Filmaron la agresión a una chica y lo publicaron en redes: La Justicia ordenó severas medidas

Una joven denunció al ex novio por hostigamiento y a la hermana de él por haberla agredido físicamente en la vía pública. Pero además agregó que otra joven filmó el ataque y luego lo publicó en redes sociales.

La presentación la realizó el último martes 13 de octubre en una dependencia policial de General Conesa, en la que precisó que L.A, su ex, va a buscarla a su casa sin su consentimiento.

Pero además sumó a esa molestia que la hermana del muchacho, que tiene 14 años de edad, la encontró en la plaza del pueblo el día anterior, donde la agarró de los pelos y la tiró al piso. Encima otra adolescente la grabó con su teléfono celular, y el video luego su ex cuñada lo subió al Instagram, por lo que tuvo difusión pública.

El expediente fue elevado al Juzgado de Paz local, donde se dispuso en primer lugar que la acusación contra el hombre quedaba encuadrada en lo que establece la Ley 3040, referida a la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”. Mientras que, en relación a la adolescente, no queda comprendida en lo que establece la normativa, dada la inexistencia de vínculo familiar.

La conducta de la menor en la mira

De todos modos, se evaluó que su conducta de hostigamiento atribuida a la adolescente requería una respuesta institucional, considerando su condición de menor de edad, su interés superior y las garantías establecidas por ley.

La denuncia sostiene la existencia de un video en el que se muestra una presunta agresión física contra la denunciante, cuya difusión “constituye una circunstancia que amerita especial protección judicial”, sostiene la resolución judicial conocida recientemente.

El Juzgado de Paz de General Conesa intervino en el conflicto entre vecinas desatado por una bicicleta y que difundieron por el Facebook.

Archivo

Agrega en el mismo sentido que la divulgación, reproducción o circulación de las imágenes que “exhiben una situación de violencia puede generar una nueva afectación a la dignidad, intimidad e integridad psicológica de la persona damnificada, profundizando su exposición y revictimización”.

Por esa razón sostiene el dictamen que “corresponde disponer medidas urgentes a los fines de impedir la continuidad del hostigamiento digital y la difusión del material audiovisual denunciado”.

Medidas para proteger a la víctima

La Justicia de Paz conesina dispuso en primer lugar que ambos denunciados tienen prohibido acercarse al domicilio de la chica a menos de 300 metros. Tampoco deberán acercarse a ella en forma personal, ya sea en la vía público o lugares de estudio, trabajo o esparcimiento.

Asimismo, les advirtió que tampoco deberán realizar actos molestos que perturben a la joven por cualquier medio, como llamadas telefónicas, mensajes de texto o WhatsApp o rede sociales. La prohibición comprende realizar “publicaciones, comentarios, mensajes, menciones, etiquetados y cualquier otra conducta digital dirigida a intimidar, humillar, perseguir o perturbar a la denunciante”. Todo por el plazo de 90 días. En caso de incumplimiento podrán ser sancionados de acuerdo a lo que establece la normativa: arresto, multa o trabajos comunitarios.

Borrar el video

En tanto, también les ordenó a los acusados que, en un plazo de 24 horas tras recibir la notificación, deberán “retirar de sus cuentas, perfiles o espacios digitales bajo su administración o control el video en el que aparece la señorita ( ), en el que se registra la presunta agresión física”. Esta medida incluye la prohibición de volver a publicar, difundir, reenviar o facilitar a terceros el referido material audiovisual, por cualquier medio digital.

Como sigue la causa

El expediente judicial tendrá continuidad en el Juzgado de Familia que corresponda, por lo que fue remitido a la Oficina de Tramitación Integral del Fuero (OTIF) para su sorteo. Se les comunicó a ambas partes que en esa instancia deberán acudir con un abogado o en caso de imposibilidad económica podrán requerir asistencia legal gratuita en la Defensoría de Pobres y Ausentes.