La Fiscalía buscaba avanzar contra los acusados, pero la definición sobre si el expediente pasa a Cipolletti o Roca frenó el proceso.
Este viernes se suspendió una nueva audiencia de formulación de cargos en la megacausa por certificados médicos truchos, en la que la Fiscalía buscaba avanzar contra parte de los 119 estatales imputados por presunta defraudación al Estado provincial.
La suspensión se produjo en medio de la discusión sobre la competencia territorial planteada días atrás, que aún no fue resuelta por el juez de Garantías y que condiciona el desarrollo del resto de las audiencias previstas para las próximas semanas.
La Defensa Pública había cuestionado ante el juez de Garantías la competencia territorial de los tribunales de Viedma para investigar la presunta utilización de certificados médicos falsos. El planteo busca trasladar el expediente a la Primera Circunscripción.
La discusión se dio en la primera de varias audiencias donde la Fiscalía pretende formular cargos contra parte de los 119 acusados. Las presentaciones continuarán los días 24, 25, 28 y 30 de septiembre y 5, 7, 8 y 9 de octubre.
La defensora María Paz Alvarez sostuvo que los hechos no ocurrieron en Viedma, sino en localidades del Alto Valle, principalmente General Roca y Cipolletti, donde se presentaban los certificados truchos para justificar inasistencias laborales.
Según explicó, los certificados se retiraban de un domicilio de General Roca allanado durante la investigación. Allí estaban el consultorio, la médica y la persona que habría gestionado la documentación apócrifa utilizada por decenas de empleados estatales.
Alvarez remarcó que tanto el uso de documentos falsos como la defraudación se consumaron en esa región, y que allanamientos, evidencia y testigos también vinculan la causa con el Alto Valle y no con la capital rionegrina.
La defensora advirtió que sostener la investigación en Viedma vulneraría el derecho al juez natural y a la defensa en juicio, dada la distancia de más de 500 kilómetros que separa a los imputados de esa sede judicial.
Añadió que muchos acusados no podrían acceder fácilmente a la Defensa Pública de la circunscripción de origen. A ese planteo adhirieron dos abogados particulares que participaron por videollamada desde General Roca durante la audiencia.
Los fiscales Juan Pedro Peralta y Francisco Marano rechazaron el planteo y afirmaron que la competencia de la magistratura rionegrina se extiende a toda la provincia, más allá de la circunscripción de designación de cada funcionario judicial.
Explicaron que más de setenta imputados ya cuentan con defensa oficial de Viedma, por lo que trasladar la causa exigiría nuevas designaciones y generaría demoras en un proceso que la Fiscalía considera avanzado y cercano a definiciones.
También argumentaron que el perjuicio económico recae sobre la administración provincial, con sede en Viedma, y que el domicilio de los investigados no determina por sí solo la competencia territorial del expediente judicial.
La Fiscalía indicó que el procesamiento de la evidencia se desarrolló mayormente en Viedma, donde intervinieron la OITEL y peritos informáticos y contables del Ministerio Público Fiscal rionegrino.
Restaría únicamente una pericia caligráfica, que según la acusación también podría realizarse en esa ciudad sin necesidad de trasladar el resto de la investigación a otra circunscripción judicial de la provincia.
La Fiscalía de Estado, constituida como querellante, adhirió a esa postura y remarcó que la presunta defraudación apuntó contra el Estado provincial, cuya sede administrativa se encuentra justamente en Viedma.
El juez de Garantías Adrián Dvorzak aclaró que analizará cada excepción procesal de manera individual y que resolverá una vez concluidas todas las audiencias previstas, en principio el próximo 9 de octubre.
Recién cuando esas resoluciones queden firmes se sabrá qué tribunal será el juez natural de la causa, y podrán comenzar formalmente las formulaciones de cargos contra los 119 imputados en la megacausa.