Rutas 22, 23 y 151 de Río Negro están entre las afectadas por décadas de parálisis administrativa que el proyecto busca revertir. ¿Cómo se implementaría la ley?.
El senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone, de La Libertad Avanza, presentó ante la Cámara Alta el "Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública", una iniciativa legislativa que apunta a resolver uno de los problemas estructurales más persistentes del Estado argentino: los contratos de infraestructura que permanecen abiertos administrativamente durante años, sin recepción definitiva ni cierre formal, pese a que en muchos casos las obras ya fueron ejecutadas o están en uso.
El proyecto fue ingresado el 14 de mayo de 2026 y tiene como propósito central establecer un marco legal que permita evaluar, regularizar y cerrar de manera definitiva aquellos contratos de obras públicas nacionales que presentan inactividad prolongada, se encuentran fáctica o formalmente paralizados, o cuyos plazos contractuales vencieron sin que se haya completado el proceso administrativo correspondiente.
El senador fundamentó su iniciativa en su experiencia directa como ex Jefe del Distrito 20 de la Dirección Nacional de Vialidad en Río Negro, cargo desde el cual conoció de primera mano las consecuencias territoriales de esta problemática. La provincia no es un caso aislado, pero sí uno de los más ilustrativos del fenómeno que el proyecto busca resolver.
Según el propio texto de la iniciativa, en todo el país se registran al menos 57 obras públicas en estado de neutralización. En Río Negro, ese escenario se refleja de manera concreta en tramos estratégicos de rutas nacionales como la 22, la 23 y la 151, donde obras iniciadas entre los años 2009 y 2021 permanecen neutralizadas o inconclusas, afectando la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo regional.
"En Río Negro, la parálisis de los diferentes contratos en rutas estratégicas como la 22, la 23 y la 151 es un freno para el desarrollo. Para que las inversiones se transformen en trabajo genuino, necesitamos rutas seguras y previsibles", sostuvo Fullone al presentar la propuesta.
El proyecto detalla en sus fundamentos una problemática que, aunque técnica, tiene consecuencias muy concretas para los ciudadanos. El cierre de una obra pública no es automático: requiere la firma del acta de fin de obra, la tramitación de la recepción provisional con verificación técnica, y finalmente la recepción definitiva, que exige un procedimiento administrativo específico y culmina con el dictado de una resolución final.
En la práctica, ese circuito muchas veces no se completa. Las causas son diversas: restricciones presupuestarias que impiden movilizar equipos y personal para realizar las mediciones técnicas, falta de documentación o de los inspectores intervinientes, y en algunos períodos, la imposibilidad de reparar o calibrar los equipos de medición por dificultades para acceder a repuestos importados.
El resultado es un sistema bloqueado, con acumulación de casos, riesgos de judicialización y efectos negativos sobre la eficiencia administrativa y la gestión del patrimonio público.
La iniciativa establece un régimen de dos años de vigencia —contados desde su reglamentación— durante el cual el Poder Ejecutivo Nacional tendrá facultades para evaluar y regularizar los contratos alcanzados por la ley. Cada comitente ejercerá las funciones técnicas y administrativas necesarias para ese análisis, y deberá elaborar un informe técnico que contemple al menos cinco criterios: el grado de avance físico y financiero de la obra, el tiempo de paralización, las causales de neutralización, la evaluación de conveniencia para el interés público y la posibilidad de gestionar las obras mediante otras modalidades de contratación.
El Capítulo III del proyecto define las herramientas concretas de regularización. Del lado del contratista, se contemplan la rescisión de mutuo acuerdo sin penalidades en el Registro Nacional de Constructores, la condonación de multas generadas durante el período de paralización, la liberación de garantías y pólizas de caución, y la certificación de cierre para liquidar gastos pendientes. Del lado del Estado, los contratistas deberán renunciar a cualquier reclamo por lucro cesante sobre la parte no ejecutada, y el acuerdo tendrá carácter de resolución definitiva y cierre administrativo total.
Fullone encuadró la propuesta como parte de “la transformación del Estado que impulsa el gobierno de Javier Milei”, pero también como una respuesta a una “deuda que la Argentina arrastra desde hace más de dos décadas”, independientemente de las gestiones que pasaron por el poder.
"El proyecto pone fin a un sistema que generaba parálisis y sobrecostos. Se trata de una medida concreta para sanear la obra pública y brindar la previsibilidad que Argentina necesita para crecer. Estamos estableciendo herramientas transparentes para cerrar situaciones pendientes y liberar el potencial de nuestra infraestructura", afirmó el senador.
Para Río Negro, que atraviesa un ciclo de auge energético con inversiones crecientes en el sector hidrocarburífero, la conectividad vial es una condición estratégica. Rutas como la 22, que vincula la región con el corredor del comahue y los puertos del Atlántico, o la 151, que conecta el interior provincial con La Pampa, no pueden seguir sosteniendo contratos sin resolución que generan incertidumbre jurídica y obstaculizan nuevas inversiones.
El proyecto fue enviado al Senado para su tratamiento y Fullone convocó a sus pares a acompañar la iniciativa. Si se aprueba, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentarla.