La jueza explicó que el delito excede el presunto ejercicio ilegal de la medicina. La imputada presentó una convalidación del título y una resolución de la UNCo adulteradas.
El caso de la presunta médica falsa acusada de ejercer ilegalmente la medicina en Río Negro sumó un nuevo capítulo este jueves por la mañana. La Fiscalía endureció la acusación contra Mariela Fernanda Marzano a partir de la confirmación de que toda la documentación para acreditar su formación como médica es completamente falsa.
El planteo fue realizado durante una audiencia que tuvo lugar este jueves por la mañana en los Tribunales de General Roca, Fiscalía expuso una serie de evidencias reunidas desde el inicio del expediente que reflejan la presunta falsificación de títulos y certificados de formación académica, que habrían sido adulterados por Marzano.
En ese sentido, la jueza de garantías Natalia González se declaró incompetente para seguir interviniendo en la causa contra Mariela Fernanda Marzano y ordenó remitir el expediente al fuero federal. La declaración se debe a que la imputación excede el presunto ejercicio ilegal de la medicina, sino que también está vinculado a posibles delitos vinculados a la documentación pública nacional.
Según expuso Gonzáles, toda la documentación para la obtención de la matrícula médica provincial había sido mediante el uso de documentos de organismos nacionales y universidades públicas, esto significa que la investigación habilita la competencia federal, al tratarse de documentos de validez nacional.
“Corresponde hacer lugar a la solicitud fiscal”, indicó González durante la audiencia.
El pedido de elevación a la Justicia Federal obedece a los documentos presentados como el título de médica cirujana expedido por la Universidad de Los Andes de Venezuela, una resolución del Ministerio de Educación de Nación vinculada a la convalidación del título en el país y una presunta resolución de la Universidad Nacional del Comahue. “Estos documentos que acabo de mencionar son todos falsos”, indicó la fiscal jefa Teresa Giuffrida.
Es decir, la totalidad de los documentos para acreditar su formación como médica, habrían sido adulterados por la acusada.
“Solicitamos la declaración de incompetencia de la Justicia provincial ya que los tres documentos que forman parte de esta investigación se desprenderían de resoluciones falsas que deberían haberse emitido de organismos nacionales. Por ello es que este legajo corresponde a la órbita de la justicia federal”, explicó Giuffrida.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el Ministerio de Salud de Río Negro. A partir de esa presentación se ordenaron múltiples medidas, entre ellas allanamientos en la vivienda de la mujer denunciada y en el domicilio de un familiar cercano.
Además, se realizaron allanamientos en centros de salud de General Roca, quienes aportaron voluntariamente documentación referida a la actividad de la acusada vinculada a la salud. Durante los operativos se secuestraron títulos, sellos, recetarios, medicamentos, dispositivos electrónicos y registros vinculados al desempeño en la medicina.
Uno de los puntos centrales de la investigación surgió a partir de la entrevista con el Secretario General de la universidad venezolana, quien informó que la mujer nunca fue alumna de esa casa de estudios. La fiscal le mostró a dicho referente el título presentado ante las autoridades nacionales de Río Negro y el secretario señaló que ese documento no pertenecía a la universidad.
“Agregó que para que ese título sea válido fuera de su país tiene que tener apostillado de La Haya y haber sido registrado en la cartera educativa nacional, cuestión que tampoco ocurrió. Por ello es que se ha podido establecer que el título de médico es falso”, indicó Giuffrida.
Seguidamente, se concretaron las averiguaciones en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, y se verificaron que los pasos a seguir para convalidar un título del exterior no coinciden con lo que la mujer ha presentado.
“Nada de lo que señalan las resoluciones y convenios con universidades extranjeras aparece en el documento exhibido. Presenta un encabezado donde se puede leer 'Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación', y se le otorga de manera directa la convalidación como medica cirujana. Cuestión que tampoco coincide con lo requerido por nuestra nación para realizar ese trámite”, explicó la fiscalía.
Fiscalía agregó la investigación que realizó a través de la Dirección de Títulos y diplomas de la Universidad Nacional del Comahue. Las autoridades de la casa de estudios explicaron que al no poseer el convenio de colaboración académica con el Ministerio de Educación de la Nación, es imposible que dicha institución haya actuado como instancia de evaluación para permitir el acceso al título de la mujer.
En paralelo, la fiscal Benatti agregó que la Fiscalía incorporó informes de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. De acuerdo a esa documentación, Marzano registra movimientos migratorios hacia España, República Dominicana y Brasil, pero no aparecen ingresos a Venezuela.
Los movimientos migratorios reflejan que la mujer nunca estuvo en la República Bolivariana de Venezuela, siendo requisito obligatorio del plan de estudios que debería haber cursado para graduarse como médica, haber realizado los últimos 2 años de carrera de manera presencial y haber acreditado residencias en hospitales de dicho país.