La medida fue avalada tras un reclamo por consumos con tarjetas y préstamos impagos que mantenía un cliente cipoleño.
La Cámara Civil de Cipolletti hizo lugar a un recurso presentado por una entidad bancaria y autorizó un embargo preventivo sobre cuentas, depósitos y billeteras digitales de una persona demandada.
La medida fue dispuesta en una causa iniciada en marzo de 2026 por Banco Patagonia S.A., que reclamó el pago de obligaciones vinculadas con dos tarjetas de crédito y cuatro préstamos personales.
El tribunal estableció que el embargo podrá alcanzar únicamente los fondos de los cuales la persona sea titular exclusiva. Además, fijó límites para proteger cuentas sueldo, remuneraciones laborales y prestaciones de la seguridad social.
Según la documentación incorporada al expediente, el banco sostuvo que existieron incumplimientos de pago relacionados con consumos realizados mediante tarjetas de crédito y con cuatro préstamos personales otorgados anteriormente.
Para respaldar su reclamo, la entidad presentó resúmenes de cuenta, extractos bancarios, certificaciones de saldo y una liquidación de deuda. También solicitó una inhibición general de bienes para garantizar un eventual cobro.
En primera instancia, el juzgado rechazó las medidas cautelares porque consideró que todavía no estaban acreditados de manera suficiente la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
Frente a esa decisión, la entidad presentó un recurso de reposición con apelación subsidiaria. Tras el rechazo de la reposición, el expediente fue elevado a la Cámara Civil de Cipolletti para revisar el planteo.
El tribunal recordó que una medida cautelar no exige certeza sobre el derecho invocado. Sin embargo, sí requiere elementos que permitan advertir una apariencia suficiente de ese derecho y un riesgo asociado al paso del tiempo.
En este caso, los camaristas consideraron que la documentación aportada por el banco permitía respaldar, en esta etapa del proceso, el origen y la composición de la deuda reclamada.
También valoraron el tiempo transcurrido desde los incumplimientos y la información que indicaba la existencia de obligaciones financieras con otras entidades.
A partir de esos antecedentes, la Cámara autorizó el embargo preventivo sobre cuentas y depósitos bancarios, financieros y digitales que sean de titularidad exclusiva de la persona demandada.
La decisión incluyó expresamente a las billeteras electrónicas. Para fundamentar esta posibilidad, el tribunal citó jurisprudencia que reconoce que estas plataformas pueden intervenir en operaciones relacionadas con bienes, créditos, valores y activos de terceros.
Por ese motivo, los jueces entendieron que los fondos depositados en billeteras digitales también pueden quedar alcanzados por medidas cautelares cuando existen elementos suficientes que justifiquen su aplicación.
La Cámara aclaró que las sumas afectadas deberán permanecer indisponibles, pero no pasarán a una cuenta judicial. El objetivo del embargo preventivo es preservar bienes ante una eventual sentencia favorable.
De esta manera, la medida no implica que el banco pueda disponer inmediatamente del dinero ni que la persona pierda definitivamente la titularidad de los fondos.
El tribunal también estableció que deberán respetarse los límites legales aplicables a cuentas sueldo, remuneraciones laborales y prestaciones de la seguridad social.
La Cámara rechazó, por el momento, la inhibición general de bienes solicitada por la entidad bancaria. Los jueces señalaron que esta herramienta tiene carácter subsidiario y excepcional.
Según la resolución, antes de insistir con esa medida, el banco deberá realizar averiguaciones suficientes para determinar si la persona posee bienes registrables que puedan ser afectados al proceso.
La causa principal continuará su trámite y todavía no existe una sentencia definitiva sobre la deuda. El embargo autorizado funciona como una medida preventiva y no determina por sí mismo que el reclamo bancario haya sido acreditado en forma definitiva.
El juzgado de primera instancia deberá instrumentar ahora el embargo dentro de los límites fijados por la Cámara, mientras el proceso por el cobro de la deuda continúa hasta su resolución final.