Un juez dispuso que la causa por certificados médicos falsos pase a Roca y Cipolletti, donde residen los policías y médicos investigados.
La investigación por la presunta utilización de certificados truchos para justificar inasistencias laborales en el Estado provincial continuará en las circunscripciones judiciales de Cipolletti y General Roca. El juez de Garantías Adrián Dvorzak resolvió remitir las actuaciones a los foros donde se presentaron los documentos y donde residen los involucrados.
La causa pone la lupa sobre una maniobra atribuida principalmente a policías y médicos, además de agentes penitenciarios y docentes, quienes habrían presentado certificados apócrifos para ausentarse de sus puestos y percibir salarios sin los descuentos correspondientes. Para la acusación, los hechos encuadran en los delitos de fraude a la administración pública y uso de documento falso.
El expediente ya incluye allanamientos realizados en Roca, el secuestro de teléfonos celulares y equipos informáticos, el análisis de conversaciones y peritajes sobre la documentación vinculada a las licencias. Asimismo, se incorporaron informes técnicos de organismos públicos elaborados por el Ministerio Público Fiscal.
Durante las audiencias, los abogados defensores solicitaron que el caso dejara de tramitarse en Viedma. Argumentaron que la distancia geográfica dificultaba las entrevistas presenciales con los imputados, el diseño de la estrategia defensiva y la producción de pruebas en el territorio donde habrían ocurrido los hechos.
Por su parte, la fiscalía y la querella, a cargo de la Fiscalía de Estado, se opusieron al traslado. Sostuvieron que el perjuicio económico afectó de forma directa a la administración provincial con sede en Viedma y advirtieron que mover el expediente podría ocasionar demoras e inconvenientes organizativos.
La megacausa tuvo múltiples demoras y, con la determinación del juez Dvorzak, prácticamente vuelve a cero. Hay unos 150 sospechosos que hasta el momento no fueron formalmente por las sucesivas suspensiones de las audiencias.
Al analizar los planteos, el juez Dvorzak precisó que los magistrados penales de la provincia tienen competencia en todo el territorio rionegrino, motivo por el cual rechazó la incompetencia territorial en términos formales. No obstante, resolvió que el trámite debe continuar en las sedes locales por razones operativas y para garantizar las garantías procesales.
El magistrado remarcó que las herramientas de comunicación virtual no siempre son suficientes para asegurar el ejercicio pleno de la defensa. Además, aclaró que la derivación no anula lo investigado hasta el momento: la prueba reunida conserva su validez y los elementos secuestrados quedarán a disposición de los jueces intervinientes bajo estricta cadena de custodia.
La remisión de la causa a General Roca y Cipolletti se hará efectiva una vez que la resolución adquiera firmeza, sin que la medida constituya un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los investigados. Sin embargo, en los juzgados de las ciudades valletanas deberán fijarse las fechas de audiencia para la formulación de cargos.
Esa etapa, clave para la elevación a juicio, en Viedma se hizo en varias jornadas debido a la gran cantidad de acusados y abogados y las dificultades para compatibilizar las agendas de los abogados particulares.