Un operativo policial contra sospechosos de un delito derivó en una investigación que involucra a oficinas judiciales de toda la provincia.
Un operativo policial de rutina destapó un escándalo en la Justicia de Río Negro. Armas de fuego que debían estar resguardadas en depósitos judiciales volvieron a circular en las calles. El hallazgo, casual, provocó una investigación en distintas jurisdicciones para determinar quiénes concretaron la maniobra.
El Poder Judicial de Río Negro informó que ha iniciado una exhaustiva investigación penal y administrativa tras detectar graves irregularidades en la custodia de elementos secuestrados.
El caso salió a la luz luego de que un arma de fuego, que debía permanecer resguardada en dependencias judiciales, fuera hallada en poder de delincuentes durante un operativo policial en la ciudad de Roca.
Según se confirmó desde la propia Justicia, la irregularidad se detectó cuando efectivos policiales secuestraron un arma en un procedimiento delictivo reciente. Al verificar los registros, se constató que dicho elemento ya había sido secuestrado previamente en otra causa y debía estar bajo la custodia exclusiva del Poder Judicial.
Ante esta inconsistencia, la Fiscalía de Roca inició una causa penal para determinar cómo el arma salió del depósito judicial y regresó al circuito delictivo.
El Poder Judicial ordenó la intervención del Auditor General de manera "urgente" y dispuso un relevamiento integral de todos los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca. Esta medida se hizo extensiva al resto de la provincia para verificar la correspondencia entre los inventarios y la existencia física de los elementos. Y el resultado expuso que la situación es aún más grave.
Durante estos controles, se detectó la ausencia de otras armas de fuego en los depósitos judiciales de Río Negro, por lo que el caso de Roca no fue aislado. El Poder Judicial no precisó cuántas armas ya se confirmó que "desaparecieron" de los depósitos, ni en qué ciudades.
A raíz de la confirmación del faltante de armas en varias ciudades se amplió la denuncia penal realizada por el Ministerio Público Fiscal.
Además, según se informó desde el Poder Judicial se están auditando los sistemas de inventario, los registros de ingresos y salidas, y la seguridad de los depósitos para evitar que se repita la maniobra delictiva.
Desde el organismo indicaron que el objetivo primordial es asegurar la trazabilidad de los secuestros y reforzar los mecanismos de control interno. Dependiendo de los resultados de la auditoría, se prevé la adopción de medidas precautorias y sanciones administrativas para el personal responsable de la custodia de dichos bienes.
Actualmente, tanto la investigación penal como la administrativa avanzan bajo reserva para no entorpecer la recolección de pruebas y testimonios, expresaron desde la Justicia para explicar la falta de detalles sobre la cantidad de armas secuestradas que volvieron a circular en la calles.
La auditoría continúa en marcha, con una revisión de inventario e inspecciones presenciales en los depósitos por lo que no se descarta que se descubran más faltantes de elementos o armas secuestradas.
"Los detalles adicionales se comunicarán a medida que avancen tanto la investigación penal como la administrativa, en resguardo del adecuado desarrollo de ambos procesos", se informó desde el Poder Judicial.