Mientras Nación mantiene pagos pendientes, Río Negro cuenta con recursos provinciales adicionales que amortiguan el impacto y sostienen a sus 41 asociaciones.
El reclamo del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina resonó ayer en cada rincón del país. Las sirenas de los cuarteles sonaron al unísono para visibilizar una deuda que el Gobierno nacional mantiene con el Fondo Nacional de Bomberos y que ya ronda los $60.000 millones. Se trata de recursos destinados a sostener el funcionamiento de las más de 1.200 asociaciones de todo el país, además de financiar el equipamiento y la capacitación de su personal.
En ese contexto, Literal conversó con José “Pepé” Calderón, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Regina, titular de la Federación de Bomberos de Río Negro y tesorero del Consejo Nacional. El dirigente brindó detalles de las negociaciones que mantienen con la administración nacional y explicó por qué, pese a la gravedad del atraso, la situación no golpea con la misma intensidad a los cuarteles rionegrinos.
La Ley 25.054, sancionada en 1998, creó el Fondo Nacional de Bomberos Voluntarios para financiar el equipamiento, la capacitación y el funcionamiento de los cuarteles de todo el país. El fondo se sostiene con una contribución obligatoria del 5 por mil (0,5%) sobre las primas de los seguros, con excepción de los seguros de vida, que las compañías deben liquidar ante la Superintendencia de Seguros de la Nación y que no puede ser trasladada a los asegurados.
La propia ley establece que el 78% de lo recaudado se reparta en partes iguales entre las entidades de primer grado, con destino exclusivo para la compra y el mantenimiento de materiales, equipos, vestimenta y otros elementos necesarios para la lucha contra el fuego y la protección civil.
Otro 12% corresponde a las federaciones provinciales que integran el Consejo de Federaciones. La mitad de ese porcentaje debe destinarse a las inversiones necesarias para su funcionamiento y la otra mitad a los gastos de sus escuelas de capacitación.
El esquema se completa con un 2% para la autoridad de aplicación, destinado a tareas de fiscalización; otro 6% tiene como destino exclusivo la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios; y el 2% restante queda para el propio ente de tercer grado, para afrontar sus gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley.
Según explicó “Pepé” Calderón, el sistema funciona con un devengamiento que toma el último trimestre de un año y los tres primeros trimestres del siguiente. “Funciona con el último trimestre del año pasado, octubre, noviembre, diciembre y con los tres trimestres del año en curso. O sea, el 30 de septiembre terminaría el año 2026”, explicó.
El problema es que, mientras se acerca el cierre del ejercicio 2026, todavía quedan fondos pendientes del período anterior. El Tesoro nacional adeuda recursos correspondientes a 2025, que según el dirigente deberían haber comenzado a cobrarse entre enero y febrero de este año.
“Una buena cantidad de asociaciones no han cobrado: 174 asociaciones, cinco federaciones, el Consejo Nacional, que aglutina todas las federaciones y estas, a su vez, a todas las asociaciones de cada provincia. De ahí salen estos más de 59.000 millones iniciales que estamos reclamando”, señaló Calderón.
En términos individuales, el monto pendiente correspondiente a 2025 ronda, según el estimativo de los bomberos, los $40 millones por cuartel. A eso se suma el aporte correspondiente a 2026, que, ante el cierre del período a pocos días, las entidades calculan en torno a los $91 o $92 millones por asociación.
De acuerdo con datos de Presupuesto Abierto, el Fondo Nacional de Bomberos Voluntarios tiene asignados para 2026 unos $128.898 millones. Hasta el momento, se devengaron $79.391,26 millones, mientras que los pagos efectivamente realizados alcanzaron los $77.397,84 millones.
La diferencia entre el crédito vigente y los fondos ya pagados ronda los $51.500 millones, un monto que todavía resta ejecutar y transferir. A eso se suman los casi $10.000 millones que quedaron sin ejecutar durante 2025.
El reclamo que los bomberos hicieron público este jueves, sin embargo, todavía no tuvo una respuesta concreta por parte de Nación, según señalaron desde el Consejo de Federaciones. Tampoco, de acuerdo con Calderón, dieron resultados las gestiones realizadas primero ante la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y posteriormente ante la actual titular de la cartera, Alejandra Monteoliva.
Mientras tanto, los cuarteles deben sostener su funcionamiento con recursos propios. Calderón comentó que detrás de cada asociación existe una realidad diferente, donde algunas tienen mayores dificultades para generar ingresos y otras despliegan distintas estrategias para completar lo que no llega desde el fondo nacional.
“Por supuesto que por detrás de cada asociación está también la gestión. Están las que se quedan sentadas con la pierna cruzada y otras que nos movemos buscando alternativas A, B, C y todo el abecedario para generar fondos. Y la mecánica es conocida: rifa, bingo, pollos, etcétera”, resumió el tesorero del Consejo Nacional.
Río Negro cuenta actualmente con 41 asociaciones de bomberos voluntarios, a las que próximamente se sumarían otras dos. En 2025, estas entidades recibieron $1.204,14 millones del Fondo Nacional de Bomberos, mientras que para 2026, el registro nacional —actualizado al 9 de septiembre— contabiliza unos $3.580,62 millones en pagos efectivamente realizados para las asociaciones rionegrinas.
A esas transferencias nacionales se suman, en el caso de Río Negro, otras fuentes de ingreso que permiten amortiguar el impacto del atraso. A diferencia de lo que ocurre en otros distritos, los cuarteles de la provincia perciben fondos de la Lotería de Río Negro y también aportes incluidos en las facturas de electricidad de Edersa y otras distribuidoras.
Calderón atribuye esa situación a una construcción que lleva décadas y que, según sostiene, atravesó distintas gestiones sin quedar atada a un signo político determinado. “Desde que se hizo la Federación de Río Negro, que nació en 1968 en Río Colorado, las dirigencias y los gobiernos provinciales, más allá del tinte político, han llevado a que Río Negro sea una provincia privilegiada. Hay provincias que no tienen seguro, no tienen fondos para los pensionados y no tienen recursos adicionales como nosotros sí tenemos, como la coparticipación en lotería y casino y la coparticipación que nosotros tenemos con la electricidad”, explicó Calderón.
En términos económicos, la Federación recibe actualmente entre $3 millones y $3,5 millones mensuales provenientes de la Lotería de Río Negro, un monto que se distribuye en partes iguales entre las asociaciones.
El esquema eléctrico funciona de manera más directa: cada asociación recibe lo que se recauda en su propia localidad a través de las facturas de electricidad. Por eso, los ingresos son mayores en ciudades como Roca, Cipolletti, Bariloche o Viedma y menores en las localidades intermedias y pequeñas.
Ese esquema provincial no elimina el problema generado por la demora en los subsidios nacionales, pero explica por qué, dentro de un escenario que el sector considera crítico, los cuarteles rionegrinos cuentan con un margen de financiamiento que no está disponible de la misma manera en buena parte del resto del país.
Los costos operativos tampoco son iguales para todos los cuarteles. La estructura de gastos varía de acuerdo con el tamaño de cada asociación, la cantidad de bomberos disponibles y, especialmente, con el volumen de salidas que debe atender en cada ejido.
“Depende sin duda también del volumen. No es lo mismo tener 40 bomberos que tener 60, o tener lo mínimo que deben tener, que está regulado así: dos dotaciones de seis a 12 bomberos”, explicó Calderón.
A esa diferencia se suma otro factor que condiciona directamente las cuentas: el valor en dólares de buena parte del equipamiento. Según Calderón, alrededor del 90% de los elementos utilizados son importados, lo que genera una fuerte dependencia de la cotización de la moneda y de los precios internacionales.
Un ejemplo aparece en el equipamiento estructural que utilizan los bomberos durante los incendios. Existen dos grandes estándares, el europeo y el estadounidense, con diferentes niveles de protección térmica y modalidades de intervención.
“Los europeos no entran nunca dentro de una construcción cerrada en un incendio y siempre trabajan del exterior o se exponen muy poco, por lo que los trajes soportan 400 grados. El americano soporta hasta 700 grados”, detalló Calderón. El precio también refleja esa diferencia de prestaciones, pudiendo costar entre US$1.200 y US$2.500 por equipo.
La vida útil promedio de estos trajes ronda los cinco años, aunque en la práctica los bomberos suelen extender su utilización más allá de ese período para reducir el impacto sobre sus presupuestos. Esa misma lógica se aplica a buena parte del equipamiento, aunque con límites marcados por el desgaste y las condiciones en las que trabaja cada cuartel.
En una provincia que durante 2025 tuvo como antecedente los graves incendios de El Bolsón, otro elemento clave es el equipamiento para incendios forestales. Un traje específico para esas tareas puede costar entre US$300 y US$400.
La maquinaria de rescate también implica desembolsos importantes. Una herramienta hidráulica utilizada, por ejemplo, para cortar la carrocería de camiones o colectivos en accidentes de tránsito puede alcanzar los US$25.000.
De esta manera, la discusión sobre los fondos nacionales no se limita a garantizar el funcionamiento cotidiano de los cuarteles, sino también la posibilidad de renovar y mantener equipamiento de alto valor. El desafío se vuelve más evidente al observar la cantidad de salidas que registra el sistema nacional: entre julio de 2025 y julio de 2026, los bomberos realizaron una intervención aproximadamente cada dos minutos, por lo que la reposición del equipamiento no constituyen gastos excepcionales, sino una necesidad permanente.
Fuente: Daniel Quilodrán (Literal.com)