Denunció que un motociclista atropelló a su hijo y lo acosa para que le pague los daños

Una mujer denunció en la policía que su hijo de 16 años de edad es hostigado por un hombre que le reclama el pago de daños por un incidente de tránsito. Aseguró que lo llama y le manda mensajes intimidantes y amenazantes, lo que le provocó una profunda desazón al menor y a su grupo familiar, por lo que requirieron medidas de protección.

La presentación la formalizó la madre del chico a fines de junio último en la Comisaría 13 de Sierra Grande, la localidad ubicada en el este rionegrino, a pocos kilómetros del límite con Chubut.

En su relato, la vecina destacó que el adolescente fue embestido por una motocicleta, cuyo conductor identificado con las siglas PDA se retiró del lugar, impidiendo de ese modo que se realizaran las pericias para determinar responsabilidades del evento vial.

En cambio el muchacho sufrió heridas consideradas graves y tuvo que ser hospitalizado, precisó.

Llamados y mensajes amenazantes

Pero el motociclista, luego comenzó a exigirle al adolescente el pago de los daños materiales de su moto.

Aseguró que lo hostigó “reiteradamente a través de distintos medios, incluyendo mensajes y llamadas, conducta que generó un profundo malestar en el adolescente y su familia”.

La denuncia generó un expediente por una causa contravencional que derivó en la intervención del Juzgado de Paz local, dado que los hechos relatados configuraban lo contemplado en el Artículo 40 del Código Contravencional rionegrino: “actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas”.

El 1 de julio la jueza Carola Suárez convocó a una audiencia privada a la denunciante, quien se presentó junto a su pareja y su hijo, y ratificó lo manifestado en la sede policial.

Pidieron expresamente medidas de protección, que incluyan “la prohibición de contacto y acercamiento, tanto del denunciado como de su entorno familiar, a fin de garantizar la seguridad física y emocional del adolescente”.

No se presentó el acusado

La magistrada también citó al acusado para que brinde su versión y ejerciera su descargo, pero no se presentó.

Por lo que resolvió medidas cautelares para resguardar al adolescente y a sus padres, atento a lo que establece la Ley 24.632 (Convención de Belém do Pará), referida a que el Estado “debe actuar con debida diligencia reforzada frente a cualquier hecho que pueda derivar en situaciones de violencia, en especial cuando se encuentran involucradas personas en situación de especial protección, como lo son los niños, niñas y adolescentes”, como lo establece la Ley 26.061.

En este marco, le ordenó a PDA que se abstengan de “ejercer cualquier acto de violencia o intimidación, incluyendo contactos verbales, telefónicos, digitales o por redes sociales, ya sea en forma directa o indirecta, hacia el adolescentes”.

La prohibición incluye “mensajes verbales, telefónicos, digitales, redes sociales o a través de terceras personas, familiares o allegados, así como la difusión de cualquier comentario, referencia o publicación relativa a los hechos o a la persona protegida”.

Además le impuso la prohibición acercamiento al menor a una distancia no menor a 200 metros de su domicilio, lugar de estudio, atención médica, esparcimiento u otros espacios de permanencia habitual.

La medidas establecidas tendrán vigencia por 90 días, que se podrán prorrogar “en caso de persistencia del riesgo o incumplimiento”.

Le comunicaron PDA que en caso de incumplimientos a lo ordenado le aplicarán las sanciones previstas en el Código Contravencial, que van desde una amonestación, instrucción especial, trabajo comunitario, abordaje interdisciplinario, multa o arresto.

La resolución tomada por Suárez también fue notificada a la Comisaría 13º de Sierra Grande, para que tome intervención, controle y registre el cumplimiento de las pautas ordenadas.