El Gobierno de Río Negro estimó un ahorro millonario en 2025 tras endurecer el control del ausentismo, con sanciones y cesantías, en medio de duras críticas gremiales y políticas.
El control del ausentismo en la administración pública provincial le permitió al Gobierno de Río Negro estimar un ahorro de $19.000 millones durante 2025, según un informe oficial elaborado por la Secretaría de la Función Pública. El dato se desprende de un balance anual que repasa las principales líneas de gestión vinculadas al empleo estatal, con eje en auditorías médicas, sanciones disciplinarias, formación de personal y negociación paritaria.
Desde el Gobierno de Río Negro señalaron que la estrategia apuntó a “la profesionalización del empleo público, el ordenamiento administrativo y la transparencia”, con políticas orientadas a mejorar el funcionamiento del Estado y la calidad del servicio a la ciudadanía.
Sin embargo, la implementación del sistema de control no estuvo exenta de controversias y generó fuertes cuestionamientos sindicales y políticos.
El informe destaca que el sistema de auditoría médica permitió detectar irregularidades en solicitudes de licencias por razones de salud. Como resultado, el 45% de los días requeridos fue denegado por falta de sustento clínico, en su mayoría de manera parcial.
Desde el Consejo de la Función Pública explicaron que esta metodología tuvo un efecto disuasorio, redujo prácticas consideradas oportunistas y permitió recuperar niveles de presencialidad en áreas críticas del Estado.
Ese proceso, de acuerdo al balance oficial, derivó en un ahorro estimado de $19.000 millones, cifra que el Ejecutivo provincial exhibe como uno de los principales resultados de la política de control del ausentismo durante 2025.
En paralelo, el Sistema de Juntas Médicas amplió su alcance territorial mediante convenios firmados con 16 municipios y nueve empresas estatales, lo que permitió unificar criterios profesionales para la evaluación y el seguimiento de la salud laboral de los trabajadores en distintos niveles del sector público.
Otro de los avances destacados fue el inicio del desarrollo de la Historia Clínica Laboral digital, una herramienta que busca centralizar y sistematizar la información vinculada a la salud de los agentes estatales. Según el informe, este sistema permitirá agilizar trámites, mejorar los procesos de evaluación médica y fortalecer el seguimiento integral de la trayectoria laboral, con resguardo de la información sensible.
En materia disciplinaria, durante 2025 se tramitaron 430 expedientes para resguardar la integridad institucional. De ese total, 204 derivaron en sanciones, entre ellas 36 cesantías por faltas graves. En este marco, también se llevaron adelante capacitaciones específicas al personal de hospitales públicos para optimizar los procedimientos internos vinculados a este tipo de actuaciones.
La formación continua fue otro de los ejes centrales. Más de 200 agentes participaron de capacitaciones en liquidación de haberes, un área considerada clave para garantizar el pago correcto y en tiempo de los salarios. Además, se brindó acompañamiento técnico permanente a las áreas de Recursos Humanos de toda la provincia.
En cuanto al ciclo laboral, se gestionaron 394 adhesiones para la regularización de aportes previsionales y 149 agentes accedieron al régimen de desvinculación voluntaria, con apoyo económico y cobertura de salud.
El balance también remarca avances en transparencia, con la centralización del ingreso al Estado a través del portal Convocatorias RN, donde se realizaron 35 llamados públicos para cubrir vacantes en organismos estratégicos.
Por último, la Mesa de la Función Pública mantuvo 13 reuniones paritarias durante el año, con el objetivo de revisar esquemas salariales en un contexto de alta inflación. Desde el Ejecutivo sostienen que la prioridad fue garantizar previsibilidad y el pago de haberes en tiempo y forma, bajo la premisa del equilibrio fiscal, en medio de un debate que sigue abierto con los gremios sobre el alcance y la continuidad del sistema de control del ausentismo.