La denuncia la hizo una mujer en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos. La causa fue al Juzgado de Paz, donde determinaron que no tienen competencia para resolver.
Una vecina de Cinco Saltos denunció a un compañero de trabajo por hechos de violencia de género. La presentación fue realizada en la Comisaría de la Familia de esa localidad, encuadrada en lo que establece la Ley Nacional 26485 (sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), por lo que fue elevada al Juzgado de Paz local.
Su titular subrogante, Mariano Larrasolo, determinó que de acuerdo a lo relatado por la mujer, el caso debe ser tramitado en el fuero de Trabajo, dado que “resulta competente para intervenir en la presenta denuncia”, expresó en la resolución conocida recientemente.
El magistrado explicó que no brindan presiones sobre los episodios descriptos por la mujer ni tampoco donde se desempeñan ambos laboralmente, para evitar su revictimización o “afectar a algún miembro de la presente contienda”.
Sostuvo en este aspecto la necesidad de mantener los anonimatos para no exponer a los involucrados, dado que “en lugares pequeños como nuestra localidad, los hechos que fundamentan una sentencia pueden ser también elementos individualizadores de quienes intervienen en estos procesos”.
También resaltó procedió en las actuaciones “sobre la base de la perspectiva de género en clave de derechos humanos”.
El juez Larrasolo dispuso en su análisis del caso remitir el expediente a la OTIL - Oficina de Tramitación Integral Laboral- de la Cámara del Trabajo de Cipolletti.
Le comunicó a la demandante que en esa instancia deberá contar con el patrocinio de un abogado o ante falta de recursos o estado de vulnerabilidad podrá requerir la asistencia legal gratuita en la Defensoría de Pobres y Ausentes de Cinco Saltos.
Ocurrió también en Cinco Saltos. Una adolescente de 17 años de edad denunció a un ex compañero de trabajo, mucho mayor que ella, por acoso y hostigamiento. La presentación la hizo en la Comisaría de la Familia, donde acudió sola porque no contaba con un adulto que la acompañe, según aclaró.
La causa se elevó al Juzgado de Paz local encuadrada en un caso de “violencia familiar y de género”, de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional 26.485 –que regula la protección integral a las mujeres- y la Ley Provincial 4650, que tiene el objetivo de “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. La menor relató que con el acusado, identificado con las siglas GM, compartió un ámbito laboral y que la abordaba con la intención de llegar a una relación sentimental, aún cuando ya había dejado de trabajar con él.
Dijo que ese lunes, alrededor de las 16, el sujeto “de manera inesperada” se presentó a “molestarme” a la casa de su madre, hecho que motivó que efectuara la denuncia.
Destacó que "...muchas veces le dije que no se me acerque más, porque se me hacia el novio todo el tiempo y me hostigaba diciéndome que me quería como pareja, que me quería dar una buena vida y le gustaría llevarme a vivir a Neuquén”. La joven agregó para más datos que GM “es una persona de 50 años y está casado".
El juez de Paz Enzo Espejo decidió tomar medidas para resguardar a la adolescente y explicó que tenía competencia para intervenir -debido a la ausencia de vínculo familiar-atento a que la norma nacional lo habilita según “los tipos y modalidades de violencia de que se trate”.
En su resolución, el juez Espejo le ordenó a GM terminar con “todo acto de acoso, persecución y hostigamiento” y dispuso la prohibición de acercamiento a la menor, como a la residencia de su madre, ubicada en Cinco Saltos, a una distancia no menor a los 200 metros. Tampoco debe producir incidentes, agravios o realizar actos molestos por cualquier medio, como llamadas telefónicas, mensajes de texto o a través de las redes sociales.
Además, requirió “en forma urgente” la intervención de la sede local de la SENAF - Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, para que evalúe la “posible situación de riesgo y vulnerabilidad que estaría afectando los derechos de la adolescente”. Asimismo, envió la causa a la Defensoría de Menores para que también intervenga, al igual que al Juzgado de Familia de turno.
En tanto que indicó que ambos, tanto la chica como el acusado, la asistencia médica o psicológica en organismos públicos o privados. Sugirió recurrir al área de Salud Mental del hospital de Cinco Saltos.
El magistrado destacó que las medidas impuestas tendrán vigencia por un laso de 60 días. Le informó al hombre que en caso de incumplimientos lo acusarán por el delito de desobediencia a una orden judicial con injerencia del Ministerio Público Fiscal.