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El Concejo Deliberante analiza la propuesta del Ejecutivo para fijar la nueva metodología de incrementos de la tarifaria 2026. La discusión: ¿aumentos desde enero según IPC?
El debate por el Presupuesto municipal 2026 abrió, además, una discusión central para todos los contribuyentes: qué ocurrirá con las tasas y la metodología de actualización a partir de enero. El Ejecutivo local envió días atrás el proyecto tarifario al Concejo Deliberante y esta semana comenzaron las comisiones legislativas, una instancia que continuará el viernes y que será clave para definir la política tributaria del año próximo.
Según pudo conocer LM Cipolletti a partir del texto que se está analizando, la propuesta prevé mantener, al menos durante enero, el esquema vigente de actualización mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que rigió durante todo 2025 y que fue establecido por la Ordenanza de Fondo N° 543/24.
La confirmación surge del articulado del proyecto: “se dispone mantener para Enero/2026 el cuadro tarifario vigente al 31/12/25”, aunque con “algunas correcciones propias de las nuevas modalidades de servicio y revisión de conceptos”. Esto implicaría que el primer mes del año no tendrá un salto extraordinario, pero sí seguiría sujeto a incrementos conforme la inflación publicada por el INDEC.
Fuentes legislativas indicaron que los despachos iniciales enviados por el Ejecutivo ya tuvieron modificaciones internas, especialmente en algunas tasas específicas y sectores particulares. La intención, sostienen, es llegar al recinto con una versión consensuada que respete tanto el esquema general de actualización como ciertas particularidades detectadas durante 2025.
En términos políticos, el oficialismo pretende sancionar el Presupuesto y la Tarifaria antes de fin de año, aunque la votación final dependerá del ritmo legislativo y de las observaciones planteadas por los bloques.
La propuesta ratifica una idea que el Ejecutivo considera clave: evitar grandes saltos semestrales y, en cambio, mantener una actualización automática mensual que acompañe el costo real de funcionamiento, especialmente en servicios municipales que han sufrido aumentos de insumos durante los últimos meses.
Uno de los puntos centrales del proyecto sostiene que es responsabilidad del municipio “preservar la integridad de las tasas mediante aplicaciones de actualización para mantener la eficiencia en la prestación de los servicios”. Es decir, que mantenerse al ritmo de la inflación es, según la argumentación oficial, condición necesaria para que el municipio pueda sostener el nivel de prestaciones sin erosionar el presupuesto.
El proyecto incorpora un cambio concreto: se fija una tasa mínima de $10.000 para la denominada Tasa “A”, aplicable a todos los inmuebles, salvo excepciones. Según indica el texto, en algunos casos los montos facturados no alcanzan a cubrir el costo mínimo de prestación, por lo que se plantea esta corrección para evitar desfasajes.
Además, el Ejecutivo queda facultado para incorporar o excluir barrios o conjuntos habitacionales en función de análisis particulares, lo que abre la puerta a ajustes durante el año.
Otro punto relevante es la incorporación permanente de la tasa fija especial para barrios en proceso de regularización, creada meses atrás mediante Resolución Nº 755/25. Según la evaluación oficial, la aplicación piloto resultó efectiva y ahora se integraría plenamente al esquema general.
Esto implica que sectores que históricamente permanecieron fuera del sistema tributario comiencen a formar parte de la recaudación municipal bajo un régimen particular.
La clave del año ocurrirá desde febrero: a partir de ese mes la actualización volvería a ser estrictamente mensual y tomando como tope el último IPC disponible, replicando exactamente el esquema aplicado en 2025.
Es decir, si bien enero es una transición que mantiene el cuadro vigente, desde febrero la indexación será automática, lo que permitirá mantener una previsión similar a la del último año en relación al comportamiento inflacionario.
La Comisión de Hacienda ya emitió despacho aconsejando la aprobación, pero todavía resta el debate final en comisiones y en el recinto. Si bien el oficialismo contaría con los votos, habrá discusión política respecto de los mecanismos de actualización y de los criterios para barrios especiales, además de los reclamos históricos de comercios y actividades industriales en torno al impacto tributario.
En términos prácticos para los contribuyentes, enero iniciará sin modificaciones extraordinarias y el primer impacto se observará con el IPC que surja para el segundo mes del año, cuando la ordenanza ya esté plenamente en vigencia.