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La revisión tarifaria para los próximos cinco años desató críticas de usuarios, cámaras empresarias y organismos de control. La distribuidora defendió un aumento cercano al 45%.
Este viernes se realizó una nueva audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para discutir el nuevo cuadro tarifario propuesto por Edersa en Río Negro para el próximo quinquenio. La instancia, desarrollada de manera virtual a través de la plataforma zoom y con cupos limitados, estuvo marcada por fuertes cuestionamientos y un amplio rechazo a la intención de la empresa de avanzar con aumentos a partir de mitad de año.
La jornada expuso un escenario de tensión entre la distribuidora, que argumenta la necesidad de actualizar ingresos para sostener el servicio, y usuarios, entidades intermedias y organismos de control que advierten sobre el impacto económico y cuestionan la razonabilidad del incremento.
El presidente del EPRE, Juan Justo, fue el encargado de abrir la audiencia y aclarar el alcance del encuentro. Recordó que la normativa provincial establece la obligación de realizar una revisión tarifaria cada cinco años, cuyo último proceso se llevó a cabo en 2021 y vence este año.
En ese marco, sostuvo que la audiencia representa el inicio formal del análisis y no la definición inmediata de un aumento. Además, explicó que el estudio contempla variables técnicas, económicas y jurídicas, e hizo hincapié en la participación ciudadana como un componente clave del proceso.
La presentación de la empresa estuvo a cargo de Fernando Salice, director gerente comercial de Edersa, quien centró su exposición en la discusión del Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes centrales de la tarifa eléctrica.
Según detalló, el objetivo del VAD es cubrir los costos operativos, las inversiones necesarias y el mantenimiento del servicio en toda la provincia. En ese sentido, la empresa reiteró su pedido de incremento cercano al 45% para el período 2026-2031, resultado de un estudio tarifario elaborado durante más de un año y presentado al EPRE en octubre de 2025.
Uno de los argumentos principales fue la extensión y dispersión del área de concesión. Salice señaló que la empresa presta servicio en más del 90% del territorio rionegrino, con una superficie de 203 mil kilómetros cuadrados y una densidad de apenas un usuario por kilómetro cuadrado, lo que, según indicó, encarece significativamente la operación en comparación con otras regiones del país.
Además, apuntó al aumento del costo de la energía mayorista y a la quita de subsidios nacionales. “Las facturas vienen más caras, pero ese dinero no va a Edersa”, afirmó, al señalar que los costos de abastecimiento definidos por CAMMESA se incrementaron más de un 2.700% entre 2021 y 2025.
De acuerdo a las proyecciones de la empresa, el impacto en usuarios residenciales implicaría un aumento promedio de $24.000 mensuales para más del 70% de los hogares, en el marco de un esquema gradual que alcanzaría el 45,9% hacia 2031.
Sin embargo, la propuesta encontró un rechazo generalizado. Más de diez representantes de distintas localidades participaron para expresar su oposición, junto a referentes institucionales como la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati; el defensor del usuario; el legislador Luciano Delgado Sempé; y diversas cámaras empresarias y productivas.
Entre ellas, se pronunciaron la CAIC, la CAFI, la Cámara de Comercio de Viedma, la Cámara de Valle Medio, el Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro y la Asociación de Productores del Alto Valle.
En contrapartida, algunas entidades respaldaron la actualización, como la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), el sindicato de Luz y Energía y asociaciones profesionales del sector, además de un grupo reducido de usuarios.
Uno de los planteos más duros fue el de la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati, quien cuestionó la falta de correlación entre el aumento solicitado y la calidad del servicio.
“El incremento del 45,9% no presenta correlación suficiente con la eficiencia del servicio ni con la evolución de los ingresos de los usuarios”, afirmó durante su exposición.
La funcionaria advirtió además que la propuesta evidencia una transferencia de riesgos del negocio hacia los usuarios, sin justificación objetiva, y señaló problemas vinculados a ineficiencias operativas, pérdidas crecientes y costos estructurales sin control.
En ese sentido, sostuvo que el esquema planteado podría dejar a los usuarios en una situación de desprotección, al desvincular la rentabilidad de la empresa de su desempeño real. Por ello, la Defensoría se pronunció por el rechazo del pedido en los términos presentados.
Desde el sector empresario también se alzaron voces críticas. La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) calificó el aumento como excesivo y cuestionó duramente los argumentos de la distribuidora.
“Intentaron decir que el tarifazo no duele, pero la realidad es que la luz aumentó cinco veces más que la inflación”, plantearon sus representantes durante la audiencia.
Además, rechazaron un incremento retroactivo del 64% y denunciaron que los costos de la empresa crecieron de manera desproporcionada en comparación con la economía real. También apuntaron contra la calidad del servicio y la atención al usuario, a la que calificaron como deficiente.
Tras la audiencia, el EPRE deberá analizar todas las exposiciones y definir si rechaza el pedido, lo aprueba o introduce modificaciones al esquema tarifario propuesto por la empresa eléctrica.