específica anual para financiar la distribución de alimentos, evitando que los recursos provengan de recortes a otros programas de asistencia social.

Asimismo, establece que una eventual interrupción de los fondos nacionales no podrá utilizarse como argumento para suspender las entregas. El objetivo es garantizar su continuidad independientemente de las modificaciones presupuestarias o administrativas.

Para supervisar su funcionamiento, se propone implementar un registro de entregas y presentar un informe anual ante la Legislatura provincial, con información sobre módulos distribuidos, familias beneficiadas, recursos utilizados y controles de calidad.

El texto fija, además, un plazo de 90 días para la reglamentación de la normativa, en caso de que resulte aprobada, con el propósito de establecer las condiciones necesarias para su implementación.

Alimentos producidos en Río Negro y el impacto económico

Otro punto destacado de la iniciativa es la incorporación de productos provenientes de la producción provincial, una medida que permitiría fortalecer la demanda de alimentos regionales y reducir la dependencia de cadenas de distribución extensas.

En los fundamentos, los autores sostienen que la problemática alimentaria también debe abordarse mediante el desarrollo productivo local. En ese sentido, señalaron que “se resuelve también produciendo lo que consumimos y consumiendo lo que producimos”.

Los legisladores consideran que establecer el programa mediante una ley permitiría otorgarle mayor estabilidad que aquellas políticas creadas por resoluciones del Ejecutivo, cuya continuidad puede depender de decisiones administrativas de cada gestión gubernamental.

Por ese motivo, plantearon la necesidad de garantizar su funcionamiento “más allá de los vaivenes políticos y administrativos”, evitando que eventuales cambios de gobierno puedan afectar directamente la asistencia destinada a las infancias.

Los datos de pobreza infantil que fundamentan el proyecto

Para respaldar la iniciativa, los autores citaron un informe de UNICEF Argentina, basado en datos del segundo semestre de 2025, que señala que el 42,3% de niñas, niños y adolescentes vive en hogares pobres.

El mismo relevamiento indica que el 9,4% de esa población se encuentra por debajo de la línea de indigencia. Además, mencionaron estadísticas del INDEC que ubican la pobreza general en el 32,3% durante el primer semestre de 2026.

En ese contexto, los legisladores advirtieron que numerosas familias deben endeudarse “para poder comer” y remarcaron que garantizar el acceso a una alimentación adecuada durante la infancia constituye “una obligación indelegable del Estado”.