Un proyecto de ley propone la creación de un Sistema Integral de Control Toxicológico para el personal del ámbito público y privado. La iniciativa propone la obligatoriedad de las pruebas.
Tras el escándalo del robo de medicamentos pertenecientes al Hospital Italiano, Fernández y Rivadavia, supuestamente protagonizados por los mismos trabajadores del sistema de salud público, provocó un efecto dominó que motivó la implementación de mayores controles en el acceso a fármacos de uso hospitalario.
En ese sentido, un proyecto de ley fue presentado en la Legislatura de Río Negro para fortalecer la protección y controlar el accedo a medicamentos utilizados en el sistema de salud.
El legislador César Domínguez presentó la iniciativa que propone la creación de Sistema Integral de Control Toxicológico destinado a trabajadores pertenecientes a áreas críticas de la salud pública y privada.
La propuesta establece la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos para profesionales y personal que se desempeñen en sectores de alta complejidad, como guardias, terapias intensivas, quirófanos, neonatología y servicios de emergencia.
El objetivo central del proyecto de ley reside en garantizar que los trabajadores que cumplen funciones decisivas en contextos de alta exigencia, lo hagan en óptimas condiciones psicofísicas.
La normativa establece la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos para asegurar las prácticas de salud y recuperación de los pacientes en un entorno seguro, cuidado y libre de consumo de sustancias que puedan comprometer la atención profesional.
El proyecto contempla distintos tipos de controles: al momento del ingreso laboral, de forma aleatoria durante la jornada, ante situaciones de sospecha y luego de eventos críticos como errores médicos o accidentes que hayan puesto en peligro la integridad de algún paciente.
El escrito pone especial énfasis en la discreción de los controles para resguardar la intimidad de los trabajadores, para garantizar la confidencialidad de los resultados y el derecho a una contraprueba.
El objetivo del proyecto de ley no es punitivista, ya que en el caso de detectarse un resultado positivo, el empleado no será sancionado ni desvinculado. El trabajador será apartado temporalmente de sus funciones críticas y será derivado a un tratamiento especializado de rehabilitación, mientras se mantiene la reserva de su puesto laboral.
La iniciativa indica que la reincorporación del trabajador se realizará una vez que obtenga el alta médica correspondiente.
Según los fundamentos del proyecto, la medida responde a la necesidad de fortalecer la seguridad del paciente y, al mismo tiempo, abordar de manera temprana posibles situaciones de consumo problemático en un contexto laboral caracterizado por altos niveles de estrés y desgaste profesional.