Secuestro en Las Perlas: acusaron al sospechoso y su cómplice se entregó
Avanza la investigación por el sorprendente hecho ocurrido el lunes. Uno de los hombres fue imputado y quedó en libertad. El otro se entregó y quedó preso.
Gustavo Gallo, fue imputado por privación ilegítima de la libertad y coacción. El martes recuperó la libertad, con medidas cautelares.
La investigación por el sorprendente caso de privación ilegítima de la libertad y coacción denunciado en Las Perlas avanza sobre la hipótesis de un conflicto por tierras, como lo anticipó LMCipolletti, en el que ya estaba trabajando la Justicia rionegrina.
El lunes se registró el episodio que hizo trascender la trama, en la que dos hombres quedaron en la mira de la pesquisa. Uno de ellos, identificado como Gustavo Ernesto Gallo, de 65 años, fue detenido el mismo lunes en el poblado cipoleño. Posteriormente se hizo un allanamiento en una vivienda donde reside, ubicada en el barrio Costa Esperanza. En el mismo operativo también se produjo el secuestro de documentación y elementos relevantes para la causa. Entre ellos una lujosa cupé Hyundai utilizada en el hecho.
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En tanto que su cómplice, Dino Geremías Riva, logró escapar, aunque horas más tarde se entregó voluntariamente. El hombre, “hijo del corazón” de Gallo como dijo él, tendría mayor responsabilidad en los hechos. Quedó detenido y este miércoles estaba previsto que le formulen los cargos.
Liberado con medidas cautelares tras el secuestro
Gallo pasó la noche del lunes detenido en la Comisaría 24 del barrio Don Bosco. El martes por la tarde fue trasladado a los Tribunales de Cipolletti, donde lo imputaron por el delito de “privación ilegítima de la libertad y coacción”.
La audiencia fue presidida por la jueza María Agustina Bagniole, con la actuación de la fiscal Alejandra Altamira y el abogado Rubén Antiguala, quien ejerció la defensa del sospechoso.
La fiscal Altamira acusó a Gallo de haber ido junto a Riva a una casa situada en la denominada toma 2 de Abril, donde viven dos hermanos de apellido Martínez Sánchez.
Allí habrían ingresado a la fuerza al inmueble y tras atacarlos a piñas, patadas y proferirle amenazas subieron a uno de ellos -Adrián Ernesto- al vehículo deportivo, en el que Gallo lo trasladó a la Fiscalía de Cipolletti para que levantara una denuncia.
Mientras que Riva había quedado en la vivienda con el otro hermano, Cristian, quien en un momento logró llegar a la Subcomisaría 82 y denunciar lo que había sucedido.
Pocas horas después, tras haber conseguido que se anulara la denuncia, Gallo volvió a Las Perlas, donde fue detenido cuando llevaba a Martínez Sánchez de nuevo a su casa.
Tierras en Las Perlas, en el centro de la escena
La maniobra delictiva tiene correlato con un hecho ocurrido anteriormente en el que Gallo y Riva aparecen acusados de haber agredido a los mismos hermanos, a quienes les habrían robado un boleto de compra-venta del terreno que ocupan, explicó la fiscal Altamira.
Según esta hipótesis, las víctimas habrían puesto a la venta el inmueble y los sospechosos, enterados, se habrían presentado como presuntos interesados en adquirirlo. Pero al conocer que contaban con el documento que acreditaba la propiedad, se lo habrían apropiado en un acto violento. Por ese episodio los damnificados hicieron la denuncia, que fue la que obligaron a retirar.
Altamira sostuvo que el mes pasado allanaron la casa donde viven ambos acusados, pero no encontraron el boleto. Sin embargo, lo secuestraron en el operativo del lunes, por lo que se considera una prueba relevante para el avance de la investigación.
Riva sería el más comprometido de los dos, ya que también está involucrado en una causa por usurpación, que se encuentra en avanzado estado y sería elevada a juicio próximamente.
Por su ausencia al momento de la detención de su consorte de causa se iba a librar la orden de captura.
En tanto que Gallo tendría una responsabilidad menor en la trama. Altamira pidió que lo imputaran, y le otorgó la libertad, aunque requirió que le colocaran una tobillera GPS y la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto respecto a las víctimas, dado que declararon que tienen miedo. Destacó la funcionaria que le otorgaba el beneficio porque carece de antecedentes penales.
El defensor Antiguala no planteó objeciones. La jueza Bagniole accedió al requerimiento de la fiscal y dispuso un lapso de 4 meses para continuar con la investigación preparatoria.
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