El asalto a un matrimonio cipoleño expuso un posible entramado delictivo. Otros dos efectivos fueron imputados. Apareció un caso de extorsión.
La investigación por el brutal asalto que sufrió un matrimonio mayor de Cipolletti, por el que sigue internado uno de sus miembros, ratifica la sospecha de que los autores eran miembros de la policía rionegrina que habrían formado parte de una banda delictiva que operaba desde General Roca.
Ya está imputado y en prisión preventiva por un año el oficial Inspector Enzo García. Fue el primero en caer poco después del atraco ocurrido el 20 de marzo último, en el que se llevaron cerca de 3 millones de pesos, 20 mil dólares y joyas.
El martes fueron detenidos otros dos uniformados en la misma ciudad. A uno de ellos, Matías Ezequiel Llamonao, le formularon los cargos este jueves por el mismo delito: "Robo agravado por el uso de arma en concurso real con robo agravado por ser cometido en poblado y en banda", que tuvo como víctimas a María Lapadaz, de 80 años de edad y su esposo Juan Carlos Gorini, de 79, más conocido como El Cheva.
También con jerarquía de oficial Inspector, Llamonao está acusado de haber ingresado a la vivienda de la víctimas, ubicada en la calle Brentana casi Alem, y ejecutado el violento golpe junto con otro sujeto que aún no fue identificado.
En ese hecho le adjudicaron a García haber permanecido en el exterior de la propiedad haciendo de “campana”, presencia que quedó corroborada por cámaras de seguridad del sector que los tomó cuando llegaban en un Volkswagen Fox. También por la compra de un helado que pagó con su cuenta de Mercado Pago, por lo que confirmó que estuvo en el lugar.
El otro efectivo involucrado es el suboficial Principal Javier Espinoza, quien estaba a pocos meses de alcanzar el retiro.
Pero él no aparece -por el momento- en el asalto a la familia cipoleña, sino que está sospechado de haber participado en una maniobra extorsiva junto con Enzo García, que tuvo como víctima a un prófugo de la policía neuquina.
Al igual que García, Llamonay y Espinoza por pedido de la Fiscalía fueron imputados y quedarán en prisión preventiva por el término de un año, el lapso máximo prevista en esta instancia.
El abogado defensor de Espinoza, Edgardo Pérez, planteó que era excesivo ese plazo. Pero el Juan Pedro Puntel lo desestimó. Mientras que la defensora Oficial Silvana Ayenao, quien representa a Llamona, no expuso objeciones.
Las víctimas se presentaron como querellantes con el patrocinio de Pablo Gutiérrez, que adhirió a lo requerido por la fiscalía en el caso de Llamonao, dado que no interviene en el expediente en el que aparece Espinoza.
La presunta organización criminal-policial quedó al descubierto en la pesquisa encabezada por el Ministerio Público Fiscal con el trabajo investigativo de efectivos de la misma fuerza provincial.
Además de los videos, en la audiencia de este jueves la fiscalía representada por Santiago Márquez Gauna y Eugenia Vallejos mencionaron que cuentan con información obtenida del teléfono de García, donde descubrieron conversaciones que mantuvo con Espinoza en la que se refirieron a la extorsión planeada a Hugo Castillo, quien era buscado por la policía de Neuquén por la sustracción de una adolescente.
García había recibido una comunicación de sus colegas de la vecina provincia en la que les informaban que el prófugo podría estar en Roca. Ellos lo ubicaron, pero le exigieron 50 mil pesos a cambio de no detenerlo.
En cuanto a Llamonao, lo incrimina la descripción física brindada por la vecina asaltada y las semejanzas del “retrato hablado” que aportó.
El fiscal Jefe Márquez Gauna requirió un año de prisión preventiva para los dos policías recientemente detenido al advertir riesgos procesales en caso de permanecer en libertad, como interferir en la investigación o fugarse.
Destacó que tanto Llamonao como Espinoza tienen experiencia en trabajos investigativos, por lo que podrían obstaculizar el desarrollo de la pesquisa.
Aclaró que aún faltan medidas de prueba por realizar, como ruedas de testigos, razón por la que solicitó a los medios de prensa no difundir fotografías de los acusados, lo que hizo lugar el juez Puntel.
En este marco, pidió la apertura de los teléfonos de ambos, al sostener que podrían encontrar información relevante y la posible ejecución de otros hechos delictivos en la región que no llegaron a esclarecerse.
El caso del teléfono de Llamonao es particular, porque desapareció. Supuestamente alegó que lo perdió, pero presumen que fue una maniobra para quitarse responsabilidades. Sin embargo las pericias ordenadas podrían acceder a los datos almacenados virtualmente.
Pero además subrayó el Fiscal que aún quedan personas por detener. Entre ellas el otro hombre que actuó en el asalto a la familia Gorini y también una mujer. Sucede que horas previas al ataque habían recibido un llamado de la Anses, que resultó falso, en el que una voz femenina le indicó que debía presentarse en las oficinas del organismo para cumplir un trámite. Presumen que esa mujer también está vinculada a los policías acusados.