La iniciativa apunta a erradicar la caza deportiva para respetar a los animales como seres “sintientes”. Existen 14 establecimientos habilitados que cobran hasta 3500 euros por salida.
Un proyecto de ley que apunta a eliminar la caza deportiva de las actividades habilitadas en el territorio provincial fue presentado ante la Legislatura de Río Negro. La iniciativa propone una ley para avanzar hacia un modelo de protección integral de la fauna silvestre y para considerar a los animales como “seres sintientes”.
La propuesta fue impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, quien planteó un cambio estructural en el enfoque jurídico vigente y en la percepción social de la caza deportiva. El objetivo es la prohibición definitiva para la instalación, habilitación y operatividad de los cotos de caza en todo el territorio provincial.
El proyecto propone dejar atrás una mirada “antropocéntrica” para adoptar una perspectiva “ecocéntrica”, donde se respete a los animales como individuos valiosos y “seres sintientes” en lugar de considerarlos como activos económicos o de entretenimiento.
“La tortura no es arte ni cultura”, subraya el documento en sus fundamentos. El texto destaca el rol de los cotos de caza como promotores de la mercantilización de la vida silvestre y señala que su actividad se aparta de los principios del nuevo derecho animal.
Actualmente, en Río Negro funcionan 14 predios habilitados para la caza deportiva, integrados a un circuito de turismo internacional. Según detalla el documento, estos espacios conforman un negocio altamente rentable, donde promueven la actividad con la entrega de trofeos por cada animal cazado en el predio.
“En estos recintos privados, la matanza de fauna silvestre para obtener 'trofeos' mueve cifras exorbitantes, llegándose a abonar sumas de hasta 3.500 euros por pieza cazada”, explicó la legisladora Odarda.
Uno de los puntos más críticos señalados en el proyecto es la brecha en la capacidad de control del Estado provincial para sancionar a quienes realizan estas actividades y la desproporción financiera entre los ingresos del sector privado y el canon que percibe la provincia. Esto genera un desequilibrio sistémico difícil de revertir en el corto plazo.
Odarda apuntó contra “la grave desproporción entre la magnitud de este lucrativo negocio y la limitada capacidad de control del Estado”.
Según los datos oficiales remitidos por la Subsecretaría de Fauna, la provincia dispone tan solo de cinco guardafaunas y tres vehículos para fiscalizar los 14 cotos habilitados. El recurso humano y técnico actual también debe controlar el conjunto de las áreas naturales protegidas, lo que representa un cuello de botella operativo.
“Esta falta de fiscalización incrementa significativamente el riesgo reputacional y biológico, poniendo en peligro a especies protegidas que habitan la región, como el Huemul, el Pudú y el Puma”, indicaron desde la Subsecretaría de Fauna.
El texto legislativo cuestiona directamente la legalidad del aprovechamiento privado de la fauna silvestre, al recordar que “constituye un bien natural común que pertenece a toda la sociedad”. La iniciativa también cuestiona la habilitación de actividades que contradicen los avances regulatorios en términos de leyes de protección animal.
Como conclusión, la autora del proyecto sostiene que prohibir estos establecimientos es una medida razonable y necesaria para garantizar la protección integral de la biodiversidad y fomentar una cultura de paz, argumentando que premiar la violencia no es compatible con los estándares éticos de la sociedad actual.